UN PROGRAMA FINANCIERO EMPRESARIAL: El supuesto “Programa Nacional de Reactivación del Empleo” – D.S. 4272

La contradicción fundamental en el capitalismo se da entre los dueños del capital y los trabajadores. En todo hecho productivo de mercancías, los primeros basan su conducta en la acumulación de la plusvalía generada por los trabajadores, los únicos que agregan un valor adicional al de las materias primas y de los medios de producción utilizados -que además les son ajenos-, desplegando su fuerza de trabajo a cambio del salario/sueldo que en términos cuantitativos es siempre menor al valor de dichas mercancías. El resto (el plus-valor) es apropiado por el capitalista.1

Fue la teoría neoclásica a fines del s. XIX, precursora del neoliberalismo, que concibió categorías que adopta la teoría económica vigente junto al sentido común alienado, justificando que la masa de plusvalía expoliada a los trabajadores e invertida por el capital en su forma productiva para producir determinado tipo de mercancías, que una vez efectivamente demandadas o vendidas, resulta en una suerte de salario para el capitalista a título de beneficio o utilidad, pero multiplicado por miles o millones respecto al salario de un obrero o al ingreso de una trabajadora por cuenta propia, o al sueldo de un maestro, etc., etc.2

Bajo el régimen capitalista, los trabajadores desposeídos de medios de producción reciben solo un salario o sueldo a cambio de vender su fuerza de trabajo desplegada en toda actividad propiamente productiva de bienes y servicios (legal o ilegalmente producibles, es lo que menos le importa al capital), suficiente e incluso insuficiente a veces para reponer su fuerza de trabajo perpetuando en su familia la proletarización en tanto que dichos medios de producción, directa o indirectamente, son controlados por un puñado de capitalistas transnacionales.

En la Bolivia de hoy, pese a haberse promulgado el D.S. 4272 – entre otras normas como el D.S. 42773 rechazado por la Asamblea Plurinacional no sólo por la incapacidad con la que el exministro Parada y sus “técnicos” lo presentaron, sino, llana y francamente, por ser anticonstitucional, el gran empresariado sigue clamando y re-clamando “mayor seguridad jurídica”; vaya hipocresía, más aun siendo un socio menor del capital transnacional y gozar de un gobierno “transitorio” cipayo del imperialismo.

Dicha normativa restaura el modelo neoliberal con el agravante que la burguesía criolla es una especie de lumpen burguesía, siempre tratando de minimizar o reducir los costos por el uso de fuerza de trabajo, pagando menores salarios y explotando más a los trabajadores.

Aunque la desocupación, subocupación e incluso mantención permanente de un ejército de trabajadores sin empleo, fue y es una realidad estructural del pobre capitalismo boliviano que, incluso evade la actividad propiamente productiva e industrial, éste a través del actual gobierno transitorio opta por el rentismo y la búsqueda de ganancias especulativo-financieras, a más de exportar con bajo valor agregado y en calidad de materias primas, productos primarios o semielaborados.

Ahora resulta que, en tiempo de crisis económica, social y ambiental, incluyendo la pandemia, con un gobierno pro-oligárquico, ya empezó el “ajuste neoliberal” en nuestra economía. Esos decretos y otras normas que viene imponiendo el “gobierno transitorio”, afectan no sólo a los trabajadores asalariados sino al pueblo en general, entre los que se halla sectores que suele llamarse clases medias y se autocalifican como tales.

Ese paquete de normas, una suerte de D.S. 21060 con el cual en 1985 se implementó el neo-liberalismo por largos 20 años empobreciendo a los y las bolivianas, liquidando YPFB, COMIBOL y cientos de otras empresas públicas nacionales y regionales, precarizarán el trabajo y afectarán también mucho a la economía indígena-originaria campesina, en realidad la única que en tiempos de pandemia alimenta a la población urbana particularmente de ingresos bajos y medios.

