Con el reiterado argumento de reestructurar las instancias del Estado, Rodrigo Paz tira un mazazo duro a la Vicepresidencia para reducirla a la mínima expresión, anulando Direcciones, Unidades en esa repartición estatal, calificado también como un golpe a la institucionalidad y un excesivo abuso de poder.
La reducción de un total de 28 dependencias, entre ellas la Secretaría General, siete direcciones y 14 unidades dependientes, además de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, que dependían de la Vicepresidencia del Estado, es un llamado a que las instancias que velan los intereses de la institucionalidad y el estado de derecho, deban pronunciarse con respaldo en la Constitución Política en actual vigencia.
El ministro encargado de esa bestial estrategia para liquidar al segundo hombre más importante del Estado, José Luis Lupo, esta vez con el DS 5552, traspasa a su cartera de estado y a 3 ministerios, las dependencias de la vicepresidencia, además se eliminaron las unidades de Auditoría y la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, haciendo que las unidades del Ministerio de la Presidencia ejerzan sus funciones sobre las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia, según la norma.
Se ha hecho una costumbre en éste nuevo tiempo, gobernar por decreto. Vimos desde inicio que, Rodrigo Paz Pereira, al no contar con respaldo a su gobierno aplica decretos para todo, como lo viene haciendo desde inicio de su gestión.
Ese nuevo Decreto Supremo 5552, firmado entre gallos de medianoche, fue calificado por el propio vicepresidente como un duro golpe a la democracia, hoy relegan al segundo hombre del estado a la mínima expresión, destrozan la estructura de la Vicepresidencia y ponen bajo dependencia del ministro de la Presidencia.
Es muy lamentable que por el solo hecho de llevar a una guerra personal entre el presidente y el vicepresidente se destroce la institucionalidad de un Estado. Rodrigo Paz aprovechando el desgaste mediático y de las redes que sufre el vicepresidente, tipificándolo como “retrasado mental”, “bipolar”, “opositor principal del gobierno”, pretenda anularlo del escenario político y administrativo.
La marginación de Edmand Lara en la política boliviana está siguiendo una combinación de factores estructurales, políticos y también personales, es un mensaje directo para decir que el vicepresidente, no encaja en los bloques de poder de éste gobierno, lo que quieren es anularlo directamente en todo.
Edmand Lara desde que llega al gobierno soporta una guerra por todos los flancos en un escenario político donde, tiene más elementos de perder que ganar. Es él quien construyó rápidamente una imagen de forastero honesto, alguien que “pagó el precio” por enfrentarse a la podredumbre institucional y quien supo utilizar un lenguaje directo, cargado de moralismo e indignación.
En ese marco, el propio Lara ya ha realizado la presentación de acciones constitucionales contra la norma y exhortado al Tribunal Constitucional Plurinacional y a las instancias llamadas por ley a “fallar con justicia”.
El famoso DS 5552 limita atribuciones que la CPE otorga directamente al Vicepresidente, le quita funciones constitucionales, lo excluye de órganos donde la Constitución ordena su participación y altera el orden de sucesión presidencial. En consecuencia, en este caso, se puede confirmar la inconstitucional del Decreto 5552, porque un decreto no puede modificar la Constitución.
Pero no solo es a ese Decreto que se observa por su inconstitucionalidad, estamos siendo testigos que el gobierno sigue sacando como naipes decretos para asegurar su gobernabilidad que fue quebrada desde el fracaso de su tan anunciado DS 5503, ya que para un control del ciudadano u organización, el Ministerio de la Presidencia inició un proceso de contratación para adjudicar el “Servicio de Monitoreo de Redes Sociales y Plataformas Digitales”, en otras palabras el gobierno hará un control y seguimiento si alguien dice algo contra éste para luego iniciarle un proceso judicial.
La nueva artera estrategia tiene como objetivo dotar al Ejecutivo de una herramienta de “escucha social” basada en Inteligencia Artificial y Big Data para medir la percepción ciudadana en tiempo real.
Estamos ante un entramado de contradicciones por inconstitucionalidad de los decretos que ya tienen elementos polémicos frente a la Constitución, pero quien debe dilucidar su constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, que tal como está, seguramente será servil al gobierno de Paz.
La política en Bolivia con ese tipo de medidas de un dizque presidente, que jamás se imaginaba sentarse en la silla presidencial, ha retornado al siglo XIX, cuando caudillos unas veces a caballo y otras en carruaje, se disputaban el gobierno utilizando los sables o las chequeras, cada uno con su proyecto individual, desde esa época es que se personaliza la política y Paz Pereira está en ese juego.
*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe
