Un nuevo gabinete no resuelve la crisis. Corrupción, improvisación y aliados fugándose. Octubre tiene memoria. El pueblo sabe.
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La emergencia social no espera, y el pueblo que ya demostró su fuerza en las calles, espera respuestas, no divisiones.
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La pregunta ya no es si Paz se va o se queda. La pregunta es: ¿el gobierno está dispuesto a negociar con el pueblo el control de su propio futuro? Porque el movimiento popular ha entendido que no se trata de cambiar un nombre en el palacio, sino de cambiar las reglas del juego. Y esa pelea, la pelea por el programa, la agenda y la soberanía, recién empieza.
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Paz Pereira califica de «narcoterroristas» a los movilizados, pero su padre, Jaime Paz Zamora, tiene un pasado vinculado al narcotráfico. Mientras tanto, estallan los casos «narcomaletas» y «narcomaderas». La pregunta sigue: ¿Cuándo saldrá la verdad?
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Urge una agenda popular-programática: industrialización, soberanía alimentaria y reconstrucción del Estado Plurinacional. No basta lograr la renuncia; hay que construir un proyecto político propio.
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La exigencia de renuncia se multiplica y toma forma. Los bolivianos sabemos que las grandes transformaciones no son una cosecha que se recoge cuando las condiciones son perfectas, sino un arado que se empuja contra la piedra.
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Los mismos actores (Mesa, Camacho, Quiroga, Comités Cívicos, Iglesia) que incitaron al golpe de 2019 con violencia y racismo, hoy se rasgan las vestiduras. Callan sus propios crímenes históricos mientras señalan a otros. La hipocresía es su única constante.
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El gobierno, sin legitimidad y carente de propuestas, en lo único que está afanado es en desmontar el Estado Plurinacional y volver a la República para gobernar para la élite empresarial y política, privatizar las empresas estatales, liberalizar el trabajo, cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional y poner de rodillas al pueblo.
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