Después de recibir un duro revés en la elección de gobernadores del pasado domingo, el gobierno del presidente Rodrigo Paz parece no despertar de ese «knockout» que hasta sus propios aliados le recriminan por su estrepitosa derrota, especialmente en la tierra donde dice haber nacido. El único alivio: ganar apenas una gobernación, la del Beni, con Jesús Egüez.

Detrás de este escenario fatal para el gobierno se asoman desafíos duros que, si no se resuelven, lo pondrán en serios problemas. El senador Nilton Condori ya le recordó al gobierno que tiene menos de 15 días para cumplir con las resoluciones del Cabildo del 11 de abril.

Un tema del que habrá repercusiones muy serias es el «caso maletas». El capitán Christian Rodríguez, ex edecán del ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, fue aprehendido en Santa Cruz. Rodríguez tenía una orden de aprehensión previa por su presunta implicación en la omisión de informes de seguridad críticos sobre el envío de maletas sospechosas desde Estados Unidos a Bolivia, las cuales llegaron al aeropuerto de Viru Viru.

A Rodríguez se le investiga por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, concusión y encubrimiento. A pesar de haberse entregado voluntariamente para declarar y negar irregularidades, el Ministerio Público determinó su aprehensión. Será imputado en las próximas horas.

Ese hecho es la punta del iceberg para señalar a otros temas muy sensibles en la gestión del Ministerio de Gobierno que desembocaran, muy pronto, en el retiro del Ministro Marco Antonio Oviedo, tal como hasta ahora ya se conoce, por no permitir que éste caso se esclarezca.

Y finalmente, llega la marcha indígena de Pando y Beni en demanda de la abrogación de la Ley 1720 de reconversión de tierras. La dirigencia expresó su preocupación por el alcance de la norma, advirtiendo que podría tratarse de un mecanismo encubierto para expropiar tierras comunitarias campesinas, una versión que contrasta con la postura oficial, que niega cualquier vulneración de derechos.

Representantes de pueblos del sur del Tipnis, entre ellos comunidades yuquis, yuracarés y mojeños trinitarios, se declararon en estado de emergencia. Sus dirigentes señalaron que la normativa no fue consultada con las bases y advirtieron que podría afectar la tenencia de tierras comunitarias.

Es buena señal que la dirigencia de la COB dé todo su respaldo a la marcha, calificó la movilización como «justa y reivindicativa» y anunció la participación activa de los trabajadores. También se prepara un cabildo para el 1 de mayo que definirá las próximas acciones de los trabajadores. Argollo cuestionó a quienes permiten o no frenan la implementación de la norma, calificándola de «trampa» que busca favorecer a grandes empresarios.

En cinco meses y algo de gobierno de Rodrigo Paz, los hechos no esclarecidos están generando un malestar social. De la falta de diésel y gasolina pasamos a una “gasolina basura” que estropea miles de motores. Ante eso, no hay explicaciones creíbles, no hay responsables y las compensaciones son escasas.

Una vez más, se observa a un gobierno volcado a favor de las élites y no de los sectores populares. También un alineamiento claro con las políticas de Estados Unidos y con el actual gobierno de Chile, lo que genera mayor temor por la soberanía nacional.

Por más anuncios que haga Paz sobre nuevas leyes, decretos, no vaya a ser que, de tanto recibir aplausos de sus afines que le acompañan y vociferan estribillos en sus actos, Paz se quede sordo y no escuche el clamor de un pueblo que está cansado de sus mentiras, shows y fanfarronerías.

Rodrigo Paz, quien no se cansa de repetir su muletilla sobre haber heredado un «Estado tranca» o un «Estado cloaca de dimensiones extraordinarias», ¿podrá reaccionar ahora al golpe de knockout que le dejaron los resultados de las subnacionales? ¿Tendrá la valentía de acelerar los cambios en su gabinete, sacando al Ministro de Gobierno, al Ministro de Hidrocarburos, si quiere por lo menos que en la Asamblea Legislativa ya no continúen las interpelaciones?

Finalmente ¿si quiere que su gobierno permanezca, antes del estallido social a la llegada de la marcha indígena, abrogará la Ley 1720 y responderá al pliego de la COB? ¿No le queda otra verdad?

Luis Camilo Romero, comunicador boliviano para América Latina y el Caribe