Las palabras pronunciadas por Rodrigo Paz durante la clausura del curso «Satinador» del Ejército Boliviano, después 53 días de conflictos sociales, no pueden leerse únicamente como un mensaje coyuntural. El escenario elegido —una ceremonia militar— y el momento político posterior a semanas de movilización convierten el discurso en una pieza de legitimación del nuevo relato gubernamental: el país ya no estaría dividido por conflictos sociales o disputas políticas, sino entre «el pueblo» y quienes deliberadamente «hacen daño».
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La derecha gobierna sin consenso; el movimiento popular resiste sin hegemonía
El principal error del análisis político actual consiste en aceptar la narrativa del gobierno de que Bolivia ha ingresado a un «nuevo ciclo». La realidad es más compleja. El país atraviesa un interregno: el bloque popular perdió la iniciativa política, pero la derecha tampoco ha conquistado una nueva hegemonía. Lo que hoy está en disputa no es únicamente quién administra el Estado, sino el futuro del Estado Plurinacional, el control de los recursos estratégicos y el lugar que ocuparán los sectores indígenas y populares en la Bolivia que se intenta construir.
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La crisis como método: el laboratorio neoliberal que avanza mientras Bolivia vive las colas
La crisis económica que atraviesa Bolivia no puede entenderse únicamente como el resultado de desequilibrios fiscales, escasez de divisas o errores administrativos. Lo que está ocurriendo revela un proyecto político más profundo. Mientras la población permanece atrapada entre la incertidumbre, las filas por combustible, el aumento del costo de vida y la confrontación permanente, el gobierno de Rodrigo Paz impulsa una reconfiguración silenciosa del modelo económico. La crisis ha dejado de ser un problema que se intenta resolver; comienza a operar como el escenario desde el cual se justifican reformas que, en condiciones normales, encontrarían una fuerte resistencia popular.
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La doble agenda del gobierno: mientras el pueblo mira el conflicto, el neoliberalismo avanza
Los cincuenta días de conflicto que atravesó Bolivia no fueron únicamente una crisis social ni un episodio de ingobernabilidad. Fueron la demostración de una forma de gobernar. Mientras la población permanecía atrapada entre bloqueos, escasez de combustibles, amenazas y negociaciones interminables, el gobierno de Rodrigo Paz avanzó silenciosamente en la transformación del modelo económico. La verdadera batalla no se libraba en las carreteras, sino en los decretos, los convenios internacionales y las reformas que comienzan a reorientar el Estado Plurinacional hacia un nuevo ciclo de remiendos neoliberales.
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El instrumento sigue siendo el camino: reconstruir el movimiento popular más allá del partido
La crisis del movimiento popular no radica en la ausencia de dirigentes ni en la debilidad de las organizaciones sociales. El verdadero problema es la pérdida de un horizonte estratégico capaz de articular la enorme diversidad del campo popular en un proyecto común de transformación. La discusión no es quién ocupa una dirigencia sindical o quién administra un partido político; la discusión es cómo volver a construir poder popular desde las raíces comunitarias del pueblo boliviano.
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La Comunidad: El bastión antiimperialista
Son como 5 reuniones a las que asistí, para “evaluar” los 50 días de conflicto. En todas estas reuniones el punto central de análisis fue “la falta de una agenda”, y la “falta de liderazgo”. Traducido a buen romance, la “falta de una agenda” significa una “bajada de línea” que en política la realiza el “líder” o la “dirección política” (el partido pues). Esta manera de entender la política encierra un pensamiento dogmático, acerca de la necesaria presencia de una vanguardia que “guie” a los rebeldes.
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La indexación al dólar: el nuevo grillete neoliberal contra la soberanía económica de Bolivia
La indexación de la economía boliviana al dólar no constituye una medida técnica para enfrentar la escasez de combustibles ni una respuesta coyuntural a la crisis económica. Es un paso más en la consolidación de un modelo neoliberal que traslada el peso de la crisis internacional sobre las espaldas del pueblo, renuncia a la soberanía económica conquistada por el Estado Plurinacional y fortalece a los grupos económicos que han convertido la importación, la especulación y la intermediación en un negocio multimillonario.
