Las palabras pronunciadas por Rodrigo Paz durante la clausura del curso «Satinador» del Ejército Boliviano, después 53 días de conflictos sociales, no pueden leerse únicamente como un mensaje coyuntural. El escenario elegido —una ceremonia militar— y el momento político posterior a semanas de movilización convierten el discurso en una pieza de legitimación del nuevo relato gubernamental: el país ya no estaría dividido por conflictos sociales o disputas políticas, sino entre «el pueblo» y quienes deliberadamente «hacen daño».
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Frente a nuevos escenarios, urge una Agenda Social
El conflicto actual nos está llevando hacia escenarios mucho más peligrosos. Después de las acciones violentas contra los movilizados en San Julián, el gobierno aplica con dureza la Le del estado de excepción. Sus operadores en la Asamblea Legislativa agilizaron y fue convertida en decreto por Paz, con el apoyo de los medios y las redes sociales, a quienes agradeció, instrumentos aliados de él que criminalizan la protesta bajo la narrativa de un proceso de desestabilización. Ese camino es peligroso.
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De actores legítimos y truchos
La historia es quien define a sus actores. Unos vienen reconocidos por su acumulado de luchas. Otros quedarán en la memoria de los pueblos como lo que fueron: políticos fracasados del siglo XX. Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge «Tuto» Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y otros siguen su lógica de asalto al poder para continuar con su modelo neoliberal.
La historia del movimiento popular está llena de episodios de lucha heroica por la vigencia de los derechos. Tuvo en la huelga de hambre —con Domitila Chúngara y Luis Espinal— un instrumento épico que, hace más de 40 años, permitió arrancar a la dictadura el retorno de la democracia.
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De la calle Harrington al Picacho
La historia otra vez nos convoca a fijar episodios que dejan profunda huella, pero sobretodo, lecciones de aprendizaje junto al pueblo que en las páginas dolorosas de su historia en el Siglo XX, golpearon duramente a los bolivianos.
Con este 15 de enero se cumplen 45 años de la masacre de la Calle Harrington, suceso ocurrido en 1981, cuando ocho dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron secuestrados, torturados y ejecutados por fuerzas de la dictadura de Luis García Meza, deja varias lecciones profundas y todavía vigentes, que en primer plano debe poner en relieve el carácter de la militancia llevada hasta el final de una causa.
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Crisis del sistema político
La democracia, ese sistema creado como el mejor ejercicio de la política y que asentada en el pueblo, pretende una participación ciudadana basada en los programas y propuestas de los partidos políticos, en teoría el “corazón de la democracia” se encuentra en una profunda crisis.
En Bolivia, este sistema, de partidos, ha sido destruido y la política se ha convertido en una farándula de “vedettes”. Esta transformación es la concreción del diseño imperial del individualismo extremo y de la política como inversión; además es la continuación, como una segunda etapa del proceso despolitizador/desideologizador que comenzó en la primera etapa neoliberal de 1985 y continuó durante los 20 años de su duración.
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Voto nulo, ¿Anularnos?
Este clima electoral ha despertado pasiones, inventos, elucubraciones, fantasías y hasta justificaciones de todo tipo para argumentar posturas que hoy por hoy, ya no se ajustan como afirmaciones ciertas o como juicios respetables en un escenario político que, parece mostrarnos, que el desenlace ya es fatal.
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La democracia, que ha sido el desafío de recuperarla tras los sucesos de 2019, tiene que ser el escenario legítimo para la expresión libre del pueblo. Aquellos que con el voto en 2020 forjaron la esperanza de todo un pueblo debe ser la que siempre nos anime a garantizar los procesos democráticos antes que nos arrebaten los que, otra vez, están montando la maquinaria para asaltar el poder como siempre lo hicieron en el pasado. -
La judicialización de la política y la crisis de representatividad en Bolivia
(versión libre – transcripción – de la intervención de Luciana Jáuregui en el evento «hay junte» ¿están en riesgo las elecciones? – 07/05/2025)
En Bolivia, la política y la justicia han dejado de ser esferas separadas. La una atraviesa a la otra de forma cada vez más visible, y ese cruce —lejos de ser una desviación del orden democrático— parece haberse convertido en el eje mismo que estructura el funcionamiento del Estado. Hoy, la fragmentación del sistema de partidos y el colapso del consenso institucional han colocado al poder judicial en el centro de la escena política. Esta judicialización de la política no es un fenómeno aislado ni temporal: es el síntoma más claro de una crisis de integración institucional y de representatividad que atraviesa al país.
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Tribunales del poder fáctico
Cuando la política y sus actores son ordenados y normados desde el Estado implica que el poder requiere mantener un orden establecido; la alteración del orden significa una afrenta a la razón temporal estatal.
El Tribunal Constitucional Plurinacional TCP se ha constituido en el actor político, no por iniciativa propia, sino por instrucción de poderes políticos y fácticos para imponer y reordenar el tablero político y con ello confeccionar una arquitectura del poder, proscribiendo derechos para preservar u otorgar privilegios de acceso al gobierno; es decir, que las acciones “constitucionales” tienen como finalidad beneficiarios selectivos.
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