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Etiqueta: Cerimedo

  • Audio conectó a Cerimedo con narcos y apareció foto con hijo de Trump: La seguidilla de hechos ocurridos en medio de detención del fiscal general de Bolivia

    Audio conectó a Cerimedo con narcos y apareció foto con hijo de Trump: La seguidilla de hechos ocurridos en medio de detención del fiscal general de Bolivia

    Durante la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre, la policía boliviana, por instrucciones de Estados Unidos, aprehendió a distintos personajes del poder judicial boliviano.

    Por supuesto que ninguna de esas autoridades y ex-autoridades son figuras intachables, pero el mismo hecho que hayan aprehendido a la máxima autoridad judicial de un país, Roger Mariaca, fiscal general del Estado, quien estaba dando curso a las investigaciones contra Cerimedo, por órdenes de Estados Unidos, es grave y atenta contra la ya escasa soberanía de nuestros países.

    El encadenamiento de hechos demuestra que hay un diseño detrás de todas estas maniobras de injerencia por parte de Estados Unidos.

    El 28 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. revocó la visa de Mariaca y lo acusó de «solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico». Dos días después, el 30 de septiembre, la policía boliviana lo detuvo en el aeropuerto de Viru Viru, junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, para llevarlos a Estados Unidos.

    Casi al mismo tiempo, se reportó la aprehensión de otros fiscales como Martín Irusta (fiscal superior y exabogado de Evo Morales), Meison Mamani y Julio César Porras, entre muchos otros. Hasta estos momentos se desconoce la cifra total de fiscales aprehendidos.

    La acusación de Estados Unidos operó como una orden de captura extraterritorial. El vínculo que explica la urgencia de Washington es el que Beller reveló, y son las fotografías de Cerimedo junto al hijo del Presidente estadounidense, y Brad Parscale, su exjefe de campaña.

    Beller preguntó públicamente si el veto a Mariaca no era, en realidad, «una protección a una red política denominada MAGA».

    La investigación de Mariaca amenazaba con exponer las conexiones bolivianas de un operador directamente ligado al círculo íntimo del poder estadounidense. En ese sentido, la sanción a Mariaca se enmarca en el Escudo de las Américas, pues el comunicado del Departamento de Estado fue explícito cuando dijo que las acciones de Mariaca «socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer».

    De la misma manera, también esta madrugada, un cuantioso operativo de la policía con agentes encapuchados intervino ilegalmente, sin órden judicial previa, la fiscalia boliviana con el evidente objetivo de hacer desaparecer las pruebas contra Cerimedo y sus escandalosos vínculos.

    Además, esta operación se produce tan solo días después de que se haga público un audio de una llamada en la que se pronuncia Cerimedo con agentes del narcotráfico para facilitar el despegue y llegada de avionetas cargadas con droga desde el departamento del Beni.

    Por su lado, el vicepresidente Edman Lara, quién hizo público este audio, señaló que Cerimedo recibía 15 000 dólares por cada narcoavioneta que consumaba su trayecto.

    Simultáneamente, también el día de ayer, 30 de septiembre, el único detenido por el Caso Narcomaletas, Juan Carlos Espinoza, falleció en la cárcel de Palmasola y las causas aún no están esclarecidas. El caso maletas hace referencia al escándalo ocurrido el 29 de noviembre de 2025, cuando Laura Rojas, exasambleísta cercana al presidente Rodrigo Paz, llegó al aeropuerto de Viru Viru desde Miami con 32 maletas sin que las autoridades competentes hagan revisión de las mismas.

    Poco después se supo que venían cargadas de armamento y kilos de narcóticos. Pasaron los meses y no existían responsables imputados, la indignación social presionó para que se esclarezcan los responsables y encarcelaron a un personaje desconocido al que impidieron hablar.

    En junio de este año se hizo conocido otro escándalo relacionado al narcotráfico, cuando los controles chilenos dieron con 108 toneladas de cocaína impregnada en lo que parecían ser maderas para exportación (la incautación más grande que hizo el Estado chileno en toda su historia).

    Este caso, conocido como el Caso Narcomaderas, tampoco está esclarecido hasta ahora. Las siguientes semanas se hicieron conocidos los vínculos del gobierno de Paz con los empresarios madereros y en particular con su director de ENDE (Empresa Nacional de electricidad) Zvonko Matkovic, conocido exponente de la oligarquía criollo extranjera asentada en Santa Cruz, dueño de empresas madereras relacionadas con este escándalo.

    Esta seguidilla de hechos desarrollados en tan poco tiempo, en medio de la aprehensión de Cerimedo y la información que se fue ventilando por audios grabados y declaraciones de su ex pareja, Nadia Beller, dan a entender que todo lo expuesto está más conectado de lo que creemos.

    Cerimedo, uno de los principales impulsores del Escudo de las Américas y hombre de Trump en América Latina, no solo se queda con la etiqueta de mercenario de la desinformación, a esta se le suman dos etiquetas más: sería el agente (vínculo) de la corrupción de las derechas latinoamericanas y un «capo» de la droga.

    Desde la asunción de Rodrigo Paz, Bolivia se va consolidando como un narcoestado gobernado desde Estados Unidos.

    Sara Valentina Enriquez Moldez

  • Cerimedo: ¿quién le abrió las puertas del poder?

    Cerimedo: ¿quién le abrió las puertas del poder?

    El caso Cerimedo no puede reducirse a la conducta de un consultor argentino detenido en Bolivia. Lo que está en discusión es algo mucho más serio: ¿cómo pudo una persona sin cargo público adquirir semejante acceso al Gobierno de Rodrigo Paz? La pregunta no es solamente qué hizo Cerimedo. La pregunta es quién tenía el deber de controlar su presencia, quién le abrió las puertas del poder y quién permitió que llegara hasta donde llegó.

    No estamos hablando de una relación privada entre dos particulares. Los materiales difundidos muestran a Cerimedo relacionado con el entorno presidencial, ministros y funcionarios. En audios atribuidos a distintas autoridades se habla de operaciones, conflictos sociales, cambios dentro del gabinete y estrategias de comunicación. La autenticidad de esas grabaciones deberá establecerse mediante las pericias correspondientes. Pero su difusión ya plantea una cuestión elemental: ¿qué cargo tenía Cerimedo para intervenir en asuntos que corresponden a autoridades del Estado?

    Si era solamente un asesor, hay que saber quién lo contrató, bajo qué condiciones y cuáles eran sus atribuciones. Si no tenía un cargo formal, hay una pregunta todavía más importante: ¿en virtud de qué autoridad podía acceder a información, funcionarios y decisiones gubernamentales?

    Estas son las preguntas mínimas sobre esa responsabilidad:

    ¿Quién lo introdujo al entorno presidencial?

    ¿Quién lo presentó a ministros y funcionarios?

    ¿Quién mantenía comunicación con él?

    ¿Quién recibía sus informes?

    ¿Quién le proporcionaba información sobre operaciones?

    ¿Quién permitió que un extranjero sin función constitucional participara en asuntos de Gobierno?

    Estas preguntas no son una acusación. Son las preguntas mínimas que una investigación seria debe responder.

    Porque incluso si Rodrigo Paz afirmara que desconocía el verdadero alcance de las actividades de Cerimedo, la responsabilidad política no desaparece. Si el Presidente no sabía, ¿cómo pudo un operador sin cargo formal llegar hasta ese nivel de acceso? Si sabía, ¿qué hizo para impedirlo? Y si recibió información o coordinó acciones con él, ¿qué sabía, cuándo lo sabía y qué decisiones tomó?

    Hay además una pregunta que hasta ahora tampoco tiene una respuesta pública suficientemente documentada: ¿en qué condición migratoria permaneció Cerimedo durante sus frecuentes ingresos y estadías en Bolivia? La reglamentación de la Ley de Migración establece que la visa de turismo o visita no implica el ejercicio de actividades remuneradas o lucrativas, mientras que existen categorías específicas para quienes realizan actividades de trabajo. Por tanto, si Cerimedo desarrolló en Bolivia una actividad remunerada bajo una condición migratoria que no la autorizaba, corresponde establecer qué ocurrió, quién conocía esa situación y qué hicieron las autoridades competentes.

