La destrucción del Estado Plurinacional es el objetivo central del gobierno de R. Paz, cada decreto tiene esa misión. No importa vulnerar la CPE, que entre otras cosas ya no es la “la ley suprema que ordena la vida del Estado” en Bolivia es un texto olvidado y empolvado.
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ERA EN ABRIL
Aunque nada tenga que ver con aquella bellísima canción de Juan Carlos Baglietto a dúo con Ana Belén, dedicada a la ternura entre una madre y su hijo, abril nos depara grandes sorpresas desde el inicio del siglo. Una de ellas fue la denominada “Guerra del Agua” de abril de 2000.
Este mes también concentra fechas clave en la historia boliviana: el 9 de abril, la Revolución de 1952; el 17, la fundación de la Central Obrera Boliviana (COB); y el 22, el Día de la Madre Tierra, una conmemoración que, sin embargo, no termina de asumirse plenamente. Las instituciones no logran garantizar el respeto a las normas que protegen a la naturaleza ni hacen efectiva la defensa de la Pachamama.
Las jornadas de abril de 2000 marcaron el surgimiento de una fuerza social que, en su momento, anunciaba la construcción de un gran movimiento nacional y latinoamericano. Fue entonces cuando la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida lanzó la convocatoria al bloqueo indefinido en Cochabamba, como respuesta a una enérgica presión social.
Pero lo que marcará la pauta en este nuevo abril son los decretos que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha venido emitiendo. Uno de ellos es el Decreto Supremo 5595, que implementa el programa “Tranca Cero”. La paranoia gubernamental llega a extremos cuando a Paz Pereira se le ocurre gobernar por decreto. Hasta ahora ha emitido más de 50 decretos, intentando justificar su estilo de gobierno, pero sin mostrar la más mínima voluntad de mirar siquiera de reojo la Constitución Política del Estado, cuyas normas parece ignorar por completo.
Su programa “Tranca Cero” hace alusión a su muletilla cansona, repetida una y otra vez en sus discursos. Según el decreto, se elimina la exigencia de presentar fotocopias del carnet de identidad y certificados de nacimiento, como si con ello se fuera a erradicar la burocracia estatal, un problema enquistado desde hace décadas en el país.
Otro hecho llamativo es el instructivo del Ministerio de Educación, que dispone la realización de “actos breves” y la participación únicamente de “pequeñas delegaciones de estudiantes” en los desfiles cívicos. Plantear “actos breves” y “delegaciones reducidas” implica asumir que el civismo es una actividad secundaria o prescindible, cuando en realidad forma parte de la educación integral y de la preservación de la memoria colectiva.
Reducir ese legado a actos simbólicos con pocos estudiantes es minimizar el sacrificio de generaciones enteras. La memoria histórica debe ser explicada, compartida y vivida por todas las comunidades educativas. Un país que olvida su historia se vuelve vulnerable y pierde el rumbo. De ahí que sea justificable la protesta de bordadores, artesanos, payasos y fotógrafos ante la prohibición de estas actividades, que formaban parte de su quehacer cotidiano y, sobre todo, de su sustento económico.
Finalmente, el Gobierno nos presenta otro “cuentito” con bombos y platillos: mediante videos y fotografías, intenta mostrar la existencia de una red de sabotaje y robo de combustibles que operaría entre Bolivia y Chile, y que en cinco meses habría alterado el combustible de 5.000 cisternas, afectando unos 150 millones de litros comercializados en el país.
Según el Ejecutivo, entre octubre del año pasado y marzo de esta gestión ingresaron al país unos 150 millones de litros de combustible “adulterado con agua sucia y aceite usado”, que habrían causado daños en el parque automotor. Sin embargo, en ningún momento se presentan los autores o responsables de esa red. No hay detenciones. Solo ruido mediático como parte del show oficial.
El gobierno quiere acostumbrarnos a que se gobierne por decreto. Todos lo afirman, y está claro que, si bien el Ejecutivo puede dictar decretos, no puede “gobernar por decreto” en el sentido pleno de legislar o sustituir al Órgano Legislativo. Así, mientras unos andábamos expectantes al desenlace de la selección de fútbol, otros se afanaban rápidamente en aprobar decretos y leyes en contra del pueblo.
*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe
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Otro golpe a la institucionalidad
Con el reiterado argumento de reestructurar las instancias del Estado, Rodrigo Paz tira un mazazo duro a la Vicepresidencia para reducirla a la mínima expresión, anulando Direcciones, Unidades en esa repartición estatal, calificado también como un golpe a la institucionalidad y un excesivo abuso de poder.
La reducción de un total de 28 dependencias, entre ellas la Secretaría General, siete direcciones y 14 unidades dependientes, además de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, que dependían de la Vicepresidencia del Estado, es un llamado a que las instancias que velan los intereses de la institucionalidad y el estado de derecho, deban pronunciarse con respaldo en la Constitución Política en actual vigencia.
El ministro encargado de esa bestial estrategia para liquidar al segundo hombre más importante del Estado, José Luis Lupo, esta vez con el DS 5552, traspasa a su cartera de estado y a 3 ministerios, las dependencias de la vicepresidencia, además se eliminaron las unidades de Auditoría y la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, haciendo que las unidades del Ministerio de la Presidencia ejerzan sus funciones sobre las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia, según la norma.
Se ha hecho una costumbre en éste nuevo tiempo, gobernar por decreto. Vimos desde inicio que, Rodrigo Paz Pereira, al no contar con respaldo a su gobierno aplica decretos para todo, como lo viene haciendo desde inicio de su gestión.
Ese nuevo Decreto Supremo 5552, firmado entre gallos de medianoche, fue calificado por el propio vicepresidente como un duro golpe a la democracia, hoy relegan al segundo hombre del estado a la mínima expresión, destrozan la estructura de la Vicepresidencia y ponen bajo dependencia del ministro de la Presidencia.
Es muy lamentable que por el solo hecho de llevar a una guerra personal entre el presidente y el vicepresidente se destroce la institucionalidad de un Estado. Rodrigo Paz aprovechando el desgaste mediático y de las redes que sufre el vicepresidente, tipificándolo como “retrasado mental”, “bipolar”, “opositor principal del gobierno”, pretenda anularlo del escenario político y administrativo.
La marginación de Edmand Lara en la política boliviana está siguiendo una combinación de factores estructurales, políticos y también personales, es un mensaje directo para decir que el vicepresidente, no encaja en los bloques de poder de éste gobierno, lo que quieren es anularlo directamente en todo.
Edmand Lara desde que llega al gobierno soporta una guerra por todos los flancos en un escenario político donde, tiene más elementos de perder que ganar. Es él quien construyó rápidamente una imagen de forastero honesto, alguien que “pagó el precio” por enfrentarse a la podredumbre institucional y quien supo utilizar un lenguaje directo, cargado de moralismo e indignación.
En ese marco, el propio Lara ya ha realizado la presentación de acciones constitucionales contra la norma y exhortado al Tribunal Constitucional Plurinacional y a las instancias llamadas por ley a “fallar con justicia”.
El famoso DS 5552 limita atribuciones que la CPE otorga directamente al Vicepresidente, le quita funciones constitucionales, lo excluye de órganos donde la Constitución ordena su participación y altera el orden de sucesión presidencial. En consecuencia, en este caso, se puede confirmar la inconstitucional del Decreto 5552, porque un decreto no puede modificar la Constitución.
Pero no solo es a ese Decreto que se observa por su inconstitucionalidad, estamos siendo testigos que el gobierno sigue sacando como naipes decretos para asegurar su gobernabilidad que fue quebrada desde el fracaso de su tan anunciado DS 5503, ya que para un control del ciudadano u organización, el Ministerio de la Presidencia inició un proceso de contratación para adjudicar el “Servicio de Monitoreo de Redes Sociales y Plataformas Digitales”, en otras palabras el gobierno hará un control y seguimiento si alguien dice algo contra éste para luego iniciarle un proceso judicial.
La nueva artera estrategia tiene como objetivo dotar al Ejecutivo de una herramienta de “escucha social” basada en Inteligencia Artificial y Big Data para medir la percepción ciudadana en tiempo real.
Estamos ante un entramado de contradicciones por inconstitucionalidad de los decretos que ya tienen elementos polémicos frente a la Constitución, pero quien debe dilucidar su constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, que tal como está, seguramente será servil al gobierno de Paz.
La política en Bolivia con ese tipo de medidas de un dizque presidente, que jamás se imaginaba sentarse en la silla presidencial, ha retornado al siglo XIX, cuando caudillos unas veces a caballo y otras en carruaje, se disputaban el gobierno utilizando los sables o las chequeras, cada uno con su proyecto individual, desde esa época es que se personaliza la política y Paz Pereira está en ese juego.
*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe