Hace algunas semanas, la Defensoría del Pueblo compartió unos datos escalofriantes: En Bolivia cada semana 623 niñas y adolescentes llegan a un centro de salud por estar embarazadas. De ellas, 35 son menores de 15 años.
Eso significa que cada día 5 niñas son víctimas de un crimen sexual. La ley boliviana determina que un menor de 16 años no puede legalmente consentir y por tanto quien mantenga una relación sexual con él o ella está cometiendo violación o estupro. En consecuencia, todos esos embarazos son no deseados, todos son de alto riesgo para la salud física y emocional de las niñas que los sufren y deberían derivar en una interrupción legal. Pero eso no sucede. Casi todas esas niñas son forzadas o presionadas a llevar a término su embarazo. Y casi todas ellas vivirán la falta de oportunidades personales y la pobreza, que heredarán a sus guaguas —que son también víctimas de la violencia infringida.
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