No olvidemos que el sujeto indígena comunitario junto a las barriadas, entre las que obviamente estaban los trabajadores y el pueblo pobre en general, fueron los que desarrollaron e impusieron la Agenda de Octubre (del 2003) que desde el 2006 se materializó en la nacionalización de los hidrocarburos y la propia CPE (vigente desde 2009), entre otros logros. Lo indígena-originario desde la colonia y durante toda la era republicana fue oprimido, marginalizado, subsumido, sobre-explotado y expoliado de la tierra y del territorio por la siempre presente oligarquía racista.4

Tampoco, que el capitalismo por esencia y lógica propia de su acumulación, es anti-comunitario. Para el sistema y su necesidad de auto-reproducción, es vital explotar y subsumir a los trabajadores directos e indirectos tanto como depredar y exportar “recursos naturales” como materias primas, liquidando toda forma de organización socio-económica comunitaria. No sólo en Bolivia, sino a nivel planetario.

Así en tiempos de crisis más aún con un gobierno “transitorio” que promulga normas de corto, mediano y largo plazo como el D.S. 4272 bajo el engaño de ser un “Programa Nacional de Reactivación del Empleo” típico del ofertismo neoliberal a lo criollo, se beneficia a los sectores agroindustriales, a las empresas transnacionales y falso-cooperativas mineras, entre otro empresariado grande, además de favorecer a la banca privada de hecho altamente financiarizadora y especulativa. Con dicha norma y otras promulgadas a título de “inyectar liquides a la economía”, terminarán fugando recursos públicos a paraísos fiscales del exterior.

¿Cree el lector que, en tiempos de crisis, pandemia y cuarentena incluida, algún empresario sea micro, pequeño o mediano más tomando en cuenta que parte de éste sector tradicionalmente es calificado como “informal” por la banca, no sujeto de crédito, aunque es altamente intensivo en la generación de empleo y que en el caso de los cuenta-propia trabaja bajo relaciones de producción mercantil simple produciendo para el mercado interno, irá a la banca en pos de un crédito?

Seamos conscientes que, a partir del golpe de Estado, han caído dramáticamente los niveles de actividad y empleo. Para el 2020 no solo se espera la mayor caída económica a nivel mundial desde la crisis de 19295 y en Bolivia se estima una contracción económica con una caída del PIB de -5.9%, es decir una caída de los ingresos y por ende de la demanda, donde resultan más perjudicadas no sólo la gran mayoría de los sectores populares, sino incluso las clases medias que ni mucho menos podrán mantener el estatus de gasto logrado en el período en gobierno del proceso de cambio, victimas también de desempleo y/o la subocupación.

En cambio, el panorama del empleo en Bolivia antes del golpe sólo registró un desempleo abierto de 3.7% (2016) y 4.3% (2018), el más bajo de la región; para 2019 el INE proyectaba una tasa de desempleo de 4.9%. Ello, aunque el trabajo por cuenta propia e “informal” era y es más aún hoy por hoy, una opción necesaria para gran parte de la población. Actualmente, se agudiza el problema de la falta de empleo formal y la caída en picada de los ingresos laborales, más aún con la paralización y el cierre de empresas estales que más temprano que tarde y de seguir la derecha en el poder, terminarán privatizadas y serán entregadas al capital transnacional.

Por todo ello, la crisis causada por la pandemia y la pretendida imposición del neoliberalismo pone en riesgo a un millón de empleos formales y 4.2 millones de trabajos informales,6 en condiciones en que hay más de 700.000 micro, pequeñas y medianas empresas y 60% de los trabajadores autogenera su ingreso como trabajadores por cuenta-propia.

Por otra parte, la base empresarial vigente al mes de enero de 2020 muestra que el sector formal está conformado por 260.560 empresas unipersonales con una participación porcentual en el total de 79.2%; 63.883 sociedades de responsabilidad limitada cuya participación es de 19.4% y sólo 3.554 sociedades anónimas con participación del 1.1% (datos de FUNDEMPRESA).