    La denuncia del exabogado de Cerimedo, Ramiro Vega, abre otro frente que también debe investigarse. Vega sostiene que Gilda Céspedes, secretaria privada del Presidente, se comunicó con su exesposa, Roxana Lizárraga, para plantearle que abandonara la defensa y preguntarle si podía hacer algo para que los medios dejaran de hablar del caso. Según Vega, la llamada ocurrió después de que él y Cerimedo prepararan una solicitud para que pudiera conceder una entrevista a la prensa. Poco después, Cerimedo prescindió de sus servicios.

    Si la denuncia de Vega se confirma, la pregunta inevitable es: ¿a quién le interesa bajar la intensidad mediática del caso?

    ¿Céspedes actuó por iniciativa propia?

    ¿Informó al Presidente?

    ¿Recibió alguna instrucción?

    ¿Quién conocía la intención de Cerimedo de dar una entrevista a la prensa?

    ¿Por qué Cerimedo cambió de abogado inmediatamente después?

    ¿Existen registros, mensajes o testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido?

    No corresponde convertir una denuncia en sentencia. Corresponde investigarla.

    La Constitución establece responsabilidades concretas para quienes ejercen el poder. El artículo 172 atribuye al Presidente la dirección de las políticas del Estado y de la administración pública; además, le corresponde designar a los ministros y ejercer otras funciones de conducción estatal. El artículo 122 establece la nulidad de los actos de quienes usurpen funciones que no les corresponden. Y el artículo 124 define específicamente los supuestos de traición a la patria. Por eso tampoco corresponde utilizar esta última figura antes de establecer los hechos.

    Lo que sí corresponde es reconstruir la cadena de acceso, conocimiento, coordinación y responsabilidad.

    Cerimedo puede responder por sus propios actos. Pero un operador no se instala solo en el corazón del poder. Alguien lo introduce. Alguien lo recibe. Alguien le permite entrar. Alguien conoce su influencia.

    Y, si las actividades y denuncias se confirman, nuevas preguntas retumban: ¿quién intenta protegerse de quién? ¿Paz de Cerimedo, o Cerimedo de Paz? ¿Siguen coordinados?

    Cerimedo puede terminar en Chonchocoro. El problema de Bolivia no termina allí.

    La sociedad boliviana tiene derecho a saber quién abrió esa puerta, quién permitió que permaneciera abierta, qué ocurrió detrás de ella y quién intenta hoy bajarle el perfil mediático, y para qué.

    No necesitamos una explicación conveniente. Necesitamos verdad, investigación y responsabilidades: desde el primer eslabón de la cadena hasta el último.

  • BOLIVIA no está en Venta: Crisis Económica, la sombra de la Injerencia y Soberanía.

    BOLIVIA no está en Venta: Crisis Económica, la sombra de la Injerencia y Soberanía.

    Cerimedo fue asesor de comunicación de Paz, aunque el Gobierno sostiene que no era funcionario público. Actualmente enfrenta investigaciones en Bolivia por violencia doméstica, manejo discrecional de fondos del Estado y una tercera investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, la administración atraviesa graves dificultades económicas; el Congreso censuró al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien fue posteriormente removido.

    Bolivia vive una de las etapas más delicadas de su historia reciente. La crisis económica golpea el bolsillo de las familias, aumenta la incertidumbre, escasean combustibles y divisas, crece la pobreza y, peor aún, se extiende la preocupación por el futuro. Sin embargo, desde el Gobierno se desvaloriza a quienes osan cuestionar las declaraciones oficiales.

    En este contexto, el Gobierno de Rodrigo Paz tiene la obligación de ofrecer respuestas claras, transparentes y soberanas. Pero, en lugar de certezas, aparecen cada vez más preguntas: ¿Quiénes toman realmente las decisiones del Estado? ¿Quiénes tienen acceso al poder? ¿Qué intereses económicos están detrás de determinadas políticas? ¿Qué papel desempeñan operadores extranjeros vinculados a la política regional? Y, sobre todo, ¿estamos ante decisiones soberanas del Gobierno boliviano o ante una creciente influencia de intereses externos?

