Cerimedo fue asesor de comunicación de Paz, aunque el Gobierno sostiene que no era funcionario público. Actualmente enfrenta investigaciones en Bolivia por violencia doméstica, manejo discrecional de fondos del Estado y una tercera investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, la administración atraviesa graves dificultades económicas; el Congreso censuró al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien fue posteriormente removido.
Bolivia vive una de las etapas más delicadas de su historia reciente. La crisis económica golpea el bolsillo de las familias, aumenta la incertidumbre, escasean combustibles y divisas, crece la pobreza y, peor aún, se extiende la preocupación por el futuro. Sin embargo, desde el Gobierno se desvaloriza a quienes osan cuestionar las declaraciones oficiales.
En este contexto, el Gobierno de Rodrigo Paz tiene la obligación de ofrecer respuestas claras, transparentes y soberanas. Pero, en lugar de certezas, aparecen cada vez más preguntas: ¿Quiénes toman realmente las decisiones del Estado? ¿Quiénes tienen acceso al poder? ¿Qué intereses económicos están detrás de determinadas políticas? ¿Qué papel desempeñan operadores extranjeros vinculados a la política regional? Y, sobre todo, ¿estamos ante decisiones soberanas del Gobierno boliviano o ante una creciente influencia de intereses externos?
Existen dudas sobre Cerimedo. Actuó con una política de injerencia externa. Sería necesario exigir una investigación para determinar de dónde proviene esa injerencia y si forma parte de un nuevo Plan Cóndor mediático para dominar y decidir en nuestro país.
La presencia de Fernando Cerimedo en el entorno presidencial merece una investigación seria y transparente. Este caso no puede reducirse a un problema personal. El propio Gobierno confirmó que asesoró a Rodrigo Paz en comunicación, aunque negó que tuviera un cargo formal en la administración pública. No obstante, diversos reportes periodísticos han señalado una influencia considerable de Cerimedo en el entorno presidencial.
Actualmente, Cerimedo está detenido preventivamente y enfrenta investigaciones en Bolivia por violencia doméstica y otros delitos más graves, como el enriquecimiento ilícito. La Fiscalía anunció una tercera investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Pero existe una cuestión política que no puede ignorarse: ¿cómo pudo una persona extranjera, vinculada anteriormente a la política argentina y a sectores de la derecha regional, adquirir tanta cercanía con el entorno del poder boliviano?
Esta pregunta no es xenófoba ni partidista. Es una pregunta democrática. Cualquier gobierno tiene derecho a recibir asesoramiento extranjero, pero cuando esos asesores tienen acceso privilegiado al poder, participan en estrategias políticas y mantienen vínculos con actores de otros países, la sociedad tiene derecho a saber quién los financia, qué intereses representan, cuál es su verdadera influencia y cuáles son sus ganancias. En cualquier caso, la injerencia extranjera debe investigarse.
Por ello, el debate debe plantearse en términos de soberanía, transparencia e independencia nacional: ¿Existen gobiernos extranjeros interviniendo en decisiones bolivianas? ¿Existen empresas extranjeras que financian operadores políticos? ¿Existen consultores foráneos con influencia sobre decisiones económicas? ¿Existen contratos o negocios vinculados a esos operadores? ¿Qué relación existe entre las decisiones gubernamentales y determinados intereses empresariales? ¿Quiénes se benefician de las políticas sobre combustibles, minería, oro, litio, hidrocarburos y empresas públicas? ¿Qué compromisos está adquiriendo Bolivia con organismos financieros internacionales?
Estas preguntas deben responderse públicamente.
La soberanía nacional no significa únicamente defender las fronteras territoriales. También significa tener capacidad para decidir qué hacemos con nuestros recursos naturales, qué modelo económico queremos construir, cómo administramos nuestras empresas públicas, cómo protegemos el patrimonio nacional, qué condiciones ponemos a los capitales extranjeros y, fundamentalmente, cómo protegemos a nuestra gente.
La salida de la crisis no puede consistir simplemente en reducir el Estado, disminuir la inversión pública, eliminar políticas sociales, entregar empresas estratégicas o recurrir al endeudamiento externo sin una estrategia productiva nacional.
Bolivia necesita estabilizar su economía, pero también necesita producir, industrializar, generar empleo y proteger a las familias. Bolivia no puede salir de una crisis económica entregando su capacidad de decisión.
La experiencia histórica de América Latina demuestra que las crisis económicas pueden convertirse en oportunidades para imponer agendas que, bajo el discurso de la modernización, terminan debilitando al Estado, privatizando bienes públicos, reduciendo derechos sociales y entregando sectores estratégicos a intereses privados.
Por eso debemos mirar con especial atención las políticas económicas que impulsa el gobierno de Rodrigo Paz.
No se trata de culpar de la gravedad de la crisis a los gobiernos anteriores. Se trata de preguntarnos ahora quién paga el costo de la crisis y quién obtiene beneficios de las soluciones, si es que las hay. La pregunta fundamental no es únicamente cuánto dinero puede conseguir Bolivia, sino: ¿para qué se va a endeudar, quién administrará esos recursos y quién pagará la deuda?
No queremos dependencia de ningún imperio: ni del norte, ni del capital transnacional, ni de organismos financieros, ni de gobiernos extranjeros.
Queremos una Bolivia soberana. La defensa del Estado Plurinacional también es económica.
La Constitución Política del Estado no concibe a Bolivia únicamente como un mercado. Reconoce un Estado Plurinacional, con recursos naturales estratégicos y con responsabilidades sociales y económicas. Por eso, defender el Estado Plurinacional significa defender: el litio, el gas, los minerales, el agua, los bosques, la biodiversidad, las empresas estratégicas, la seguridad alimentaria y el patrimonio público.
Pero también significa defender la democracia, la transparencia y el derecho de la ciudadanía a saber quién toma las decisiones.
Cochabamba, agosto de 2026
Por María Isabel Caero