Con un despliegue espectacular de fuerzas policiales se intervino la explotación ilegal del oro en la comunidad de Miraflores, situada a orillas del río Madre de Dios; el resultado son 27 barcazas destruidas, 57 personas apresadas, decomiso de armas y mercurio, pero no se dice nada del objeto del delito, el oro. No es el primer operativo, anteriormente ya hubo otros, sumando a la fecha 88 detenidos.
¿Se solucionó el problema? De ninguna manera, sin embargo, el operativo develó la gravedad de la situación de la minería y en particular la del oro. Se observó lo fácil que es establecer una explotación minera en zonas alejadas y con una población con múltiples necesidades que, a cambio de un puesto de trabajo, se convierten en facilitadores del delito, acá comienza lo ilegal. ¿Hay contrato de trabajo? No, la explotación es a destajo, se les paga por rendimiento, el que se lleva la mejor parte es el dueño de la embarcación; se les expone a condiciones inhumanas de trabajo, expuestos a los daños del mercurio, trabajando de sol a sol, sin ninguna protección frente a accidentes en el trabajo. La Justicia les acusa de transgresores y no de víctimas. La participación del Ministerio de Salud se redujo a la preocupación por el uso del mercurio y no a la protección de la salud laboral que es su competencia, el Ministerio de Trabajo fue ignorado en el operativo. Al fin, la explotación del oro es un robo al pueblo boliviano, se atenta contra su patrimonio y la determinación de su uso, es decir es un atentado a la soberanía nacional, cuya custodia está en manos de las Fuerzas Armadas.
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