Era de esperar que tras 90 días que les dio la ley, los denominados “juristas independientes” lograran apenas reunir 833.115 firmas, insuficientes para activar un proceso de reforma parcial de la Constitución. La campaña debía colectar 1,5 millones de firmas, o sea 20% del padrón electoral; el 23 de abril cerró el plazo. No faltaron justificativos para lo que ellos llaman una de sus batallas perdidas y culparon del fracaso, en parte, a los cuatro órganos del Estado.
Pero ¿cómo estamos analizando ese nuevo fracaso de la derecha? Un intento político frustrado de contrarrestar y afectar al gobierno de Luis Arce; un ensayo de movilización política que reduzca la capacidad de acción de los sectores conservadores del país, como el paro de 36 días que en 2022 ahogó a Santa Cruz.
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