El 4 de noviembre de 1964 caía, luego de doce años de gobierno continuo, el régimen del MNR. Era entonces presidente Víctor Paz Estenssoro; quien se había autoconvencido de haber elegido a René Barrientos Ortuño como su acompañante de fórmula en las elecciones previas. El “Jefe” -como solían llamarlo sus seguidores-, a pesar de sus años y experiencia, no cayó en cuenta que, en realidad, el general que luego lo depusiera en un cruento golpe de Estado, había sido designado para tales funciones por la administración norteamericana de turno.
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Frases para vender Bolivia
El presidente Rodrigo Paz Pereira ha lanzado una frase lapidaria: el Estado está muerto. Lo ha hecho a manera de graficar y dramatizar una denuncia sin pruebas, de que en el país se habría robado más de quince mil millones de dólares, durante el gobierno del MAS. Tal dislate trae a la memoria un discurso que la derecha lo festejó como memorable, cuando otro Paz nos dijo literalmente: “Bolivia se nos muere”. La frase y el discurso eran el prólogo al famoso decreto 21060 que, de un plumazo, desconoció todos los derechos laborales y sociales del pueblo boliviano, con decenas de miles de trabajadores mineros echados a la calle con el eufemismo de “relocalización”.
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“LA CRISIS ECONÓMICA, CORRUPCIÓN Y EL RETORNO DEL NEOLIBERALISMO”
NUESTRA PALABRA No 5
Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de todo el país,
preocupadas por la pésima gestión gubernamental de presidenta de facto Jeanine Añez, excediendo sus atribuciones como gobierno transitorio, expresamos nuestro malestar y desacuerdo pleno con las
acciones y medidas que implementa, dirigidas a destruir el modelo económico plurinacional y las
conquistas sociales logradas durante muchos años de lucha incansable por el pueblo boliviano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó al Gobierno de facto que las medidas para controlar el brote del COVID-19 guarden equilibrio entre proteger la salud, minimizar el impacto económico-social y respetar los derechos humanos. Si bien la cuarentena era necesaria para preservar la vida y la salud de los bolivianos, no obstante, ellas no estuvieron acompañadas con una estrategia para paliar el hambre de los más empobrecidos y tampoco de una estrategia para proteger el aparato productivo formal e informal, sin ningún plan de contención y menos de recuperación económica. Desde su inicio, el manejo gubernamental de Añez en lo económico fue y es absolutamente irresponsable y arbitrario, con tendencia clara a destruir el modelo económico plural con el que Bolivia gozaba de estabilidad y podía enfrentar a los embates de la economía global en crisis.
Ni bien consolidado el gobierno de facto, las empresas estatales comenzaron a sufrir el desmantelamiento, corrupción y saqueo de sus recursos. Esta restauración neoliberal se traduce en la inexplicable paralización de la inversión pública y privada. Se ha detenido la producción en las empresas estratégicas, como la planta de Urea de Bulo Bulo o la del Mutún. Se ha paralizado y dejado impagos los proyectos de desarrollo nacional y regional, como el Tren Metropolitano en Cochabamba. El sabotaje interno y corrupción en la administración de BOA, ENTEL y YPFB es tan agudo que las ha generado grandes pérdidas o las ha puesto al borde de la iliquidez. Es de este modo que la presidenta – candidata Añez encaminan al país una crisis y recesión inminente cuya reactivación opte por el camino peligroso de la privatización de las empresas de los bolivianos.
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