Desde su mismo inicio, el actual gobierno de facto (denominado “de transición”) hizo evidente su voluntad de ir contra la libertad de expresión. Recordamos las reiteradas amenazas de la que entonces era ministra de comunicación, utilizando y aplicando indiscriminadamente la figura de sedición, en particular contra periodistas y comunicadores/as nacionales y extranjeros, que se vieron obligados a dejar de informar.
Transcurridos cinco meses de la nueva administración estatal, dicha tendencia al control de la libre expresión no se atenuó, sino que por el contrario se ha tornado sistemática, ampliando su campo de acción contra individuos, organizaciones políticas legalmente establecidas, e incluso territorios completos, que son criminalizados e insultados en forma pertinaz y pública, alentando el odio y la discriminación entre sectores sociales.
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