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El espacio guevarista de la resistencia

¿Cómo caracterizar al gobierno, en este momento de crisis? Aplicando el instrumental teórico de Enrique Dussel, podemos calificar al gobierno como un gobierno corrupto, esta calificación tiene que ver con las características que señala Dussel, partiendo de la definición del fetichismo del poder que es denominada como la corrupción originaria y que consiste en la creencia que la fuente del poder político es el actor que se autorreferencia, por ejemplo cuando escuchamos a un ministro decir que toma una decisión, “ porque es el ministro”; esta autorreferencia es la señal que su poder esta corrompido. Siguiendo con Dussel, nos dirá que el representante del poder corrompido “puede usar un poder fetichizado, por el placer de ejercer su voluntad, como vanagloria ostentosa, como prepotencia despótica, como sadismo ante sus enemigos, como apropiación indebida de bienes y riquezas”. Estas características no son exclusivas del actual gobierno, sino del conjunto de la llamada “clase política” en toda la historia boliviana, el paradigma de este ejercicio del poder fetichizado ha sido, sin lugar a dudas Mariano Melgarejo.
Los últimos días, en Bolivia han sido testigos de un “sismo político” definido así por el vocero presidencial; el origen de este sismo ha sido la declaración de un intento de asesinato de una operadora política de larga trayectoria, por parte de su compañero sentimental, conocido en el mundo de los “asesores” electorales y denunciado en la Argentina por actos fraudulentos.
El gobierno y todos sus dispositivos han realizado grandes esfuerzos por minimizar la influencia de este asesor personal del presidente, esfuerzo que le ha tocado al vocero presidencial, que en este empeño ha perdido la poca credibilidad que tenía, ya que sus declaraciones afirmativas de negar el rol del asesor, fueron desmentidas, a través de las redes sociales, con innumerables registros audiovisuales y fotografías, y testigos presenciales que han dado su testimonio del poder que ostentaba el asesor; tal parece que el vocero no ha tomado en cuenta los registros que permite la actual tecnología de la comunicación como criterio de verdad.
Los gobiernos de la derecha boliviana, han tenido siempre la “colaboración” de personal de inteligencia de los gobiernos norteamericanos, especialmente para el nombramiento de Ministros y otras autoridades; en este caso queda la duda del tipo de opiniones que tenía la “Embajada” acerca del asesor, abriendo la especulación de afirmar que el asesor es personal de una de las instituciones de inteligencia norteamericana.
La figura y actos de este asesor importante e imprescindible para el gobierno es el reflejo de lo señalado por Dussel en lo referido al uso del poder fetichizado como apropiación indebida de bienes y riquezas, debilitando aun más la maltrecha práctica política boliviana, retornando a las épocas donde el ejercicio de la política era sinónimo de enriquecimiento personal.
Ahora bien en este escenario dramático de la historia boliviana, es pertinente volver a Dussel cuando señala que “la corrupción es doble cuando el gobernante se cree sede soberana del poder, y la comunidad política se lo permite”, aquí debemos entender a la “comunidad política” como pueblo, como sociedad y en esa medida debemos asumir nuestra cuota parte en esta doble corrupción del poder político, por permitir ese uso arbitrario, fetichizado del poder, que repetimos no es exclusivo del actual mandatario sino una constante en nuestra historia.
El fetichismo del poder, en nuestro país es una herencia del hecho colonial, la figura del conquistador, poseedor de todo el poder se ha establecido como el modelo de los gobernantes bolivianos, pese a los esfuerzos de Russeau, J. Locke, y el propio Marx para relativizar el poder concentrado. El fetichismo del poder es contrario a todo concepto de democracia en el sentido del gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, la evidencia empírica nos demuestra que no existe democracia allá donde el poder se ha fetichizado y este es uno de esos momentos de su materialización a los ojos de quienes incluso se niegan a ver.
Año de la crisis de gobierno – Antonio Abal O.
Fuente: cuenta personal de TikTok @abal.antonio.
Fuente: cuenta personal de TikTok de Gonzalo Colque, @gonzalo_colque23.