    Existen dudas sobre Cerimedo. Actuó con una política de injerencia externa. Sería necesario exigir una investigación para determinar de dónde proviene esa injerencia y si forma parte de un nuevo Plan Cóndor mediático para dominar y decidir en nuestro país.

    La presencia de Fernando Cerimedo en el entorno presidencial merece una investigación seria y transparente. Este caso no puede reducirse a un problema personal. El propio Gobierno confirmó que asesoró a Rodrigo Paz en comunicación, aunque negó que tuviera un cargo formal en la administración pública. No obstante, diversos reportes periodísticos han señalado una influencia considerable de Cerimedo en el entorno presidencial.

    Actualmente, Cerimedo está detenido preventivamente y enfrenta investigaciones en Bolivia por violencia doméstica y otros delitos más graves, como el enriquecimiento ilícito. La Fiscalía anunció una tercera investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.

    Pero existe una cuestión política que no puede ignorarse: ¿cómo pudo una persona extranjera, vinculada anteriormente a la política argentina y a sectores de la derecha regional, adquirir tanta cercanía con el entorno del poder boliviano?

    Esta pregunta no es xenófoba ni partidista. Es una pregunta democrática. Cualquier gobierno tiene derecho a recibir asesoramiento extranjero, pero cuando esos asesores tienen acceso privilegiado al poder, participan en estrategias políticas y mantienen vínculos con actores de otros países, la sociedad tiene derecho a saber quién los financia, qué intereses representan, cuál es su verdadera influencia y cuáles son sus ganancias. En cualquier caso, la injerencia extranjera debe investigarse.

    Por ello, el debate debe plantearse en términos de soberanía, transparencia e independencia nacional: ¿Existen gobiernos extranjeros interviniendo en decisiones bolivianas? ¿Existen empresas extranjeras que financian operadores políticos? ¿Existen consultores foráneos con influencia sobre decisiones económicas? ¿Existen contratos o negocios vinculados a esos operadores? ¿Qué relación existe entre las decisiones gubernamentales y determinados intereses empresariales? ¿Quiénes se benefician de las políticas sobre combustibles, minería, oro, litio, hidrocarburos y empresas públicas? ¿Qué compromisos está adquiriendo Bolivia con organismos financieros internacionales?

    Estas preguntas deben responderse públicamente.

    La soberanía nacional no significa únicamente defender las fronteras territoriales. También significa tener capacidad para decidir qué hacemos con nuestros recursos naturales, qué modelo económico queremos construir, cómo administramos nuestras empresas públicas, cómo protegemos el patrimonio nacional, qué condiciones ponemos a los capitales extranjeros y, fundamentalmente, cómo protegemos a nuestra gente.

    La salida de la crisis no puede consistir simplemente en reducir el Estado, disminuir la inversión pública, eliminar políticas sociales, entregar empresas estratégicas o recurrir al endeudamiento externo sin una estrategia productiva nacional.

    Bolivia necesita estabilizar su economía, pero también necesita producir, industrializar, generar empleo y proteger a las familias. Bolivia no puede salir de una crisis económica entregando su capacidad de decisión.

    La experiencia histórica de América Latina demuestra que las crisis económicas pueden convertirse en oportunidades para imponer agendas que, bajo el discurso de la modernización, terminan debilitando al Estado, privatizando bienes públicos, reduciendo derechos sociales y entregando sectores estratégicos a intereses privados.

    Por eso debemos mirar con especial atención las políticas económicas que impulsa el gobierno de Rodrigo Paz.

    No se trata de culpar de la gravedad de la crisis a los gobiernos anteriores. Se trata de preguntarnos ahora quién paga el costo de la crisis y quién obtiene beneficios de las soluciones, si es que las hay. La pregunta fundamental no es únicamente cuánto dinero puede conseguir Bolivia, sino: ¿para qué se va a endeudar, quién administrará esos recursos y quién pagará la deuda?

    No queremos dependencia de ningún imperio: ni del norte, ni del capital transnacional, ni de organismos financieros, ni de gobiernos extranjeros.

    Queremos una Bolivia soberana. La defensa del Estado Plurinacional también es económica.

