La Constitución Política del Estado (CPE) señala: “Artículo 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. El derecho a la participación comprende: 1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley.” Hasta aquí una expresión clara del “espíritu democrático de la ley”, pero cuando se señala que será de “conformidad a la ley” entra en juego el rol de los que elaboran la “ley” por supuesto de acuerdo a sus intereses. Esa es la “trampa democrática”, de la democracia representativa.
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Decir la verdad es revolucionario
Estamos en campaña electoral y son tiempos difíciles para los bolivianos, la derecha y el gobierno hacen política en base a una guerra jurídica con procedimientos ilegales e ilegítimos, usando y abusando del poder judicial, persiguen por opinar, reprimen y castigan en base a “convicciones” o “interpretaciones”. Difícil porque es una época de sistemático engaño, distinguir posverdad y noticia falsa de la verdad es casi imposible. Los golpistas del siglo XXI no solo necesitan sacrificios humanos como en Sacaba y Senkata, necesitan sacrificar también la verdad.
Los Tiempos de Cochabamba en su edición del Domingo (06-09-2020) acaba de dar un ejemplo de cómo asesinar la verdad, en el sonado caso de la consultora estadounidense CLS Strategies, informa que dos de las cuentas falsas creadas para apoyar al Gobierno transitorio y que una de las páginas falsas de Facebook, Prohibido olvidar, publicó contenido principalmente sobre denuncias de fraude electoral, tenía 524 me gusta y 595 seguidores. Otra página falsa de Facebook boliviana, Bolificado, se describió a sí misma como una operación de verificación de hechos y en al menos una ocasión contradijo los hallazgos de verificadores de hechos bolivianos auténticos. Para esta labor de desinformación y de mentiras el gobierno se comprometió a pagar noventa mil dólares del dinero de los bolivianos.
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