Desde el 10 de noviembre de 2019 se han descompuesto en el país las condiciones para la continuación de un régimen democrático. Jeaninne Añez a través de un golpe de Estado seguido de una forzada sucesión constitucional, en su condición de segunda vicepresidente interina del senado plurinacional, se ha autoproclamado presidenta interina para “llenar el vacío de poder”. Esta situación de gobierno transitorio la obligaba a pacificar al país y convocar a elecciones generales en el periodo de tres meses. Hasta hoy no hay pacificación, el Ministro de Gobierno amenaza con cárcel y ha iniciado una “cacería” de opositores.

El 26 de noviembre se designó al Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el 3 de enero este organismo señaló como fecha de elecciones el 3 de mayo del 2020. El 21 de marzo, después de conocerse los primeros casos de coronavirus, el gobierno determinó cuarentena rígida para evitar contagios y el TSE postergó las elecciones señalando que la nueva fecha seria consensuada con los partidos políticos.

Han transcurrido 6 meses y medio del gobierno de Añez y en el marco de la emergencia sanitaria adoptaron medidas que no están dentro de sus atribuciones como haber roto relaciones con Cuba y Venezuela, paralizar los trabajos para industrialización de litio con una empresa alemana, liberar la comercialización de minerales, hipotecar al país con préstamos del Fondo Monetario Internacional, etc.

Vemos con preocupación que no ha tenido la capacidad de responder a la emergencia sanitaria, por el contrario, ha dado muestras palpables de trato discriminatorio a la población, evidentes privilegios familiares, falta de transparencia en el uso de recursos económicos producto de donaciones internacionales para atender la pandemia así como de recursos públicos, no ha podido esconder los escandalosos actos de corrupción en la compra de equipos e insumos para la emergencia sanitaria.

Somos testigos de la falta de implementación de hospitales, ausencia de laboratorios, carencia de medicamentos para atender a los enfermos, escasos test de detección de la enfermedad, excesivos gastos para alquilar salas de internación, instalación de espacios improvisados. No se reciben a los enfermos y los devuelven a sus domicilios donde el aislamiento físico no siempre es posible. Todo esto nos muestra un gobierno lleno de improvisaciones, sin determinación de prioridades, el personal de salud sin las condiciones apropiadas para atender enfermos, ausencia de capacidad de planificación y coordinación con organizaciones sociales y autoridades locales.

Vemos con estupor lo que sucede en el Beni, departamento de donde proviene y al que representa Jeanine Añez; se supone que conoce la realidad y sus necesidades, por tanto también debía tener la capacidad de ofrecerle soluciones. Iniciamos una fase de cuarentena “flexible” cuando no parece que las condiciones para una adecuada y mayor demanda de atención estén dadas.

Todas las manifestaciones públicas de descontento, de preocupación por la sobrevivencia de los y las bolivianas, denuncias de corrupción, etc. encuentran como respuesta: “el responsable de todo es el MAS,” o las amenazas con la cárcel del ministro Murillo. ¿Cómo piensa el gobierno defender nuestra salud y nuestras vidas, que dice, están por encima de sus intereses partidarios? No nos ha dado muestra alguna que sustente esta afirmación, por el contrario, solo vemos acciones de CAMPAÑA ELECTORAL, de interés por mejorar la imagen de la señora Añez y de infundir temor.

No es solo el voto duro del MAS que pide elecciones, es la ciudadanía en su conjunto que las demanda porque quiere “elegir” a quién nos ha de gobernar, en quién vamos a confiar nuestro futuro; no queremos que se sigan tomando medidas que a este accidental gobierno no le corresponden por su calidad de transitorio y porque está cuestionada su calidad política, técnica y ética. Porque aprovechando la pandemia está hipotecando el país y el futuro de nuestros hijos. No queremos el retorno de gobiernos serviles a intereses ajenos.

Por todo ello, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de llevar adelante las elecciones el 6 de septiembre, tomando en consideración todos los factores de riesgo sanitario, técnicos y legales, brindando todas las garantías democráticas, de respeto y protección de los derechos humanos, de comicios limpios y transparentes. ES INDISPENSABLE DARLE AL PAÍS ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA QUE AL MOMENTO NO LA TIENE.