Cuando la política y sus actores son ordenados y normados desde el Estado implica que el poder requiere mantener un orden establecido; la alteración del orden significa una afrenta a la razón temporal estatal.
El Tribunal Constitucional Plurinacional TCP se ha constituido en el actor político, no por iniciativa propia, sino por instrucción de poderes políticos y fácticos para imponer y reordenar el tablero político y con ello confeccionar una arquitectura del poder, proscribiendo derechos para preservar u otorgar privilegios de acceso al gobierno; es decir, que las acciones “constitucionales” tienen como finalidad beneficiarios selectivos.
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