    La Constitución Política del Estado no concibe a Bolivia únicamente como un mercado. Reconoce un Estado Plurinacional, con recursos naturales estratégicos y con responsabilidades sociales y económicas. Por eso, defender el Estado Plurinacional significa defender: el litio, el gas, los minerales, el agua, los bosques, la biodiversidad, las empresas estratégicas, la seguridad alimentaria y el patrimonio público.

    Pero también significa defender la democracia, la transparencia y el derecho de la ciudadanía a saber quién toma las decisiones.

    Cochabamba, agosto de 2026

    Por María Isabel Caero

  • El Fetichismo del Poder

    El Fetichismo del Poder

    ¿Cómo caracterizar al gobierno, en este momento de crisis? Aplicando el instrumental teórico de Enrique Dussel, podemos calificar al gobierno como un gobierno corrupto, esta calificación tiene que ver con las características que señala Dussel, partiendo de la definición del fetichismo del poder que es denominada como la corrupción originaria y que consiste en la creencia que la fuente del poder político es el actor que se autorreferencia, por ejemplo cuando escuchamos a un ministro decir que toma una decisión, “ porque es el ministro”; esta autorreferencia es la señal que su poder esta corrompido. Siguiendo con Dussel, nos dirá que el representante del poder corrompido “puede usar un poder fetichizado, por el placer de ejercer su voluntad, como vanagloria ostentosa, como prepotencia despótica, como sadismo ante sus enemigos, como apropiación indebida de bienes y riquezas”. Estas características no son exclusivas del actual gobierno, sino del conjunto de la llamada “clase política” en toda la historia boliviana, el paradigma de este ejercicio del poder fetichizado ha sido, sin lugar a dudas Mariano Melgarejo.

    Los últimos días, en Bolivia han sido testigos de un “sismo político” definido así por el vocero presidencial; el origen de este sismo ha sido la declaración de un intento de asesinato de una operadora política de larga trayectoria, por parte de su compañero sentimental, conocido en el mundo de los “asesores” electorales y denunciado en la Argentina por actos fraudulentos.

    El gobierno y todos sus dispositivos han realizado grandes esfuerzos por minimizar la influencia de este asesor personal del presidente, esfuerzo que le ha tocado al vocero presidencial, que en este empeño ha perdido la poca credibilidad que tenía, ya que sus declaraciones afirmativas de negar el rol del asesor, fueron desmentidas, a través de las redes sociales, con innumerables registros audiovisuales y fotografías, y testigos presenciales que han dado su testimonio del poder que ostentaba el asesor; tal parece que el vocero no ha tomado en cuenta los registros que permite la actual tecnología de la comunicación como criterio de verdad.

    Los gobiernos de la derecha boliviana, han tenido siempre la “colaboración” de personal de inteligencia de los gobiernos norteamericanos, especialmente para el nombramiento de Ministros y otras autoridades; en este caso queda la duda del tipo de opiniones que tenía la “Embajada” acerca del asesor, abriendo la especulación de afirmar que el asesor es personal de una de las instituciones de inteligencia norteamericana.

    La figura y actos de este asesor importante e imprescindible para el gobierno es el reflejo de lo señalado por Dussel en lo referido al uso del poder fetichizado como apropiación indebida de bienes y riquezas, debilitando aun más la maltrecha práctica política boliviana, retornando a las épocas donde el ejercicio de la política era sinónimo de enriquecimiento personal.

    Ahora bien en este escenario dramático de la historia boliviana, es pertinente volver a Dussel cuando señala que “la corrupción es doble cuando el gobernante se cree sede soberana del poder, y la comunidad política se lo permite”, aquí debemos entender a la “comunidad política” como pueblo, como sociedad y en esa medida debemos asumir nuestra cuota parte en esta doble corrupción del poder político, por permitir ese uso arbitrario, fetichizado del poder, que repetimos no es exclusivo del actual mandatario sino una constante en nuestra historia.

    El fetichismo del poder, en nuestro país es una herencia del hecho colonial, la figura del conquistador, poseedor de todo el poder se ha establecido como el modelo de los gobernantes bolivianos, pese a los esfuerzos de Russeau, J. Locke, y el propio Marx para relativizar el poder concentrado. El fetichismo del poder es contrario a todo concepto de democracia en el sentido del gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, la evidencia empírica nos demuestra que no existe democracia allá donde el poder se ha fetichizado y este es uno de esos momentos de su materialización a los ojos de quienes incluso se niegan a ver.

