El gobierno de Rodrigo Paz nos conduce por la senda permanente de la ilegalidad e inconstitucionalidad, con acuerdos como el crédito de 1.900 millones de dólares con el FMI. Este pacto no es un simple préstamo: es la pérdida de soberanía y la subordinación a recetas externas que ya demostraron ser nefastas para nuestros pueblos.
Se nos propone olvidar la memoria histórica, borrar el significado del ajuste estructural que vivimos en décadas pasadas y repetir la desgracia que hoy atraviesan Argentina y gran parte de América Latina bajo el yugo del Fondo. Reaparece en el discurso político el viejo servilismo, disfrazado de modernidad, apertura de mercados e inversión extranjera, hipotecando el futuro del país.
El crédito del FMI implica abandonar el modelo económico que permitió a las mayorías nacionales acercarse al Vivir Bien, para reemplazarlo por un camino de miseria y sumisión. La desesperación del gobierno de Paz por aprobar este préstamo busca sostener a un poder que va a la deriva. Su aprobación significaría violentar lo estipulado por la Constitución Política del Estado, pero para Paz y sus socios ese atropello es apenas un “daño colateral”.
La Constitución boliviana se convierte en un estorbo para las élites, porque limita sus fechorías y frena la dinámica neoliberal que necesitan para chupar la sangre del Estado. Por eso, personajes como Quiroga, Doria Medina, Reyes Villa y los agroindustriales del oriente -representados por el Comité Cívico, la CAO y la CAINCO- están urgidos de concretar cambios radicales en la Carta Magna. No necesitan ampliar el estado de excepción: les basta con la violencia estatal y con una cirugía extrema de la Constitución, redactada a su medida, para que el Estado deje de ser un obstáculo a sus negocios.
Los recursos naturales, la salud, la educación y el pueblo boliviano nunca han sido su prioridad. Los recursos son para sus negocios personales, la salud es un mercado a explotar, la educación solo para sus hijos, y el pueblo es apenas un electorado que hay que embobar para ganar elecciones.
Por eso, el pueblo debe recuperar la memoria que perdió en 2025, cuando votó anestesiado y adoctrinado en una elección cooptada. Lo que sucede hoy, con la intención de aprobar un crédito inconstitucional, es parte de una estrategia supranacional. El Escudo de las Américas, plan digitado desde Washington, exige llevar a Bolivia a épocas cavernarias para favorecer los intereses imperiales de Estados Unidos. Bolivia es apenas una pieza en proceso de sometimiento; el siguiente paso es Brasil, el gigante sudamericano que aún resiste y dónde ya hay «Cerimedos» confabulando.
Bolivia debe entender que no hay casualidades: hay piezas moldeadas para configurar un tablero internacional que alimenta el apetito y la gula de Trump y sus aliados.
Por todo esto, resistir al crédito del FMI no es un capricho ideológico, sino una necesidad histórica para preservar nuestra soberanía y dignidad. Bolivia no requiere cadenas disfrazadas de préstamos: requiere confianza en su propio pueblo, en sus profesionales, en su ciencia y en sus recursos naturales. Las alternativas existen: fortalecer el ahorro interno, potenciar la banca pública, impulsar acuerdos de cooperación con países aliados sin condicionamientos, y sobre todo, invertir en sectores estratégicos como energía, litio, agroindustria soberana y tecnología nacional.
El verdadero crédito que necesitamos es el que se construye con el esfuerzo colectivo y la organización popular, sin amarres ni dependencia, con la certeza de que el futuro de Bolivia debe ser decidido en Bolivia y no en los escritorios del Fondo.
Esta es Nuestra Palabra.
- Sábado 19 de Septiembre – 10:00 Horas – Conduce Malamen
- Radio Cepra: Chuquisaca FM 95.8, La Paz FM 89.2, Cochabamba FM 100.9, comunicación desde los pueblos.
