La reciente promulgación de la Ley N.º 1740 de Regulación de Estados de Excepción ha sido presentada por el gobierno como una norma destinada a desarrollar los artículos 137 al 139 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, una lectura jurídica rigurosa revela que varias de sus disposiciones exceden el marco constitucional y abren peligrosas puertas a la concentración de poder, la militarización de los conflictos sociales y la restricción de derechos fundamentales.
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