    Año de la crisis de gobierno – Antonio Abal O.

  • Estado de situación

    Estado de situación

    En estos días aciagos de una lucha a muerte entre la ambición el poder y su inseparable sombra que es la muerte, los bolivianos y bolivianas nos encontramos envueltos en una trama que desnuda los recovecos del poder político y la acumulación de riqueza.

    Bolivia tiene una historia plagada de tragedias, grandes fortunas amasadas con el sufrimiento de hombres y mujeres que desde tiempos coloniales son el sujeto del desprecio. Los arrebatos racistas que caracterizan los discursos “civilizados” de una modernidad inconclusa, son la antesala de las tragedias que afectan duramente a ese pueblo que sostiene sobre sus espaldas a las elites que les enajenaron no solamente sus territorios sino parte de su dignidad.

    El culebrón Beller-Cerimedo ha desnudado esa querella por el poder, aquí no importa el montaje del escenario, tampoco importan los actores, sino los efectos de la obra sobre los indefensos observadores que angustiados estamos naturalizando estos acontecimientos cuidadosamente acumulados, para que por repetición sean aceptados como característica del poder. Indefensos como estamos, somos prisioneros de la angustia y el temor, materia prima para aceptar cualquier posibilidad que nos devuelva la tranquilidad en su versión de “salvadores de la patria”, nuevamente la perversa separación entre “clase política” y pueblo nos ha convertido en una especie de comarca feudal donde los nobles disfrutan de sus privilegios y al resto sólo nos queda festejar sus ocurrencias y sus confrontaciones.

    Las elites, en esta su confrontación por el poder saben que el pueblo en su veredicto electoral no volverá a repetir el “mal menor”, saben que su ciclo tiene su fatal fecha de expiración, por eso asumen medidas desesperadas para definir su hegemonía, para definir su derecho de propiedad sobre el Estado, sobre las vidas y haciendas.

    Por el otro lado existe un pueblo que no encuentra el cauce que redima sus angustias, sus temores, la llamada izquierda fue el peor ejemplo durante el gobierno de Luis Arce, y sirvió para que se pierda la legitimidad ganada en las bocaminas, en las fábricas, en las aulas universitarias y las jornadas de lucha callejera ¿cómo rearticular ese cuerpo fracturado?

    Hace pocos días atrás en Cochabamba se realizó un conversatorio justamente para encontrar respuestas a esta pregunta. Los matices de las respuestas tenían un punto en común: defender lo avanzado, que nos es otra cosa que la defensa de la Constitución, que tiene una sentencia de muerte dictada por el poder concentrado de las oligarquías agro-mineras-empresariales.

    Los escenarios violentos de ajusticiamientos, secuestros, robos asaltos, están acompañados de medidas económicas sorpresivas en forma de decretos, amparados en un Estado de excepción que no logra domesticar la furia popular. Las primeras rupturas de esta medida ya se han manifestado y es que tarde o temprano una gota hace que el agua se desborde, y esa gota se encuentra en el entramado de un triángulo amoroso (o tal vez un cuarteto) que arrastró a todo el país; las diferentes interpretaciones de este acontecimiento confunden mucho más al atribulado pueblo que deambula buscando alimento y carburantes, el gobierno ya no puede dar certeza de nada, su vocero en pocos segundos es desmentido en sus aseveraciones y sus palabras hilvanadas para explicar lo sucedido tratan de opacar la inteligencia que todavía nos permite discernir entre tanta caótica información que destila un color amarillento.

    La descomunal batalla entre un aparato mediático y los ciudadanos indefensos está logrando éxitos, ya que los temores se transforman en conductas decididas para aceptar “lo que venga” con la esperanza de ver, por fin, acabada esta desequilibrada realidad, que por otra parte fue culpa también de la decisión popular. No dejarse intimidar por el miedo y seguir caminando pese a las adversidades y tener claro que toda conquista se defiende o se la pierde, según la intensidad de la batalla, es pues la tarea cotidiana de nuestra existencia.

    Antonio Abal O.