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Cochabamba: De ciudad jardín a ciudad cemento
Desde la perspectiva del Colectivo Urbano de Defensa de las Áreas Verdes y de la Vida, organización que trabaja para construir una ciudad más resiliente y apta para el Vivir Bien, se concluye que Cochabamba está transitando de ser una «Ciudad Jardín» a convertirse en una «Ciudad Cemento».
Esta expresión, utilizada por ciudadanos, colectivos ambientales y urbanistas, critica las políticas urbanas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) y se fundamenta en la percepción de un desequilibrio creciente entre el desarrollo de infraestructura y la conservación del patrimonio natural y las áreas verdes, situación que afecta la calidad ambiental, el paisaje urbano y la calidad de vida de la población. En este contexto, varias obras municipales han generado un amplio debate por sus posibles impactos sobre el patrimonio natural y paisajístico; se cuestiona la reducción o el deterioro de parques y espacios públicos que dieron a Cochabamba el título de «Ciudad Jardín», así como el cambio de uso de suelo, que convierte áreas verdes en terrenos para construcciones o proyectos urbanísticos, y también se denuncia la ocupación ilegal y el avasallamiento de parques, áreas de protección y zonas de recarga hídrica.
A continuación, se enumeran las principales críticas que diversos sectores sociales señalan como agresiones del GAMC contra la «Ciudad Jardín», a partir de denuncias vecinales que citan los siguientes hechos actualmente en curso:
- En el parque Demetrio Canelas se pretende construir canchas de pádel.
- En el parque infantil de la OTB Topater, un área legal reconocida por sesión, han aparecido tres propietarios con títulos que pretenden destruir el parque y levantar construcciones privadas, todo bajo la mirada impasible del GAMC.
Un ejemplo paradigmático es el del Bosque Urbano Ex Matra, donde el GAMC aprobó la construcción de seis bloques de doce pisos y propuso cerrar la torrentera para la construcción de una avenida con fondos municipales que beneficiaría directamente a esos edificios. Esta decisión se tomó pese a la oposición de la mayoría de los vecinos de la zona, aunque cuenta con el respaldo de algunos dirigentes que actúan en contra del barrio.
Asimismo, se observa una reducción sistemática de los espacios verdes y un permitido avasallamiento de la laguna Quenamari, sin el cuidado que corresponde al GAMC.
Otra medida rechazada por los vecinos es la construcción de un paso a desnivel en la intersección de la avenida América y Melchor Urquidi. Cabe recordar que hace pocos años ya se agredió esta zona, seis cuadras al sur, donde se talaron varios árboles en contra de la voluntad vecinal para construir otro paso vehicular. La misma situación se repite con la propuesta actual: los vecinos se oponen, y, como es costumbre, no se toma en cuenta la obligación de consulta previa ni se promueve la participación ciudadana en la vigilancia y cuidado de parques y jardines. Con métodos nada transparentes, se avanza en contra de toda oposición.
Entre otros aspectos negativos, se critican la tala indiscriminada de árboles por proyectos de infraestructura, el crecimiento urbano desordenado que invade áreas ecológicas, los problemas de contaminación por tráfico y residuos, la falta de mantenimiento de parques y jardines, y la consiguiente reducción de la cobertura vegetal.
Es importante señalar que estas son críticas y preocupaciones expresadas por distintos sectores de la sociedad. El GAMC, por su parte, suele argumentar que muchas de estas obras buscan mejorar la movilidad, los servicios y el desarrollo urbano.
Sin embargo, los ejemplos mencionados evidencian una política sistemática orientada a anular las áreas verdes y reemplazarlas por obras de cemento. Se privilegia así la especulación inmobiliaria y el flujo de automóviles, deshumanizando calles, avenidas y nudos de tráfico en detrimento de la calidad de vida de los habitantes.
Cochabamba, junio de 2026
Arq. María Isabel Caero P.