El colapso del sistema de partidos en Bolivia permitió gobiernos autócratas sin programa político, al servicio del FMI y de intereses transnacionales. La falta de oposición real y la desatención a demandas populares evidencian un poder centrado en figuras autoritarias, donde prevalece el racismo y la improvisación neoliberal.
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La crisis de Estado que hoy vivimos en Bolivia comenzó allá por el año 2000, con la Guerra del Agua. Hubo un periodo de relativa calma entre 2009 y 2019, pero después se fueron incubando situaciones que hoy se muestran de manera descarnada. Nos encontramos ante un momento que exige,
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Quien gobierna tiene la responsabilidad de conducir. Porque no basta con decir que el país está quebrado.
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Para Revuelta Malcriada, la Ley 1720 no constituye una política de desarrollo rural, sino un mecanismo que, bajo el discurso de modernización, facilita la concentración de la tierra y reconfigura el acceso a este recurso en beneficio de actores con mayor poder económico.
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El gobierno “aparapita” es un collage de parches políticos sin ideología clara, atrapado en remiendos neoliberales, desigualdad y sin alianzas sociales, frente a una sociedad diversa que exige respuestas reales.
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Después de recibir un duro revés en la elección de gobernadores del pasado domingo, el gobierno del presidente Rodrigo Paz parece no despertar de ese «knockout» que hasta sus propios aliados le recriminan por su estrepitosa derrota, especialmente en la tierra donde dice haber nacido. El único alivio: ganar apenas
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Mientras el gobierno miente sobre el número de asistentes, y financiamiento, la realidad es que el pueblo se autoconvocó con la fuerza de la militancia y la convicción.
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Se justifica este tipo de proyectos con el discurso de «desarrollo», pero en la práctica el beneficio suele concentrarse en constructoras, inmobiliarias y actores privados, rompiendo la planificación urbana y del derecho ciudadano a un ambiente sano.
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