La Paz, 16 de junio de 2026
Señor
Lic. Fernando Hugo Aramayo Carrasco
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA
Presente.-
De nuestra consideración:
La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene prevista la realización de una reunión de alto nivel este próximo 22 de junio en la ciudad de Panamá; evento que coincide con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por nuestro Libertador Simón Bolívar, con la finalidad de concretar el sueño libertario de una Patria Grande. En este 2026, vemos con enorme preocupación que ese espíritu no sólo ha sido abandonado, sino que en reiteradas ocasiones se ha convertido en un instrumento de la política exterior de Estados Unidos de Norteamérica, en detrimento de los intereses de nuestros pueblos.
Como es de público conocimiento, la actual administración de Donald Trump ha arreciado sanciones contra el pueblo y el gobierno de Cuba, amenazando , además, con una invasión militar a ese país soberano. Bolivia, en esa confrontación, ha mantenido históricamente una línea de defensa del derecho de los pueblos a su libre autodeterminación. Cabe recordar que, en la sesión de la OEA de 1962 en Punta del Este, Uruguay, cuando se aprobó la expulsión de Cuba de ese organismo, Bolivia junto a otras cinco naciones, se abstuvo de votar a favor de esa decisión. En los últimos años, nuestro país se benefició con la solidaridad de Cuba, traducida en la erradicación del analfabetismo mediante un programa conjunto con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y con la presencia de un ejército de médicos que llevaron servicios de salud a confines patrios a los que nunca pudo llegar el propio Estado boliviano, y que se expresan en las más de quinientas mil operaciones gratuitas de la vista que brindaron oftalmólogos de Cuba en la ciudad de Santa Cruz. Ambos logros no fueron los únicos beneficios que recibimos.
Hoy vemos con verdadera preocupación que la administración Trump, en la guerra de agresión contra Cuba desde hace más de sesenta años, la ha calificado como una “amenaza a la seguridad nacional”, preparando las condiciones para mayores actos hostiles y para una eventual invasión militar. Requiere, para ello, legitimación de gobiernos de la región y pretende aprovechar la cita de la OEA de este mes, para generar una falsa percepción de apoyo a esa aventura. Como bolivianos y bolivianas que aspiramos a una convivencia pacífica y sin imposiciones para nuestros pueblos, pedimos al gobierno nacional NO APOYAR esta nueva imposición del gobierno norteamericano; actuar en contra de la tradición diplomática de Bolivia en torno a Cuba llevaría al país a una postura ajena a los ideales de solidaridad y hermandad que inspiraron al Libertador Simón Bolívar y otros próceres de la Independencia y condenaría a sus eventuales cómplices nacionales al juicio implacable de la historia, considerándolos traidores a la Patria.
El Movimiento Boliviano de Solidaridad con Cuba reitera al gobierno nacional, la urgencia de mantener una postura digna y no sumisa a las imposiciones del Departamento de Estado; y ratifica en nombre el pueblo boliviano, su más absoluto rechazo al criminal bloqueo que, por más de seis décadas, no ha logrado más que imponer cuotas de sacrificio a millones de cubanos y cubanas que no representan amenaza alguna contra nadie.
Esperanzados en la ratificación de una conducta histórica de la diplomacia de nuestro país, exhortamos a nuestra Cancillería a actuar en consecuencia y del lado de la historia.
Atentamente,
Humberto Arandia – Santa Cruz
Alidson Gómez – La Paz
Iván Díaz – Sucre
Emer Balderrama – Cochabamba
MOVIMIENTO BOLIVIANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA

Casi al mismo nivel del tiempo de Jesús encontramos la existencia de nuevos fariseos en la vida política de nuestro país. Y es que ¿cómo se explica la actitud de un gobierno que llega, exigiendo que se reponga el crucifijo y la Biblia en los juramentos oficiales?
¿Se está afirmando entonces que nunca estuvieron y que los gobiernos anteriores los archivó como objetos inservibles?
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) expresaron su profunda preocupación ante el riesgo de impunidad en los casos de las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en Bolivia en 2019, tras la reciente anulación de los procesos judiciales contra policías y militares implicados.
Mediante un comunicado conjunto, los organismos internacionales alertaron sobre las decisiones adoptadas por el Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y el Tribunal Primero de Sacaba, que declararon nulos los expedientes por incompetencia en la materia. Estas resoluciones, ratificadas posteriormente por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, podrían obstaculizar significativamente el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
Las masacres de Senkata y Sacaba, en las que al menos 20 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas por el uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares, fueron documentadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y por una misión de ONU Derechos Humanos. Ambos informes concluyeron que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y recomendaron investigaciones prontas, imparciales y efectivas.
La CIDH y ONU Derechos Humanos subrayaron que la anulación de lo actuado representa un retroceso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado boliviano de investigar, sancionar y reparar a las víctimas, así como una revictimización de quienes exigen justicia. Además, advirtieron que estas decisiones judiciales constituyen un serio obstáculo para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Entre las recomendaciones incumplidas se encuentran las del GIEI-Bolivia, que insistió en la necesidad de “combatir la impunidad y garantizar condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia actúe con independencia y transparencia”. Asimismo, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 había urgido al Estado a realizar investigaciones exhaustivas y proveer reparación integral a las víctimas.
Ambas instancias hicieron un llamado a las instituciones bolivianas para que eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad y adopten las medidas necesarias para remediar esta situación, en consonancia con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia ya se había manifestado previamente sobre el riesgo de que estas decisiones judiciales dejen en la impunidad graves crímenes y vulneren el derecho a la justicia.
La CIDH y ONU Derechos Humanos reiteraron su disposición para continuar acompañando los procesos de justicia transicional y garantía de derechos humanos en el país, e instaron al Estado a retomar el camino de la verdad, la justicia y la reparación.
Fuente: CIDH – ONU