El 28 de agosto de 1986 la Marcha por la Vida fue cercada por el mayor dispositivo militar-policial desde la guerra del Chaco. Tres divisiones del ejército, fuerzas policiales, apoyadas por la aviación y la naval, fueron la fuerza desplegada para cercar y desmovilizar a una multitud de más de 10.000 ciudadanos, que desde siete días atrás acumulaba su fuerza; su cansino andar difundía su pregón a toda Bolivia: Es por la vida. Los mineros no pueden morir, se clamaba en todos los confines, de la nacionalidad misma se trataba.
Un año atrás se había dictado el DS 21060 que delineaba la nueva política económica y rescataba para sí el monopolio de la actividad política. Se suprimieron conquistas que eran a la vida del minero, la razón de su permanencia en el campamento: la pulpería como centro de abastecimiento, la educación permanente, la salud como un derecho, la estabilidad laboral como garantía de una vejez segura, también se cortaron los contratos de sobreproducción.
Los problemas no eran nuevos: ya el mismo año, en marzo, los mineros presentaron un plan de rehabilitación de sus empresas y lograron que el gobierno de Siles Zuazo desembolsara 10 millones de dólares; las maquinarias y equipos estaban en los puertos y el cambio de política los dejarían encajonados por mucho tiempo. En agosto de 1985 se logró, en pleno estado de sitio y con la dirigencia encarcelada, el compromiso del gobierno de considerar un plan que demostrara la sostenibilidad de COMIBOL. El plan que contaba con el aval de universidades y la Pastoral Social se presentó, pero la respuesta fue un rotundo No.
En Calamarca se volvieron a ver dos sujetos: militares y obreros, que desde 1964 se enfrentaban para conducir el Estado; desde visiones diferentes, lo señorial y lo popular, en un mismo esquema de acumulación: el capitalismo de estado. La fuerza militar había sido arrinconada después de sangrientas y delincuenciales gestiones gubernamentales y cedió el poder a los civiles agrupados en partidos políticos. La fuerza minera, defendiendo la empresa estatal, buscaba mantener su existencia social, para incidir con una visión de desarrollo, democracia y justicia social.
El desgobierno de la dictadura había endeudado al país en un 80% del Producto Interno Bruto, sin posibilidades materiales de honrar los compromisos; se desatendieron los problemas productivos, un kilo de carne costaba más que una libra de estaño, las necesidades alimentarias no podían ser satisfechas: en medio de la especulación y la distribución de cupos, nacían los nuevos ricos. El estado de bienestar social había colapsado, era la hora de volver a viejos caminos. El liberalismo retornaba brioso en manos de quienes lo habían condenado en 1952. El llamado era trágico: “Bolivia se nos muere”, jamás se preocuparon de decir quienes lo habían llevado a ese estado de inanición. La explicación era la ineficiencia, la corrupción -el mal congénito del Estado- males que ellos practicaban en los gobiernos de los cuales fueron parte.
La solución fue la privatización de más de 200 empresas del Estado, no sólo del gobierno central sino también de las prefecturas. Se trataba también de la capitalización de empresas estratégicas que tenían el monopolio del mercado interno, se dio la flexibilización laboral para conseguir empresas eficientes, la informalidad como forma de sobrevivencia, la uniformidad tributaria sin distinción de la explotación extractivista de un recurso natural o de servicio, la supresión de la regalía minera para bajar los costos. La economía en números macros estaba bien, había mucha exportación, exportar para vivir se decía, pero pocos ingresos para el Estado, incluso había que mendigar préstamos para pagar el sueldo de los maestros. Al no dar de comer al ciudadano común el modelo neoliberal fracasó.
Así volvió el Estado planificador: los recursos naturales son de los bolivianos, es el capital para la industrialización, la empresa estatal es la única, contra los extractivistas, capaz de añadir valor con la fundición y la industrialización. El discurso del MAS fue más amplio que la realidad, 20 años de neoliberalismo, venerando la iniciativa privada o la oportunidad para la acumulación personal, el menoscabo a la ideología y por lo tanto de los valores fue la herencia que dio como resultado la estabilidad, solucionando los requerimientos de los sectores sociales, sin su articulación con el proyecto grande del vivir bien. La crisis que padecemos no es por el achicamiento de la economía sino por el crecimiento asimétrico del sector estatal frente al privado; hoy la economía está hegemonizada por el sector privado, mientras las obligaciones del Estado (salud, educación, seguridad) son sostenidas por las empresas estatales y el ciudadano común. Incordio que debe ser superado por la lógica económica.
El legado de la Marcha por la Vida está en el coraje de defender lo que se cree con el ejemplo y el sacrificio; del convencimiento que esta patria la haremos nosotros, sin tutela alguna; que este propósito llama al concurso de todos sin privilegio alguno; que la democracia no es un torneo electoral, sino el ejercicio permanente del derecho a observar, sugerir y denunciar cuando se atente contra el bien común. No hay otra forma de construir comunidad; la marcha continua.
