Reyes Villa, más conocido como “El bombón”, aunque ahora ha preferido no usar este apelativo, por el pasado que representa; ha declarado que se encuentra preocupado por la falta de agua en Sacaba e inmediatamente ha realizado propuestas.
Reyes Villa pretende borrar su pasado de “yacu vende” sobrenombre que le dieron los regantes y que luego la coreó todo un pueblo. Es pues un insulto a la inteligencia de los cochabambinos, que no pueden olvidar sus gestiones como Alcalde, como Prefecto y como Gobernador durante estas gestiones la única política pública respecto al agua fue apoyar las políticas privatizadoras y fue el primer derrotado en la guerra del agua.
Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de todo el país, preocupadas por la pésima gestión del Gobierno de facto y por la constante represión y amenazas, denunciamos la criminalización del hambre del pueblo sostenida en tres razones:
INCAPACIDAD PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD.- El régimen de Jeanine Áñez aseguró que sus esfuerzos estaban abocados a la protección de la salud, pero en seis meses de gestión y dos meses de cuarentena no tomó ninguna medida eficiente en este sentido. Aun hoy médicos y trabajadores denuncian falta de equipamiento, las pruebas son escasas y se han evidenciado escandalosas compras irregulares del Gobierno, como es el caso de los respiradores, para no hablar del uso indebido de bienes públicos. Sin poder habilitar ni hospitales construidos antes por el deseo enfermo de cambiar los colores de sus paredes, solo han atinado a imponer por la violencia una cuarentena militarizada, en la que se han registrado abusos contra la sociedad civil e incluso contra los propios uniformados, a los que tampoco se les dotó protección y se les expuso en desfiles que tuvieron el único propósito de demostrar una fuerza que es la única que mantiene al régimen y que cada vez es menor.
INCAPACIDAD PARA ADMINISTRAR LA ECONOMÍA.- El Gobierno denominado transitorio no tuvo ni tiene otro proyecto económico que no sea la corrupción y el saqueo. Desde que tomó el poder paralizó el aparato productivo y la inversión pública, siendo inexistentes ya en la cuarentena. Este encierro obligado de casi dos meses obligó al cierre de empresas, negocios, transporte público y centros educativos, sin tomar previsiones integrales y efectivas para mitigar los fuertes impactos tanto en la economía del país como de las familias de menores ingresos. Un importante sector de la población se dedica al comercio informal, es decir que trabaja por cuenta propia y gana para el día. No se puede pedir a todos que se queden indefinidamente en casa, cuando muchos ciudadanos no tienen alimentación, agua, sueldo ni otras condiciones. Esto ha obligado a barrios y comunidades a elegir entre el pan y el barbijo, entre el hambre y el contagio, poniendo en riesgo su salud y hasta su libertad.
INCAPACIDAD PARA EL DIÁLOGO.- Este régimen, que es el responsable de las masacres de Sacaba y Senkata que están en la impunidad a medio año de perpetrarse, no solo ha obviado coordinar sus medidas con los movimientos sociales e incluso empresarios que representan a gran parte del país, sino que ni siquiera lo ha hecho con los Gobiernos Departamentales y Municipales. En muchos casos, ha violado la autonomía de estos niveles de gobierno, sin ofrecer soluciones efectivas en ningún aspecto. El adalid de esta conducta es el ministro Arturo Murillo, quien no puede emitir una frase sin mencionar la palabra “cárcel”. Y, debido al rechazo de la población por su actitud, ha optado por delegarla a otras igualmente lamentables autoridades, como el Viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, quien repite el léxico que nos trae el vivo recuerdo de las dictaduras militares.
La lógica de la sociedad basada en la acumulación del capital, se demuestra con la actitud individualista; eso nos ha pasado en estos días cuando comerciantes y dueños de farmacia, pensando solamente en sus intereses, han subido los precios de elementos básicos para prevenir las infecciones.
En pocos meses, el odio inyectado a nuestro cerebro, nos ha hecho perder el sentido humano de la convivencia, como en los primeros días del verdadero cristianismo, muchos bolivianos y bolivianas han sido perseguidos y maltratados, solamente por ser de origen aymara o quechua.
Organizaciones, instituciones, movimientos y personas de la sociedad civil que conforman el Comité Pro Laicidad hicieron llegar una carta de protesta al Organo Electoral boliviano, a fin de que “…garantice el principio de laicidad, la condición Laica del Estado Plurinacional de Bolivia, y la adopción de medidas normativas en aspectos como: la renuncia de líderes/as religiosos/as a sus funciones en iglesias para ser candidatos/as y acceder a cargos públicos; el uso de organizaciones, espacios y/o infraestructuras religiosas con fines proselitistas; realización de prácticas y rituales religiosos en los escenarios políticos electorales y el uso de manera directa o indirecta de símbolos y/o referencias religiosas de cualquier naturaleza o credo en la propaganda electoral, la campaña y el proselitismo político”.
Observan que, tanto en la actual campaña electoral como en la de 2019, se vulnera el principio de laicidad y la condición laica del Estado Plurinacional de Bolivia, contraviniendo el Art. 4 de la Constitución. Al respecto, existe una sustanciosa investigación realizada por el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir (Bolivia). Se trata del “Laicinómetro”, con abundante información acerca de programas partidistas y posiciones de sus candidatos/as, que revelan diferentes formas de imposición de dogmas y creencias religiosas en cuestiones que atañen a la sociedad y sus derechos. Varias de las personas que candidatearon en 2019 siguen ahora en carrera o son parte del gobierno golpista, manteniendo aquellas posiciones (http://catolicasbolivia.org/actividades/laicinometro-hoja-informativa-2/).
