El principal error del análisis político actual consiste en aceptar la narrativa del gobierno de que Bolivia ha ingresado a un «nuevo ciclo». La realidad es más compleja. El país atraviesa un interregno: el bloque popular perdió la iniciativa política, pero la derecha tampoco ha conquistado una nueva hegemonía. Lo que hoy está en disputa no es únicamente quién administra el Estado, sino el futuro del Estado Plurinacional, el control de los recursos estratégicos y el lugar que ocuparán los sectores indígenas y populares en la Bolivia que se intenta construir.
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La doble agenda del gobierno: mientras el pueblo mira el conflicto, el neoliberalismo avanza
Los cincuenta días de conflicto que atravesó Bolivia no fueron únicamente una crisis social ni un episodio de ingobernabilidad. Fueron la demostración de una forma de gobernar. Mientras la población permanecía atrapada entre bloqueos, escasez de combustibles, amenazas y negociaciones interminables, el gobierno de Rodrigo Paz avanzó silenciosamente en la transformación del modelo económico. La verdadera batalla no se libraba en las carreteras, sino en los decretos, los convenios internacionales y las reformas que comienzan a reorientar el Estado Plurinacional hacia un nuevo ciclo de remiendos neoliberales.
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La Comunidad: El bastión antiimperialista
Son como 5 reuniones a las que asistí, para “evaluar” los 50 días de conflicto. En todas estas reuniones el punto central de análisis fue “la falta de una agenda”, y la “falta de liderazgo”. Traducido a buen romance, la “falta de una agenda” significa una “bajada de línea” que en política la realiza el “líder” o la “dirección política” (el partido pues). Esta manera de entender la política encierra un pensamiento dogmático, acerca de la necesaria presencia de una vanguardia que “guie” a los rebeldes.
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Ley 1740: ¿Regulación constitucional del estado de excepción o habilitación para la excepcionalidad permanente?
La reciente promulgación de la Ley N.º 1740 de Regulación de Estados de Excepción ha sido presentada por el gobierno como una norma destinada a desarrollar los artículos 137 al 139 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, una lectura jurídica rigurosa revela que varias de sus disposiciones exceden el marco constitucional y abren peligrosas puertas a la concentración de poder, la militarización de los conflictos sociales y la restricción de derechos fundamentales.
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Una ch’ampa guerra inducida
El conflicto reciente, ha servido para “medir fuerzas” y es inobjetable que el pueblo, sensato y trabajador ha demostrado, una vez su abrumadora mayoría, frente a una aventura que desnudó intereses privados convertidos en públicos, con un gran despliegue mediático que también demostró su falta de profesionalismo, como el estudio previo del tema a tratar, elemento básico del oficio, calificado por García Márquez como “el mejor oficio del mundo”.
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De Camacho, Mesa, cívicos y el pretexto para convulsionar el país
Está claro que si el conflicto que se presenta con el pretexto de la Ley 1386 y que tiende al fracaso, los grandes perdedores serán Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y el Comité Pro Santa Cruz porque no supieron escuchar a su propio pueblo.
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Insinuaciones peligrosas del gobierno de facto
El gobierno de facto ha entrado en campaña electoral y lanza insinuaciones altamente peligrosas vaticinando que en el futuro escenario de octubre, tendríamos conflictos sociales muy similares a los que vivimos el pasado año. Y como preparando esos escenarios de conflictividad social, el gobierno de facto ha dicho que los allegados al MAS generarán conflictos en octubre luego de las elecciones generales porque, según el gobierno, dice que esa fuerza política, perderá los comicios del 18 de octubre. Y para colmo acota, diciendo que incluso el MAS tendría un plan preparado.
Estas afirmaciones que vienen del viceministro Javier Issa, tienen claramente intenciones políticas y tratan de incidir en el voto para que el ciudadano no se incline por el partido de Luis Arce, porque tal como se ve en las encuestas, este se encuentra de lejos en el primer lugar de la preferencia electoral.
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