Las palabras pronunciadas por Rodrigo Paz durante la clausura del curso «Satinador» del Ejército Boliviano, después 53 días de conflictos sociales, no pueden leerse únicamente como un mensaje coyuntural. El escenario elegido —una ceremonia militar— y el momento político posterior a semanas de movilización convierten el discurso en una pieza de legitimación del nuevo relato gubernamental: el país ya no estaría dividido por conflictos sociales o disputas políticas, sino entre «el pueblo» y quienes deliberadamente «hacen daño».

Ese desplazamiento es central dentro de lo que diversos estudios sobre comunicación política denominan marketing del odio. Ya no se discuten proyectos políticos; se construye un enemigo moral.

La frase «el boliviano sabe cuando hace daño» parece inofensiva. Sin embargo, introduce una lógica profundamente peligrosa: presupone que quien protesta, bloquea o resiste no actúa por razones políticas, económicas o sociales, sino porque conscientemente desea destruir al país. El conflicto deja de ser político para convertirse en una categoría moral.

La consecuencia aparece inmediatamente después.

Rodrigo Paz pide que Dios «ilumine» al Ministerio Público y a la justicia «cuando se entreguen a los culpables», y añade una frase particularmente reveladora: «que los hagan castigar, que sufran lo que han hecho sufrir al pueblo boliviano.»

Aquí la justicia deja de presentarse como garante imparcial del debido proceso para convertirse en instrumento de reparación emocional. No basta con investigar o sancionar conforme a derecho; el objetivo explícito pasa a ser el sufrimiento del adversario.

Hannah Arendt advertía, al desarrollar el concepto de la banalidad del mal, que las formas modernas de violencia política suelen comenzar cuando determinadas acciones dejan de percibirse como excepcionales y pasan a presentarse como obligaciones morales. El castigo deja de justificarse por la ley y empieza a justificarse porque «es lo correcto». Esa naturalización del castigo convierte la exclusión del adversario en una práctica socialmente aceptable.

El discurso incorpora además otro elemento característico de los procesos de polarización extrema: la existencia de un enemigo omnipresente.

Las movilizaciones ya no serían únicamente expresión de organizaciones sociales con demandas específicas. Según el Presidente, detrás actuarían intereses «ideológicos», «internacionales», vinculados incluso al «narcoterrorismo».

Umberto Eco identificó este mecanismo entre las características recurrentes del Ur-Fascismo: la construcción permanente de una conspiración donde enemigos internos y externos aparecen fusionados. La oposición deja de ser oposición para convertirse en agente infiltrado de una amenaza superior. La crítica política ya no merece debate; merece neutralización.

El problema no reside únicamente en la acusación. Reside en su amplitud.

«Narcoterrorismo», «intereses internacionales», «hacer daño a la patria» son categorías suficientemente ambiguas como para incorporar dentro de ellas a una enorme diversidad de actores políticos y sociales. La indeterminación del enemigo amplía el margen para justificar futuras acciones represivas.

Existe además una contradicción significativa.

El Presidente reconoce «el derecho a la protesta», pero inmediatamente establece una división entre protestas legítimas e ilegítimas utilizando criterios esencialmente políticos e ideológicos, no jurídicos. La legitimidad de la movilización deja entonces de depender del ejercicio de un derecho constitucional y pasa a depender de la interpretación que el poder haga sobre las motivaciones de quienes protestan.

En una democracia constitucional, corresponde a los tribunales determinar responsabilidades individuales mediante pruebas y debido proceso. Cuando desde la máxima autoridad política se anticipa públicamente quiénes son «los culpables» y se exhorta a jueces y fiscales a castigarlos, surge una tensión evidente con el principio de independencia judicial.

El verdadero riesgo de discursos como éste no consiste únicamente en su dureza verbal. Consiste en que desplazan progresivamente el lenguaje de la política hacia el lenguaje de la guerra moral. Cuando el adversario deja de ser un ciudadano con derechos para convertirse en alguien que «hace daño», que responde a conspiraciones internacionales y cuya misión es destruir la patria, la deliberación democrática pierde espacio frente a la lógica de la eliminación política.

La historia demuestra que los autoritarismos rara vez comienzan suprimiendo derechos de manera abrupta. Con frecuencia empiezan construyendo un consenso emocional según el cual ciertos ciudadanos dejan de ser vistos como interlocutores legítimos y pasan a ser considerados enemigos cuya exclusión aparece no sólo como posible, sino como necesaria para salvar a la nación. Esa es, precisamente, la lógica que conviene examinar críticamente en el actual momento político boliviano.