Categoría: Comunicados

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta una crisis de legitimidad terminal, producto de una gestión que ha traicionado sus promesas electorales para implementar un modelo neoliberal agresivo. Al priorizar los intereses de la oligarquía agroindustrial y bancaria mediante la eliminación de subvenciones, la liberalización de precios y una entrega vergonzosa de recursos estratégicos a intereses imperiales, el régimen ha sumido a la población en una espiral de inflación y precariedad. Esta deriva, agravada por la soberbia gubernamental, la represión sistemática y la judicialización de la protesta, ha detonado una rebelión democrática del campo popular, que no solo exige la renuncia del mandatario —calificado de mitómano e impostor—, sino que rechaza un modelo de gestión visto como un retroceso histórico hacia el autoritarismo y la subordinación colonial.

El Desenlace Inminente: Escenarios de Resolución

Nos encontramos en un momento decisivo de la crisis, donde la resolución parece cuestión de horas o días. Se vislumbran dos caminos principales:

1. La Salida Autocrática (Estado de Excepción): Representa el escenario más peligroso. La declaratoria de un Estado de Excepción, podría derivar en un conflicto fratricida de impredecibles consecuencias si las Fuerzas Armadas son forzadas a cumplir órdenes represivas que el pueblo ha dejado de reconocer como legítimas.
2. La Salida Constitucional (Renuncia y Transición): La dimisión de Paz Pereira desactivaría la escalada violenta inmediata. Sin embargo, no garantiza una solución de fondo. La exigencia popular de nuevas elecciones en noventa días abre un campo de negociación complejo: la sucesión no puede limitarse a la figura del Vicepresidente —cuestionado por su incapacidad—, sino que debería recaer en una figura de consenso (como la presidencia del Senado) con el mandato único de organizar el retorno a las urnas.

La Raíz del Problema: Más allá de la Coyuntura

Más allá de las soluciones jurídicas o electorales, debemos reconocer que la crisis es estructural. Bolivia arrastra desde su fundación en 1825 un mal congénito: un Estado diseñado por y para familias privilegiadas, que utiliza el racismo y el regionalismo como herramientas de control para culpar al «pueblo» por la inviabilidad del sistema.

Ningún parche jurídico ni reforma penal resolverá la contradicción histórica de un país dependiente con modos de producción precapitalistas. La alternancia en el poder, tras la renuncia del actual presidente, solo permitirá establecer un nuevo equilibrio de fuerzas; la verdadera transformación exige comprender que el Estado boliviano, tal como ha sido concebido por las élites, se encuentra en un proceso de acentuación de su crisis que no terminará con un cambio de mando.

Invitación al Debate: ¿Qué camino tomamos?

Compañeros y compañeras, el análisis anterior nos demuestra que el desenlace de esta crisis no vendrá de la «buena voluntad» de quienes usurpan el poder, sino de nuestra capacidad de organización. Ante este panorama, planteamos las siguientes interrogantes para movilizar nuestra acción política:

✓ ¿Estamos preparados para transitar en la resistencia y plegarnos de pleno a los bloqueos y a la construcción de un programa de gobierno que trascienda la mera sustitución de nombres y aborde las causas estructurales del Estado? ✓ ¿Cómo podemos, desde los sectores populares, evitar que la polarización electoral en un plazo de noventa días sea utilizada por las fuerzas reaccionarias para fragmentar nuestra unidad? ✓ ¿Qué mecanismos de control social debemos implementar para garantizar que una eventual transición sea realmente democrática y no una maniobra más de las mismas élites de siempre?

Plantear como puntos irrenunciables, la siguiente relación propuesta por compañeros del MCB que se encuentran en los puntos de bloqueo.

1. Defensa de los recursos naturales y la soberanía territorial: Exigimos la defensa irrestricta de nuestros recursos y su industrialización soberana, el freno inmediato a la minería ilegal y la anulación y auditoria total de los contratos mineros que destruyen nuestra tierra, por existir incumplimiento ambiental, evasión fiscal o violación de derechos territoriales, disponiendo la reversión de dichas áreas al dominio estatal para su gestión responsable y soberana.
2. Combate a la fuga de capitales: Exigimos la repatriación de los fondos ocultos en paraísos fiscales; en caso de negativa, se debe proceder a la nacionalización inmediata de sus industrias a favor del Estado boliviano.
3. Restitución del patrimonio nacional: Todo dinero y bien malversado por la corrupción de gobiernos anteriores y el actual, debe ser restituido y recuperado de manera obligatoria a través de los mecanismos del Estado, el gobierno debe otorgar garantía de cumplimiento.
4. Reversión de tierras, dotadas y asignadas en el gobierno de Jeanine Añez, el anterior y el actual, porque son mal habidas: Exigimos la reversión inmediata a favor del Estado, de todas las tierras distribuidas de forma irregular durante la gestión de Jeanine Áñez y consiguientes gobiernos.
5. Respeto absoluto y total a la Carta Magna, Ley Suprema, la C.P.E.: La Constitución Política del Estado es sagrada; no se permite la modificación de ni una sola coma ni un solo punto de nuestra Carta Magna.

La historia no espera a los indecisos. Invitamos a todos los sectores sociales, sindicatos y organizaciones a discutir estos escenarios y definir una posición unitaria.

¡El debate es la antesala de nuestra victoria!