También fueron días previos a la Navidad, un 18 de diciembre de1996, que empezó la Masacre de Navidad en Amayapampa y Capasirca, un genocidio aún impune del gobierno de Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas.

Esa fecha hubo un enfrentamiento, entre mineros contra policías y militares, en el que perecieron por lo menos cuatro mineros, y muchos quedaron heridos. Ya el 21 se daba cuenta de siete muertos y cien heridos, y continuaban desplegándose efectivos militares y policiales a la zona. El sangriento conflicto culminó con un saldo de 11 muertos y más de 60 de heridos.

El motivo al igual que ahora, fue también porque no se entregue nuestros recursos a manos de empresas transnacionales. En esa oportunidad Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas avaló la matanza de 11 mineros.

El gobierno improvisado de Paz Pereira lanzo sus medidas que desde los sectores ya han calificado como un gasolinazo y una criminal medida que traerá graves consecuencias a la economía nacional afectando sobre todo a los sectores más empobrecidos del país.

El gobierno antipopular de Paz lanzó sus medidas económicas y anunció el fin de la subvención a los combustibles que obviamente fue rechazado por varios sectores, principalmente del transporte.

Se trata de un decreto de “emergencia económica” con fuerte orientación neoliberal para la inversión, que examinando a fondo al Decreto Supremo 5503, introduce medidas que otorgan estabilidad jurídica reforzada, amplían incentivos tributarios, redistribuyen parcialmente recursos vía bonos.

El decreto es favorable a la empresa privada, ya que el crecimiento se apoya primero en dar rienda suelta a la inversión privada, esperando luego un efecto derrame hacia la población. En otras palabras es una medida claramente a favor de las empresas, especialmente al gran capital y sectores estratégicos.

Veamos que en el Artículo 11 del Decreto, se hace referencia a “Inversiones estratégicas que podrán formalizarse mediante Contrato de Inversión, suscrito entre el Estado y el inversionista, aprobado mediante Decreto Supremo…” Señala asimismo que, el Contrato de Inversión tendrá efecto normativo, carácter vinculante y fuerza obligatoria, constituyendo ley entre partes. Dicho contrato deberá establecer, como mínimo: Monto y cronograma de inversión, entre otros (…)”

La reacción ya se siente porque varios sectores lanzaron sus medidas para frenar la criminal medida con un paro nacional de transporte porque no aceptan que el gobierno, a título de manejar el 50-50, lo entregue todo a los empresarios.

La Central Obrera Boliviana, las organizaciones sociales de El Alto y las 20 provincias del departamento de La Paz, así como organizaciones en Cochabamba y en el Sur del país, también se pronunciaron en contra de las medidas del gobierno de Paz y le dieron 24 horas para que se retracte.

Diversos sectores están convocando a sus bases para analizar la situación. Ante el incremento salarial, el sector de la micro y pequeñas empresas de Bolivia se declaró en estado de emergencia describió un panorama desolador para los productores nacionales, quienes arrastran las consecuencias de las policías como las que se vivieron en el tiempo neoliberal.

No era sorpresa pero hasta el vicepresidente Edmand Lara rechazó estas medidas, señaló que no tenía conocimiento y que no es lo correcto. Aseguró que tampoco era el momento de tomar una decisión así, por la cercanía de las fiestas de fin de año. “El Presidente, esta vez se equivoca”, dijo.

Explicó que la subida del costo de los hidrocarburos se reflejará en el incremento de precios de la canasta familiar. Además, el precio de los pasajes y dijo que una medida así debía ser aplicada de forma gradual.

Diversos sectores han señalado que la subvención debía levantarse de forma gradual y conforme se iba reactivando la economía ya que según el decreto, los nuevos precios de los combustibles regirán por seis meses y luego serán actualizados.

Como ya lo dijimos en varias oportunidades, la administración del gobierno de Paz Pereira, no daba señales de una gobernabilidad que garantice un proceso sostenido a futuro. Esto es particularmente evidente dado que ni siquiera se cumplen las promesas de campaña que había anunciado.

Aquel detonante mayor que se lanzó la primera semana de su gobierno —la acusación de que el gobierno de Arce supuestamente había robado de las arcas del estado cerca de 15 mil millones de dólares— nos parecía un pretexto para justificar que después iba a lanzar sus medidas por mandato del país del norte, ya lo tenía listo porque Marco Rubio lo aplaudió, tal como ocurrió en la Masacre de Navidad en 1996, cuando Goni se aprestaba a entregar nuestros recursos naturales.

La historia se repite y esta vez le toca a Rodrigo Paz Pereira, no será una masacre, esperemos, pero será una guerra, en la que el pueblo volverá a las calles con la consigna: ¡¡Fuera Paz!!

Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe