Cuando la política y sus actores son ordenados y normados desde el Estado implica que el poder requiere mantener un orden establecido; la alteración del orden significa una afrenta a la razón temporal estatal.

El Tribunal Constitucional Plurinacional TCP se ha constituido en el actor político, no por iniciativa propia, sino por instrucción de poderes políticos y fácticos para imponer y reordenar el tablero político y con ello confeccionar una arquitectura del poder, proscribiendo derechos para preservar u otorgar privilegios de acceso al gobierno; es decir, que las acciones “constitucionales” tienen como finalidad beneficiarios selectivos.

Los actores políticos que aspiran a mantenerse o ingresar al poder para validarse necesitan previamente del Estado, para que les garanticen ese privilegio como derecho; si no ocurriese este acto previo y necesario, el orden establecido está en duda para su reproducción.

En este escenario, la democracia como institución política está mutilada, el ‘demos-pueblo’ deja de ser es el sujeto de donde proviene la soberanía, sino es el ‘kratos-gobierno’ que se constituye en el fin; para ello prescinde de la fuente principal de un Estado de derecho: es el pueblo.

Nuestra democracia se está desenvolviendo dentro de esta dinámica instituida forzosamente por el TCP; este tribunal tiene la obligación constitucional de “ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales”; contrariamente, hoy, el tribunal legisla a través de sentencias, modificando la Constitución. La modificación parcial o total de la Constitución es facultad privativa del pueblo/soberano; también modifica el ordenamiento jurídico, cuya facultad es privativa de la Asamblea Legislativa. Es decir, los magistrados del TCP se autodelegan facultades que no tienen; esto es posible cuando los poderes políticos y fácticos le permiten y respaldan.

Desde el punto de vista institucional y republicano, es la manifestación de la anomia estatal; cuando el orden establecido y sus actores políticos beneficiarios están en riesgo, es imprescindible que un poder “no” político intervenga subsumiendo al Estado y a la sociedad a su designio arbitrario e impedir que sectores subalternos alteren la forma de vida del poder como cotidianidad política.

El país se electoralizó desde 2022. Esta afirmación no niega la dinámica política inherente a la democracia, sino tiene como finalidad identificar en tiempos el surgimiento preelectoral; la principal disputa, y no la única, se presenta en el campo de lo plurinacional popular.

Conflicto y disputa es el drama que deriva en la fragmentación sindical campesina, el efecto de la fragmentación no está en la conformación de dos bloques sindicales paralelos, sino que el bloque progobierno es validado por el mismo Estado. Esta validación implicó que el TCP y el TSE legalicen a estas organizaciones campesinas del Pacto de Unidad la titularía sobre el MAS; es decir, dos poderes del Estado aparentemente no políticos otorgaron derechos políticos al bloque oficialista confiscando al otro bloque ese derecho que detentaban legítimamente, el de la representación de la organización política.

Los órganos de poder del Estado, al otorgar un derecho político, crearon un derecho sin legitimidad; los beneficiarios son solo nombres que actúan y hablan en nombre de, pero no tienen el liderazgo para representar lo que heredaron como dádiva estatal.

Los beneficiarios de esta decisión tienen su temporalidad; los primeros son los del poder político, pero solo triunfadores simbólicos, porque no logran capitalizar electoralmente la posesión de la sigla electoral; los mayores beneficiarios son los segundos, los poderes fácticos, que aplauden lo hecho sin involucrarse, parafraseando popularmente, sin embarrarse.

Lo segundos, sin ser parte del poder, necesitan mantener el orden establecido proscribiendo a lo plurinacional popular; ése es el escenario ideal que necesitan para volver a apropiarse del Estado.

El cerebro de laboratorio detrás del poder construye el escenario, el conflicto, el drama, trama y organiza el desenlace, sin nombrarlos; pero sí, promocionándolos, tiene a los herederos del poder.

Hoy, esos posibles herederos de los poderes fácticos, sin ruborizarse, descalifican lo andado democráticamente desde inicios de siglo; necesitan de la catástrofe para sancionar moralmente a lo plurinacional popular; la crisis es el estado de situación que impulsaron y promovieron; es en esta temporalidad impuesta no como casualidad, sino como planificación, que se desarrollará las elecciones.

César Navarro Miranda
es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda