Autor: Luis Camilo Romero


Para nadie es desconocido el rol que la OEA ha jugado en los últimos años en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, imponiendo las directrices que el gobierno de turno de los EE.UU. aplicó a esos países violando su soberanía y sus principios democráticos.

En crueles episodios de esa imposición imperial llega su Secretario General, Luis Almagro, que no es ciertamente un apellido de grata memoria para los pueblos originarios del Abya Yala, por el contrario, junto al de Pizarro son los apellidos emblemáticos de la invasión y el genocidio.

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Una de las tramas más perversas con lo que se asestó contra la democracia fue el inventar que en Bolivia hubo fraude y ello sirvió a los sectores radicales como justificativo para llevar adelante el golpe de estado, anulando así la posibilidad que el ex presidente Morales acceda de nuevo al poder.

El argumento del fraude es una maniobra discursiva fácil y discurso que fue amplificado por la derecha boliviana, que no logró probar esa argucia y que lanzara después de los resultados del 20 de octubre, con un autor confeso quien encendió la chispa de la violencia, Carlos Mesa, el candidato de CC, quien afirmaría que en el país se montó un fraude monumental, lo que permitió a las fuerzas golpistas llevar adelante su cometido con el respaldo de la OEA e imponer un gobierno de facto.

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La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado su labor para investigar a fondo los hechos de violencia ocurridos en Bolivia desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 con el compromiso de acceso a la información y a los testimonios de víctimas, testigos y funcionarios de este y el anterior gobierno.

Nos parece altamente profesional que el Ministro de Justicia, Iván Lima, señale que el trabajo de la comisión de cinco expertos de la comisión ha de ser “independiente e imparcial” bajo los “criterios de orientación y conciliación” de forma de dar luces a lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019, entre ellos los desatados con muertes en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.

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No es novedad que los llamados medios privados y algunos emporios de comunicación hayan sido parte de golpes de estado en Bolivia. Eso se registra en los anales de la historia, incluso con los gobiernos de facto de Hugo Banzer y García Meza en los setentas y ochentas del siglo anterior.

Pero en lo que respecta a estos últimos años, desde que llegó a la presidencia en 2005 Evo Morales, con su triunfo de más del 52% de los votos, los medios de comunicación privados apoyados por la embajada norteamericana, partidos de la ultraderecha, junto a logias del oriente, articularon una dura y feroz resistencia a su gobierno.

Recordemos episodios más reconocidos en ese tiempo, desde que se instala la Asamblea Constituyente en Sucre, seguido de los famosos hechos de “La Calancha”, la implementación de los estatutos autonómicos en regiones del oriente y el sur del país en los que, por influencia de esos medios, no permitieron que el presidente Morales pisara esas regiones.

La lógica de los medios siempre fue establecer el cerco desde varios flancos de ataque: las revistas informativas, sus noticiarios tuvieron siempre a sus propios “analistas”, sus “voceros” y “caseritos”, que marcaron en su narrativa y línea discursiva que, el gobierno quiere “llevarnos a ser otra Cuba u otro gobierno como Venezuela…”

Muchos de los periodistas, hoy analistas de medios, fueron directores. El caso de Andrés Gómez en ERBOL, o Raúl Peñaranda en Página Siete y la misma Amalia Pando que desde su “Cabildeo” en el canal estatal en el año 2007, transitó varios medios privados mostrando su postura radical contra el gobierno de Evo Morales.

Esos medios apoyaron fervientemente al gobierno de facto con una cobertura dirigida políticamente y con la evidente intención de neutralizar cualquier crítica a la forma de gobernar de éste y su llegada al poder. La estrategia mediática se iniciaba ante cualquier movilización de los comités cívicos, sus cabildos o reuniones; los medios estaban bien alineados, a hora puntual y con todos sus dispositivos para dar amplia cobertura.

Lo mismo hicieron sus periodistas en las revistas mañaneras o de la noche, dando amplia cobertura para “sus autoridades”, que en sus declaraciones, justificaban las acciones golpistas, con el pretexto de “salvar la democracia”.

En los medios impresos, Página Siete y sus columnistas protagonizaron una sistemática campaña para despejar cualquier sospecha de que el gobierno de Áñez hubiera nacido de un golpe de Estado o una confabulación de la élite.

La radio Panamericana es ejemplo del apoyo mediático al gobierno de facto, cuando de forma descarada el periodista Juan José Hidalgo entrevistaba a Arturo Murillo, poniendo en su boca palabras que, a lo que el exministro afirmaba: “pero claro Juan José” y el periodista justificaba a su vez, con su típica frasecita: “como usted bien decía”, a las acciones represivas que ejecutada ese gobierno.

