El pasado 8 de abril, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley 157/2026, la cual autoriza al INRA la conversión “voluntaria” de pequeñas propiedades agrarias a medianas o empresariales.
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Bolivia ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales mediante la Ley Nº 1257 del 11 de julio de 1991. Esta norma ratifica el convenio adoptado en Ginebra
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En la política boliviana actual, esta reflexión señala un problema muy concreto: la tendencia a que los proyectos políticos dependan de líderes fuertes, en lugar de construirse sobre estructuras colectivas.
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Mientras tanto – los sectores populares urbanos y rurales— sigue esperando respuestas concretas. La gasolina adulterada, la inflación silenciosa y la tierra avasallada son síntomas de un modelo que ha perdido toda brújula ética.
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Esta ley les abre una vía legal, encuadrada perfectamente con la democracia liberal burguesa, para succionar tierras campesinas. Simplemente compran la deuda del pequeño convertido en mediano, lo asocian en condiciones desiguales, o sencillamente le alquilan la tierra hasta que la FES fracase y el INRA la remate.
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La destrucción del Estado Plurinacional es el objetivo central del gobierno de R. Paz, cada decreto tiene esa misión, la destrucción de todo lo avanzado en dignidad, derechos y economía.
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¿qué ha evaluado el Tribunal Supremo Electoral? ¿La legalidad o la simpatía? ¿La documentación o la conveniencia política? ¿Seguiremos creyendo, así, en un TSE que no garantiza procesos electorales?
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La democracia, en tiempos de la posverdad y de los príncipes modernos se ha convertido en el gobierno de la mentira y los pueblos, cansados, exigen la verdad en las calles, porque han visto a los príncipes desnudos.
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