Esas son las condiciones generales en la cuales se establecen las políticas públicas para el empleo, en este caso en respuesta a problemas de corto plazo provenientes de la pandemia y considerando que el gobierno de facto con tiempo político limitado y una tarea determinada: convocar a elecciones, manifiesta su interés de perpetuarse a como dé lugar, represión incluida, postergando las elecciones ya en tres ocasiones ahora dizque hasta el próximo mes de octubre.

No obstante, el gobierno de facto es repudiado por la gran mayoría popular no sólo por golpista y asesino, sino por corrupto e incapaz. Quiere imponernos el D.S. 4272 favoreciendo a quienes promovieron el golpe de estado, a saber, la lumpen burguesía que como se dijo antes, es el gran empresariado en general, el sector financiero y el de los grandes medios de comunicación que ofician de corifeos.7

El DS 4272 instrumenta fondos: el Fondo de Empleo (FORE), Fondo de Garantía Sectorial (FOGASEC), Fondo de Afianzamiento para la MYPIMES (FA-BDP), Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria (FOGAVISS); refuerza el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM) para las cooperativas mineras y el Fondo de Apoyo para la Reactivación de la Minería Chica (FAREMIN), es decir la pequeña minería verdaderamente cooperativista; también crea el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).

Esta “fonditis” claramente a favor del gran empresariado que refinanciará su deuda y lo capitalizará (que algunos todavía le dan el beneficio de la duda, para al menos recontratar a sus trabajadores y empleados ya despedidos, recibirá en cuantía de capital muy alta en relación a la destinada para la “minería chica, al “empleo de emergencia” temporal y precario,8 a las MyPEs “formales” y a la construcción de viviendas que exige a los beneficiarios ganar por mes 3 salarios mínimos (casi Bs.7.500) demostrable por planilla y con cuantías suficientes sólo para hacerse de una vivienda modesta, menos aún bajo las expectativas que tienen las clases medias.

En cambio, los empresarios grandes reprogramarán créditos y obtendrán nuevo financiamiento, siendo estos por lo general exportadores de materias primas o de productos semielaborados, en condiciones en que buscan además depreciar el boliviano respecto al dólar, cuando el 99% en el país obtenemos ingresos en moneda nacional, retroalimentando la inflación ya notoriamente creciente.

Las medidas supuestamente de reactivación de los niveles de actividad económica y el empleo del DS 4272 se enmarcan dentro de la “disciplina fiscal” recomendada por el FMI, pro-cíclicas en fase recesiva, cuando en la mayoría de los países de la región y del mundo afectado por la pandemia se aplica políticas anti-cíclicas, aún a costa de mayor déficit fiscal.

Muestran además favoritismo por la intermediación financiera privada9 en condiciones en que se reduce el encaje legal y tiende a liberalizarse la tasa de interés. Poco o nada le interesa la situación financiera de las empresas privadas condicionada a mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores y a ampliar las fuentes de trabajo.

También se puede identificar una visión asistencialista en el decreto, cuando destina fondos a la ejecución de proyectos de infraestructura pública, intensivos en mano de obra, de pequeña escala y corta duración. Políticas que también fueron aplicadas en el período liberal en Bolivia a partir de 1985, con el mismo énfasis financiero y con la característica de ser una medida social para poner parches precarios al empleo, mas no una solución estructural.10

El “Programa Nacional de Reactivación del Empleo” aprobado mediante el DS 4272, en rigor se enfoca a las grandes empresas, y es ambiguo y demagógico en cuanto a la delimitación de cuáles empresas serán las beneficiadas, al dejar abiertos algunos artículos mediante al uso del adjetivo “otros”. Lo que sí es seguro, es que no serán los trabajadores los que se beneficien de las medidas.