En otras entrevistas que Hidalgo de Panamericana hace a operadores de la derecha, ex asambleístas opositores sobre el tema de la llegada de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), el periodista lleva agua a su molino, poniendo en entredicho lo que hará esa Comisión, “por qué no investiga otros hechos, que se dieron entre octubre y noviembre”, desviando el propósito central de la llegada de esa delegación.

El 16 de noviembre de 2019, en Sacaba, mas propiamente en Huayllani, una columna de cocaleros que intentaba llegar a la ciudad de Cochabamba fue detenida por fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. Murieron 10 campesinos y decenas fueron heridos.

Sabemos por los medios que ningún elemento uniformado murió o fue lastimado por disparos. Sin embargo: Página Siete tituló: ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían “armas de fuego y otros objetos letales”.

El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad de La Paz. Luego de hacerlo, dejaron la planta custodiada por militares con armas de fuego.

Cuando surge la posibilidad de mostrar evidencias de lo que fueron esos hechos, las cadenas Telesur y RT, venezolana y rusa, fueron suspendidas de los servicios de cable del país, así como las radios comunitarias son clausuradas porque según el gobierno de facto, estaban alineadas al gobierno de Morales.

Ha pasado un año y lo llamativo es que continua el cerco mediático en varios medios privados de televisión, radio y medios impresos.

Es triste y censurable el accionar de los “periodistas” de esos medios, que bajo el amparo de sus empresarios, actúan por abajo dejando a un lado su formación ética, los principios del periodismo y el respeto a la misma Constitución Política del Estado.

Si la CIDH tiene el propósito de investigar a fondo lo sucedido en los meses de octubre y noviembre en las masacres de Senkata y Sacaba, pero tendrá que indagar también el rol de esos medios de comunicación privados, al tapar las acciones de los golpistas y, por sobre todo, en ponerse al servicio de quienes ocultaron la información y no revelan la verdad de lo ocurrido.

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe

Hemos recordado la cruel y despiadada muerte de Julián Apaza, Túpac Katari, cuando Francisco Tadeo Diez de Medina, comisionado para el efecto, condenó al caudillo a ser descuartizado en la plaza del pueblo de Peñas, rodeado de los representantes del poder colonial, en 1781.

Este hecho más allá de un claro simbolismo que nos retrotrae aquella frase que removió los cimientos del pueblo aymara: “Volveré y seré millones”, y que nos anuncia un nuevo tiempo tras los resultados del 18 de octubre, tiene alto contenido emancipador de los pueblos y convocatoria a la unidad.

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¿Usted que escucha radio o ve la televisión, creyó en la narrativa que difunden los spot o cuñas radiales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, TSE, donde muestran en noviembre de 2019 en el oriente boliviano a: manifestantes asediando a policías, un padre buscando a su hijo, una pedrada a una uniformada y que finalmente la resolución de las diferencias se salda con el voto del 18 de octubre?

Está claro que existe una clara intencionalidad detrás de esa campaña de anuncios , según algunos que se expresan en medios y redes, señalan que estos mensajes no forman parte de una realidad objetiva y ese montaje nos quiere llevar a pensar que los actores del golpe de noviembre, son unos ‘santitos’, puros e inmaculados, los “malos” se convierten en “buenos”, y es más, son quienes inician el “abrazo del reencuentro”.

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Ronda la psicosis de la derecha boliviana ante un triunfo anticipado del MAS en primera vuelta y por ello se habla de un recurso judicial para sacar a este partido de la contienda electoral, como parte de las acciones desesperadas que tienen contra el “rotundo triunfo” de esa tienda política en los próximos comicios.

El binomio, Luis Arce-David Choquehuanca, ha puesto en alerta a candidatos de la derecha porque en encuestas reales se ve que existe una diferencia abismal que les obliga a rearmar sus estrategias electorales, utilizando también para ello las encuestas de esas empresas, que a estas alturas no son nada confiables.

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La desesperación en la lucha por el poder hace aguas en la derecha boliviana, de ahí que los resultados de las encuestas del fin de semana modificaron el tablero y obligaron a la entonces candidata, hoy presidenta de facto, a bajarse de su candidatura y convocar a la unidad para ganarle al MAS.

Desmenuzando el discursito que se lanzó en esa oportunidad, no es que Añez se baje porque ‘ama la democracia’, o no quiere el retorno del MAS, sino que primero, por fin se dio cuenta hasta dónde llegó el fracaso de su gestión que no pudo disimular porque ya hace más de tres meses le dijeron que, no solo renuncie a su candidatura sino que cumpla su mandato transitorio y no se dedique a seguir robando al pueblo.

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