Aunque nada tenga que ver con aquella bellísima canción de Juan Carlos Baglietto a dúo con Ana Belén, dedicada a la ternura entre una madre y su hijo, abril nos depara grandes sorpresas desde el inicio del siglo. Una de ellas fue la denominada “Guerra del Agua” de abril de 2000.
Este mes también concentra fechas clave en la historia boliviana: el 9 de abril, la Revolución de 1952; el 17, la fundación de la Central Obrera Boliviana (COB); y el 22, el Día de la Madre Tierra, una conmemoración que, sin embargo, no termina de asumirse plenamente. Las instituciones no logran garantizar el respeto a las normas que protegen a la naturaleza ni hacen efectiva la defensa de la Pachamama.
Las jornadas de abril de 2000 marcaron el surgimiento de una fuerza social que, en su momento, anunciaba la construcción de un gran movimiento nacional y latinoamericano. Fue entonces cuando la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida lanzó la convocatoria al bloqueo indefinido en Cochabamba, como respuesta a una enérgica presión social.
Pero lo que marcará la pauta en este nuevo abril son los decretos que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha venido emitiendo. Uno de ellos es el Decreto Supremo 5595, que implementa el programa “Tranca Cero”. La paranoia gubernamental llega a extremos cuando a Paz Pereira se le ocurre gobernar por decreto. Hasta ahora ha emitido más de 50 decretos, intentando justificar su estilo de gobierno, pero sin mostrar la más mínima voluntad de mirar siquiera de reojo la Constitución Política del Estado, cuyas normas parece ignorar por completo.
Su programa “Tranca Cero” hace alusión a su muletilla cansona, repetida una y otra vez en sus discursos. Según el decreto, se elimina la exigencia de presentar fotocopias del carnet de identidad y certificados de nacimiento, como si con ello se fuera a erradicar la burocracia estatal, un problema enquistado desde hace décadas en el país.
Otro hecho llamativo es el instructivo del Ministerio de Educación, que dispone la realización de “actos breves” y la participación únicamente de “pequeñas delegaciones de estudiantes” en los desfiles cívicos. Plantear “actos breves” y “delegaciones reducidas” implica asumir que el civismo es una actividad secundaria o prescindible, cuando en realidad forma parte de la educación integral y de la preservación de la memoria colectiva.
Reducir ese legado a actos simbólicos con pocos estudiantes es minimizar el sacrificio de generaciones enteras. La memoria histórica debe ser explicada, compartida y vivida por todas las comunidades educativas. Un país que olvida su historia se vuelve vulnerable y pierde el rumbo. De ahí que sea justificable la protesta de bordadores, artesanos, payasos y fotógrafos ante la prohibición de estas actividades, que formaban parte de su quehacer cotidiano y, sobre todo, de su sustento económico.
Finalmente, el Gobierno nos presenta otro “cuentito” con bombos y platillos: mediante videos y fotografías, intenta mostrar la existencia de una red de sabotaje y robo de combustibles que operaría entre Bolivia y Chile, y que en cinco meses habría alterado el combustible de 5.000 cisternas, afectando unos 150 millones de litros comercializados en el país.
Según el Ejecutivo, entre octubre del año pasado y marzo de esta gestión ingresaron al país unos 150 millones de litros de combustible “adulterado con agua sucia y aceite usado”, que habrían causado daños en el parque automotor. Sin embargo, en ningún momento se presentan los autores o responsables de esa red. No hay detenciones. Solo ruido mediático como parte del show oficial.
El gobierno quiere acostumbrarnos a que se gobierne por decreto. Todos lo afirman, y está claro que, si bien el Ejecutivo puede dictar decretos, no puede “gobernar por decreto” en el sentido pleno de legislar o sustituir al Órgano Legislativo. Así, mientras unos andábamos expectantes al desenlace de la selección de fútbol, otros se afanaban rápidamente en aprobar decretos y leyes en contra del pueblo.
*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe
