El espacio guevarista de la resistencia
El uso de la fuerza pública del Estado para asesinar al pueblo es el límite de la democracia. El principio del “uso legítimo de la fuerza” que se atribuye el Estado, en realidad es la libre disponibilidad, para reprimir y masacrar al pueblo a quién deberían proteger.
Estas masacres amparadas en la ley, son una costumbre “democrática” en América Latina, gobiernos de turno que imponen políticas empobrecedoras para unos y de grandes fortunas para otros.
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Era inexplicable como el pueblo colombiano terminaba votando mayoritariamente por sus verdugos. Parecía que sufría una suerte de manejo de su voluntad más profunda en una especie de embrujo que le castraba su autodeterminación, que le coartaba su libertad, para entregarla a una casta terrateniente, narcotraficante y autoritaria, ligada a proyectos e intereses radicados en los EEUU antes que Colombia.
Pero en la necesidad radica la libertad. El pueblo colombiano que está sufriendo cotidianamente violencia política mediante el asesinato de dirigentes sindicales, militantes ciudadanos, luchadores sociales, defensores de derechos humanos e intelectuales a partir del mayúsculo engaño denominado “proceso de paz”, no ha soportado un nuevo giro de tuerca, esta vez en el rubro económico, que a través de una Reforma Tributaria pretendía financiar la crisis de la oligarquía narco terrateniente, afectada por la pandemia y la crisis económica que asola la región.
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