Por otro lado, como se dijo antes recorta la inversión pública, se olvida de las empresas públicas que promueven la industrialización y la soberanía económica nacional, empezando por COMIBOL, ENTEL, BOA, EMAPA y todas las creadas con esfuerzo nacional en los 14 años del proceso de cambio, que además de estar hoy por hoy varias paralizadas, serán sometidas a auditase para posiblemente ser declaradas irrentables e insostenibles

Finalmente, nótese que las empresas estatales generaban la redistribución del ingreso al ser parte de su utilidad neta fuente no sólo de ingresos para el Estado Plurinacional, para la re-inversión expansiva y la reposición de activos, sino para el pago de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla, entre otros en favor de los sectores populares, además de ser generadoras de recursos para la seguridad y la protección social de corto y largo plazo.

Algunas conclusiones sobre el D.S. 4272 y otras medidas del gobierno “transitorio”

Todo programa de empleo debe tener una visión de desarrollo socio-económico y verdaderamente a superar la visión asistencial sobre el empleo con programas “sociales” de corto plazo y empleo precario, para los desocupados y sub-ocupados, empobrecidos y arruinados.

Se vuelve a usar al Estado para enriquecer a la lumpem burguesía y la banca privada especulativa, además al capital transnacional que se prepara para volver a saquear nuestros recursos naturales a través de la presencia directa de transnacionales y bajo la figura jurídica de alianzas estratégicas, que recuerda a los contratos de “riesgo compartido” y a la propia “capitalización” de la etapa neoliberal.

El informe del FMI respecto al instrumento de crédito rápido con motivo del coronavirus, hace referencia al mediano plazo. Mientras que el DS 4272 habla ya del corto plazo y prescribe además medidas de largo plazo, olvidando las fechas por tercera vez ya prorrogadas para las elecciones generales.

El informe también verifica la participación del sector privado, en reuniones de las autoridades bolivianas con el FMI, por lo que podemos inducir que el gobierno de facto orienta sus políticas en beneficio de este sector, que está cobrando además el hecho de haber colocado en el palacio a la presidenta de facto.

Busca que el Estado se haga cargo del 50% de la deuda a ser reprogramada por las empresas privadas cuyos dueños y representantes están relacionados con el gobierno de facto, pretextando prevenir el desempleo causado por la pandemia. Asimismo, se pone al Estado de garante de los nuevos préstamos que serán adquiridos por el sector privado particularmente empresarial grande.

La preocupación por una mayor inversión pública y fomento del consumo de productos nacionales, es simplemente un remedo demagógico del plan de desarrollo del gobierno anterior, que elaboró políticas de fomento incluso con complacencia y beneficio de/los productores nacionales.

Los sectores protegidos con esta normativa son el sector privado agropecuario del oriente del país que tiene afinidad con el gobierno de facto, los bancos que vuelven a ser beneficiados y se constituyen en el único sector que no tiene pérdidas ni en tiempos de crisis ni en tiempos de auge económico.

Fomenta y permite al sector agrario capitalista del oriente la ampliación del uso de semilla transgénica no sólo para el cultivo mono-extensivo de soya, sino para el trigo, algodón y maíz, patrimonio éste último y en calidad y diversidad ecológica de la economía indígena originaria campesina.

El gobierno repite el error que cometieron los países de Europa occidental y EEUU, que en la crisis financiera de 2007-8 inyectaron gran cantidad de recursos a los bancos, como “salvataje” exacerbando y la misma a nivel internacional, Estos recursos no llegaron a los damnificados que perdieron inclusive sus viviendas.

Con el DS 4272 los recursos llegarán al sistema financiero privado y no a los productores, sean formales o informales, sin resolver el problema del desempleo, la calidad del empleo ni la caída de ingresos de las MyPEs y de los y las trabajadores por cuenta propia. Menos de la economía comunitaria, indígena- originaria campesina.

