El espacio guevarista de la resistencia
El cinismo es propio de gentes sin principios, sin valores. Los cínicos van tras la búsqueda de objetivos sin trepidar un solo instante en los medios para conseguirlos, así sean estos los más detestables, los más obscenos e inmorales.
Los cínicos, son descarados y hasta procaces en su insolente desvergüenza, son desleales y traidores, ruines y mentirosos.
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No ha sido la “dictadura masista” la que ha puesto entre rejas a Arturo Murillo, el hombre fuerte del gobierno de facto de la autoproclamada Jeaninne Añez. Ha sido nada más ni nada menos que la justicia norteamericana, la que ha puesto el punto sobre la íes. La repartición judicial correspondiente acusa al ex ministro de soborno, lavado de dinero y otros delitos no menores, derivados de la compra fraudulenta de material químico para los “motines” encargados de reprimir al pueblo.
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Como en las viejas épocas feudales, no del todo superadas en Bolivia, se ha consumado un matrimonio sin pedirle consentimiento a la novia. El Senado, el Tribunal Nacional Electoral y el Poder Ejecutivo, a comedida convocatoria de representantes de la Iglesia, de la Unión Europea y de Naciones Unidas, han concertado una nueva ley de convocatoria a elecciones, “hasta el 18 de octubre de 2020”, “impostergablemente”, dice el texto.
Luego, quien preside el órgano electoral, conferencia de prensa de por medio, ha conmovido a la opinión pública, dando detalles de sus esfuerzos por concertar con todos, menos con los directos interesados. Los movimientos sociales que protagonizan un masivo bloqueo de caminos que ha sido deliberadamente devaluado por la información de prensa y sus comentaristas disfrazados de analistas, han sido invitados de piedra, para que escuchen y sean informados, no vaya a ser que luego se diga que no se les tomó en cuenta.
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A los por demás graves problemas que van desgastando de manera vertiginosa a la dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez, se suma ahora un tsunami de descontento, protesta y movilización de las autoridades subnacionales. La razón es muy simple: luego de años de estabilidad económica y disponibilidad de recursos frescos, los municipios del país languidecen por inanición.
Conviene recordar siempre que, en ese tiempo pasado, era posible planificar el desarrollo local porque se tenía la certeza de contar en el momento oportuno con los recursos financieros que fueron posibles gracias a la nacionalización de nuestros hidrocarburos. Y si no, habrá que preguntarle al permanente opositor gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, cuya popularidad la debio en un 100% a planes de electrificación rural financiados con recursos del Estado Plurinacional provenientes de aquella decisión soberana.
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En 1974, luego de la llamada “Masacre del Valle”, el dictador Hugo Banzer Suárez autorizo “matar a comunistas”.
En 1980, el Ministro del Interior de la dictadura, Luis Arce Gómez, amenazó al pueblo con caminar “con el testamento bajo el brazo”, hoy en pleno siglo XXI, este 2020, el Ministro de Defensa amenazó a un ciudadano con hacerlo “desaparecer en 10 segundos”.
La ministra de Salud ha dado este fin de semana el reporte último sobre la evolución e impacto de la pandemia que castiga al país. Se evidencia un claro incremento en casos de contagio y fallecimientos, particularmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Cuán lejos parecieramos estar del día aquel en que la autoproclamada presidenta aseguraba -mintiendo, claro está- que todo estaba bajo control y que el país estaba preparado para enfrentar al coronavirus. Todavía recordamos la fabulosa cifra anunciada para financiar la épica batalla: más de mil millones de dólares, inicialmente, era el presupuesto que se manejaba. El anuncio, por supuesto, iba acompañado de las constantes denostaciones contra la «dictadura» de Evo Morales, cuyo gobierno sólo se habría dedicado a malgastar la plata en canchitas con césped sintético, dejando abandonados los servicios de salud.
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Desde el 10 de noviembre de 2019 se han descompuesto en el país las condiciones para la continuación de un régimen democrático. Jeaninne Añez a través de un golpe de Estado seguido de una forzada sucesión constitucional, en su condición de segunda vicepresidente interina del senado plurinacional, se ha autoproclamado presidenta interina para “llenar el vacío de poder”. Esta situación de gobierno transitorio la obligaba a pacificar al país y convocar a elecciones generales en el periodo de tres meses. Hasta hoy no hay pacificación, el Ministro de Gobierno amenaza con cárcel y ha iniciado una “cacería” de opositores.
El 26 de noviembre se designó al Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el 3 de enero este organismo señaló como fecha de elecciones el 3 de mayo del 2020. El 21 de marzo, después de conocerse los primeros casos de coronavirus, el gobierno determinó cuarentena rígida para evitar contagios y el TSE postergó las elecciones señalando que la nueva fecha seria consensuada con los partidos políticos.
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En menos de un mes se difundieron dos pronunciamientos notablemente críticos hacia el gobierno de facto por parte de autoridades de la Iglesia católica. Resultan señales indudables del grado de descomposición y degradación de la actual administración de gobierno, en particular si tomamos en consideración el silencio de los obispos en los primeros meses del año, y sus simpatías para con el golpe de Estado.
El primero en hablar fue Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). Señaló los peligros de la anunciada incorporación de semillas transgénicas a la producción nacional, los numerosos casos de avionetas descubiertas con importantes cargamentos de cocaína, el nepotismo desvergonzado que se practica en diferentes ministerios y la propia presidencia del país, y por último el palpable desinterés, ineptitud e inoperancia de las actuales autoridades con relación a la gestión de políticas y estrategias sanitarias de cara al Covid-19.
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