Conmemorar el Bicentenario de la independencia de las provincias del Alto Perú —hoy Bolivia— el 6 de agosto no es hacer referencia a la longevidad del Estado, sino al tiempo indefinido de la construcción del Estado republicano, a los actores, sus intereses y sus peculiaridades ideológicas, políticas y culturales.

El centenario es un momento importante de referencia con relación al tiempo fundacional.

Los ilustres diputados, todos ellos seleccionados y electos en las parroquias cristianas, porque así lo disponía la convocatoria firmada por el Mariscal Sucre; criollos y mestizos formados y educados colonialmente, convertidos en republicanos independentistas, fueron los redactores del Acta de la Independencia, justifican la independencia. Para ello identificaban al “opresor y miserable Fernando VII”, además  “cese para con esta privilegiada región la condición degradante de la colonia de España”; esta enunciación histórica es trascendental, marca una ruptura política y jurídica con la monarquía colonial, pero también representa el nacimiento de la colonialidad (el racismo: principio organizador de las estructuras sociales y de dominación) como nuevo eje capitalista, político, católico y patriarcal de organización estatal, de la relación de posesión y propiedad sobre la tierra, y los recursos naturales y el desconocimiento constitucionalizado de los pueblos y naciones que habitaban en el Alto Perú que subsistieron al genocidio y resistieron al colonialismo.

La redacción del Acta de la Independencia no es superior a una página; en ninguna de sus enunciados menciona las luchas anticoloniales, independentistas de los aymaras, quechuas, mestizos, sino agradece al “Hacedor Santo” y reafirman el principio colonial de que “el sostén inalterable de su santa religión católica, y de los sacrosantos derechos de honor, vida, libertad, igualdad, propiedad y seguridad” regirán a la nueva “nación”.

La primera Constitución (1826), propuesta por el Libertador Bolívar, tenía influencia de la Revolución Francesa, aunque no dejaba de ser colonialista. Reafirma dos ejes fundamentales: la soberanía residía en el pueblo y la nueva república no era confesional católico; separaba al Estado de la Iglesia Católica. Estos dos principios eran un sacrilegio para la nueva élite reconvertida en republicanos independentistas; borraron estos principios en la segunda Constitución (1831) que fue redactada luego del primer golpe de Estado, el intento de asesinato y expulsión del Mariscal Sucre de Bolivia.

La conmemoración del centenario de la independencia (1925) se dio en pleno auge del Estado oligárquico minero feudal. Los antecedentes del tipo de Estado están en: la invasión anglo-chilena a nuestras costas del Pacífico (1879); la pérdida de territorio y nuestro enclaustramiento; el ascenso de la oligarquía minera argentífera al control y dirección del Estado; Campero, Arce, Camacho, exponentes de esta oligarquía, tenían vínculo y dependencia con el gobierno invasor y con empresarios chilenos e ingleses; es decir, tuvieron un alto nivel de complicidad en la pérdida territorial. A esta fase, Almaraz denominó la creación de la Segunda República.

El nuevo siglo se inaugura con el control estatal de liberales y la naciente oligarquía minera estannífera; al igual que sus antecesores rubrican la mutilación territorial con la derrota de la Guerra del Acre con Brasil (1903); lo central para los propietarios estatales no estaba en resguardar la integridad territorial con lo que nacimos a la vida republicana, sino en preservar el poder; por ello la detención y asesinado de líder aymara Zárate Willka (1905) fue la demostración de lealtad y fidelidad de los liberales a los dueños de las minas y de la tierra: la oligarquía minero-feudal.

Una subdivisión de los liberales, los republicanos con Bautista Saavedra (1920), cierra un ciclo del partido Liberal con el auspicio de Patiño. Validarse en el poder implicaba dar testimonio racial y burgués.

El 1921 masacran a los aymaras del ayllu Jesús de Machaca y en 1923 asesinan en Uncía a los mineros quechuas de las empresas La Salvadora y Estañífera Llallagua, propiedad de Patiño. Represión al indígena como individuo y como pueblo, expropiación de sus tierras y desconocimiento a las autoridades originarias, negar y reprimir derechos sindicales y laborales de los mineros en las minas de la oligarquía eran parte de la institucionalidad republicana.

Celebraron el centenario reafirmando el sentido racial y oligárquico minero-feudal de la República de Bolivia, los que se consideraban propietarios, eurocéntricos, criollo/mestizos, católicos y, además, eran solo varones con derechos exclusivos e infinitos.

En el próximo artículo, valoraremos el sentido histórico del Bicentenario.