La Cumbre Minera concluyó en encuentros del Ministerio con actores sectoriales, cada uno por separado. La información dada a conocer al respecto no es completa, al contrario, es difusa y contradictoria. Se menciona la participación de los actores productivos: estatal, privados y cooperativistas. No se conoce, sin embargo, la posición y los planteamientos de la Corporación Minera de Bolivia, de la Corporación de las Fuerzas Armadas, ni de la Corporación de Seguro Social Militar, que son entes estatales con derechos mineros. Si bien se informa que hubo reuniones con el sector privado, la minería mediana y chica, no se especifica qué plantearon, ni cuáles son sus diferencias.
El sector cooperativista sí participó, pero dividido. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) exigió del gobierno el cumplimiento de un acuerdo del mes de mayo que le reconocía como único representante del sector, oponiéndose a la participación del otro sector y abandonando la Cumbre. Los que sí participaron fueron el sector aurífero, con dos federaciones y una confederación nacional. Se informó que también se escuchó a exautoridades, profesionales, pero tampoco se conoce sus aportes. Al final de la ronda hubo una reunión con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), quienes, además de dejar por escrito su posición, exigieron una plenaria de todos los sectores, para -por lo menos- acordar una ruta de trabajo.
Los ausentes son otros actores que, sin participar en la producción, tienen en ella marcados intereses: los pueblos indígenas que reclaman el respeto a su territorio y lo defienden contra la depredación y la contaminación de la minería ilegal; los municipios a los cuales se les despoja de un recurso natural no renovable, que tienen expectativas sobre la compensación y la manera como la actividad minera les afecta; las autoridades departamentales que se benefician de la explotación minera, pero no logran empalmar esta actividad en un polo de desarrollo departamental; la sociedad civil que ve cómo la minería crea enormes fortunas y paralelamente bolsones de pobreza, cómo impávidamente se sacrifica a centenares de trabajadores en la labor extractiva, cómo los millones de dólares que produce la explotación minera no satisfacen a nuestras necesidades de medicinas, ni carburantes, y los planificadores que deben decirnos el rol del sector, enmarcados en un plan de desarrollo nacional.
La verdad es que a todos nos debiera interesar la minería; un total de exportaciones $us 4.452 millones, a pesar de la caída de su volumen en un 12%, en el primer semestre del 2026, prevé superar los $us 10.000 millones al final de la gestión, superando el total de exportaciones de la gestión pasada. Sin embargo, cuál será el impacto de este crecimiento en la economía nacional: de eso se trata cuando de política minera se habla.
Lo que se trató de hacer en la Cumbre Minera era el enjuiciamiento de la Ley 535 y de los preceptos constitucionales que le inspiraron. La visión de control del Estado sobre los derechos de uso de los recursos mineros, a través de la suscripción de contratos mineros, era el mecanismo básico introducido para fiscalizar y desarrollar la cadena de valor, incorporando la fundición y la industrialización.
El índice de su fracaso son las 5000 concesiones que no se adecuaron, con otras 5000 solicitudes que están pendientes de aprobación. No fue posible aplicar la norma -establecida en la Constitución- cuando actores y burócratas venales la boicotean, añorando dar concesiones mineras sin importarles que éstas sean trabajadas o entraban al área de la especulación. La no concreción del contrato minero dio paso a una minería informal y en muchos casos ilegal, informal porque, si bien las cooperativas tienen un derecho preconstituido, no lo adecúan o no acatan todas las normas, como la presentación de balances contables; e ilegales, porque simplemente hacen a un lado la ley y actúan sin control en el desarrollo de la actividad minera.
La situación es crítica: es necesario resolverla en un acuerdo de todos los actores. Con todo, esta intención debe partir del respeto a la ley como un imperativo, eludir las normas no traerá sino la impunidad como consecuencia. Los sindicatos mineros, con tino, han señalado su oposición a toda modificación a la Ley que viole los principios consagrados en la Constitución y valoran el esfuerzo realizado por plasmar la ley de minería actual en casi cuatro años de concertación de los tres actores mineros, que significó, además, el cambio de tres ministros.
El tamaño de los intereses que están en juego es de la dimensión de las cifras precedentes, pero hay un sentimiento mayor: que esta riqueza es de todos los bolivianos y debe ser controlada por ellos, para lograr el desarrollo del país.