Los sectores populares afectados por el problema del desempleo y la caída de sus ingresos tanto por la pandemia como por el gobierno “transitorio”, deben exigir que lleguen recursos directamente tanto a los damnificados por la pandemia como a los desocupados, los cuentapropistas y talleres de los trabajadores formales e informales, a las MyPEs y no al sistema financiero.

Un gobierno inconstitucional surgeido de un golpe de Estado, carece de representatividad democrática y apoyo de las mayorías. Debe renunciar u ocuparse sólo de aspectos del corto plazo, de solucionar los urgentes problemas de salud por la pandemia y garantizar la realización de las elecciones generales.

Los damnificados, las mayorías que conformamos el pueblo, no debemos renunciar a la democracia, ni al respeto de los derechos humanos, y no debemos permitir que se destruya la economía porque tenemos derecho al trabajo digno y acordemente remunerado por ser el sustento de la vida.

* Moisés Condoretti Aliaga y Humberto S. Zambrana C, son Miembros de la Red de Economía Política.

Notas:

1 En la producción mercantil capitalista es el trabajo la única fuente y medida del valor de los bienes necesarios producidos para la vida social, de “las familias” en el lenguaje de la teoría económica “oficial” e incluso de las “empresas” que demandan otro tipo de “bienes y servicios”, “maquinaria y equipo”, “insumos”, etc. dentro de la creciente división del trabajo en ramas y sub-ramas productivas, para continuar vez tras vez el ciclo productor de mercancías. Esta realidad incluso la reconocen antes que Marx, los “padres” de la ciencia económica, del liberalismo económico: A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill, entre otros.

2 Actualmente la masa de plusvalía expoliada a los trabajadores al haberse invertido antes capital en la producción de mercancías, circula por el mundo bajo la forma de capital dinero de manera altamente especulativa y gananciosa, financiarizadora, generando sin siquiera producir mercancías, dando más y más riqueza a los bancos ¿Que son sino, los “capitales golondrina”, los préstamos que endeudan a las empresas productivas, a las personas que quieren adquirir una vivienda mejor, a los estados nacionales?

3 Por el cual el FMI ha ingresado al país $us320 millones como préstamo condicionando, para que el gobierno retome y ejecute el modelo neoliberal vigente entre1985 y el 2005.

4 El modo de producción capitalista no sólo prevalece en el sector industrial avasallando a los pequeños productor-trabajadores bajo un régimen de producción mercantil simple. El régimen capitalista en la producción agropecuaria actualmente localizada en el oriente, es preponderante; no sólo con particularidades en cuanto a sector primario con propiedad privada sobre la tierra, sino por coexistir con la pequeña propiedad subsumida por la agro-industria capitalista.

5 Llamada la Gran Depresión del siglo XX y que como explica Samir Amín empezó a principios de siglo, se tradujo en las dos guerras mundiales, en el crack de 1929 y todo el periodo de entre-guerras.

6 Fuentes BID; FUNDEMPRESA y otras en el caso de los demás datos del párrafo.

7 Estos sectores fueron funcionales al imperialismo coptando a las cúpulas del ejército y de la policía, e instrumentaron a grupos cívicos, además de fanáticos religiosos cristiano-protestantes y neo-pentecostales, empleando también a paramilitares y grupos de choque, con posiciones, discursos y acciones neofascistas y eminentemente racistas.

8 Al estilo del Fondo Social de emergencia u otros programas como el Fondo Social de Emergencia, el FIS (Fondo de Inversión Social), FOCAS, instrumentados durante en el periodo neoliberal (1985-2005), dando empleo temporal y precario.

9 Otorga un rol protagónico al sistema financiero bancario (Entidades de Intermediación Financiera) y a la bolsa de valores, a través de BDP como banca de segundo piso.

10 No olvidemos que el sector empresarial afiliado a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), siempre ha pugnado por la libre contracción y ha sido eminentemente antisindical.

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