Hay una frase que Santa Cruz repite de sí misma con tanta frecuencia que ha dejado de sonar a relato y empezó a sonar a hecho: la región se hizo sola, a pulso, sin ayuda del Estado, mientras el resto del país vivía de subsidios y prebendas. Es una frase útil. Explica por qué su élite merece lo que tiene, por qué no debe rendirle cuentas a nadie y por qué cualquier intento de regularla es, casi por definición, un ataque a la libertad de trabajar. El problema es que la frase es falsa, y no lo es por matiz: lo es por los números.
La mitad de todos los créditos rurales que otorgaba el Banco Central de Bolivia se concentraba en un grupo reducido de prestatarios cruceños. Tres décadas después, bajo el gobierno de Banzer, hasta el noventa por ciento de los préstamos del Banco Agrícola de Bolivia terminaba en ese único departamento, y en la banca comercial la cifra rondaba el sesenta y ocho por ciento. La región que hoy se presenta como la más autosuficiente del país fue, durante buena parte del siglo XX, la más subsidiada por el Estado que dice haberla abandonado. No es una interpretación: es el registro de los propios bancos estatales y comerciales de la época.
Ese subsidio no se detuvo con la democracia ni con el fin del ciclo militar. Cambió de forma. Hoy no llega como crédito preferencial, sino como tolerancia fiscal. Las principales empresas soyeras del país facturaron, en 2023, ingresos operativos superiores a los dos mil millones de dólares. Sus impuestos a las utilidades representaron apenas el dos por ciento de esa facturación. No es una cifra aproximada ni una acusación militante: es un dato de Oxfam replicado por investigación independiente sobre los estados financieros del sector. Un departamento que exporta soya, carne y madera a escala industrial, que desmonta más bosque que ningún otro en Bolivia, devuelve al Estado una fracción marginal de lo que extrae. La pregunta que cabe hacerse no es si Santa Cruz «aporta» a Bolivia. Es a quién, exactamente, le aporta ese modelo.
La respuesta tiene nombre y apellido, literalmente. Los registros de los juzgados agrarios cruceños entre 1953 y 1981 permiten reconstruir con nombre propio a las familias que recibieron las grandes dotaciones de tierra fiscal del período: decenas de miles de hectáreas repartidas entre un puñado de apellidos que hoy siguen apareciendo en las cámaras empresariales, en las gobernaciones y en los gabinetes ministeriales, generación tras generación. El latifundio boliviano no desapareció con ninguna reforma agraria. Se transformó: fue «empresa agrícola» en 1953, clientelismo militar en los setenta, mercado de tierras bajo la Ley INRA en los noventa, y hoy es un portafolio disperso entre sociedades anónimas y fondos de inversión, diseñado precisamente para que resulte imposible rastrear con las herramientas de control del siglo pasado a quién pertenece, en el fondo, la tierra boliviana.
Ese despojo territorial nunca fue solo económico. Se ejerció también, de manera sistemática, sobre los cuerpos que sostenían la producción. El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas documentó en 2009 testimonios de comunidades guaraníes sobre niñas entregadas a los patrones bajo la promesa de educarlas en la ciudad, que volvían embarazadas o que directamente no volvían. Investigaciones más recientes sobre la identidad cruceña registran, todavía hoy, el testimonio de una práctica naturalizada entre familias patronales: incentivar a los hijos varones a iniciarse sexualmente con trabajadoras domésticas indígenas menores de edad. Esta no es una anécdota lateral de la historia regional. Es, según muestra la evidencia documental disponible, uno de los mecanismos constitutivos de la relación de poder entre la élite cruceña y los cuerpos indígenas que sostuvieron su enriquecimiento: el trabajo forzado sobre los hombres, la violencia sexual sobre las mujeres y las niñas. El mito del «buen patrón», tan repetido en el imaginario oriental frente a la conflictividad más visible de otras regiones del país, no borra esa violencia. La invisibiliza.
Vale la pena decir con claridad por qué esto importa hoy, más allá del método, estudio o análisis que utilices para interpretar la historia. El país discute, una vez más, si el problema de Bolivia es el Estado o el mercado, si la salida pasa por más apertura al capital privado o por más regulación pública. Esa discusión, planteada así, es una trampa, porque presupone que en algún momento Santa Cruz operó fuera del Estado, cuando en realidad se construyó dentro de él, a través de él y gracias a él, solo que en beneficio de muy pocos. El mismo modelo que hoy exige menos impuestos y menos regulación es el que, durante ochenta años, exigió y obtuvo créditos preferenciales, tierra fiscal gratuita, subsidios al diésel y tolerancia frente al desmonte ilegal. No hay ninguna contradicción entre pedir «menos Estado» para las obligaciones y haber construido toda una fortuna gracias a «más Estado» en los privilegios. Es, de hecho, el mismo gesto: capturar el aparato público para privatizar sus beneficios y socializar sus costos.
De ahí que desmontar este mito no sea solo un ejercicio de justicia histórica, sino una tarea política urgente. Mientras el relato de la autosuficiencia cruceña siga funcionando como sentido común, cualquier intento de exigirle a esa élite que devuelva al país una fracción razonable de lo que ha extraído seguirá leyéndose como una agresión, y no como lo que efectivamente es: el cobro, con dos generaciones de retraso, de una deuda histórica que nunca fue saldada. Esa disputa por el sentido común no se gana solo con indignación. Se gana con los números que este libro pone, por fin, sobre la mesa, y con la decisión de no dejar que sean otra vez las mismas familias las que, desde los mismos espacios de poder, sigan escribiendo la historia que el resto del país está obligado a creer, si a creer por que ademas esa elite es además dueña de innumerables medios de prensa y televisión que imponen el relato que les conviene.