Esos días aciagos del febrero de 2003 llegó con el famoso “impuestazo” de Gonzalo Sánchez de Lozada, hechos que después fueron calificados como el principio del fin del gobierno de Sánchez de Lozada. El detonante que fue informado ese domingo 9 de febrero de 2003, cuando anunció el envío al entonces congreso de un proyecto de ley que reformaba la Ley Tributaria, estableciendo el impuesto al salario.

Fue también cuando el gobierno de Sánchez de Lozada se había comprometido ante el Fondo Monetario Internacional a bajarlo a poco más de 5%; y, como dijo el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el Gobierno acudía a la “recaudación fácil”: el impuesto al consumo y, ahora, al salario. Era la “crisis fiscal”, producto “de la insolvencia del Estado neoliberal”, en la que los protagonistas sin duda fueron los policías, que se acuartelaron, se amotinaron en el Grupo Especial de Seguridad.

Han pasado 23 años y la historia se repite con el mismo argumento, pero disimulado porque detrás de lo que pasa con la gasolina, se está poniendo en riesgo el futuro de nuestra economía, y, de forma solapada se está empeñando los recursos naturales, como ya fue el anuncio con el DS 5503, ahora con el destino de las empresas más rentables como son YPFB, ENTEL y BOA.

Las señales son evidentes de toda ésta nueva trama que se ha expresado con una serie de protestas donde, no solo los transportistas, señor Paz Pereira, sino un gran conjunto de la población, han demandado una mejor calidad de combustible y denunciaron que el que actualmente compran, está causando deterioros en los motores de sus motocicletas.

Las protestas por la gasolina de “mala calidad”, no forman parte de un “boicot y sabotaje” como lo califica el presidente improvisado, porque Yacimientos reconoció que sí hubo problemas desde inicio de año y que la empresa estatal informó que iba a reducir la mezcla de etanol y gasolina tras hallar residuos en un tanque.

Esta vez nadie le siguió a Paz Pereira de su fácil, cansona y repetitiva muletilla que todo ello viene desde el gobierno anterior, que el Estado “tranca”, que el gobierno “corrupto de Arce”, argumentos que ahora pasan a ser atribuidos a su gestión porque ni sus medios, sus analistas y el propio Carlos Valverde, un ácido periodista crítico y radical al gobierno del MAS, señaló que esos argumentos sean válidos sino más bien, un recurso fácil para pretextar su irresponsabilidad y mal manejo de su gestión.

Si de verdad hay que hablar de «boicot» y «sabotaje» contra su Gobierno, como Sánchez de Lozada con su Ley Tributaria, y sus medidas impositivas, el presidente improvisado, ya lo viene haciendo desde la aplicación de sus decretos, y como una “medida muy dura», como él mismo la califica, el presidente de YPFB, Yussef Akly, realizó una masacre blanca despidiendo a 360 funcionarios, y muy suelto de cuerpo dice que forma parte de un proceso de «reestructuración» en esa empresa.

Es que no es especulación informativa o un análisis apresurado de analistas, sino es que el gobierno sí quiere quebrar las empresas para iniciar procesos de privatización, de ahí su intención política de debilitar a la empresa estatal YPFB al permitir que se distribuya gasolina de baja calidad.

El ministro de Hidrocarburos afirmó recién que no está en la agenda privatizarla, pero dejo entrever la posibilidad de buscar asociaciones público-privadas en lugar de venderla totalmente, pero recordemos que por ahí también empezaron los argumentos en la época del MIR para iniciar posteriormente el proceso de privatización de las empresas estratégicas.

En el caso de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL, siempre se ha dicho que ésta empresa sigue siendo mayoritariamente estatal y es el Estado quien mantiene aproximadamente el 97 % de las acciones y no se está vendiendo ni privatizando la empresa, pero ¿a alguien le dice algo la aparición de Starlink, una empresa que busca una alianza con Entel para revender su servicio de internet satelital en Bolivia, ampliando así las opciones de conectividad en el país?

Finalmente BOA, Boliviana de Aviación, que a diferencia de YPFB y ENTEL, si bien no hay anuncios oficiales de privatización inminente, pero el gobierno de Paz al sacar nuevas tarifas de pasajes, ya ha dado una señal de su anuncio de quiebra. Los anuncios de privatizar esas empresas vinieron desde las campañas de precandidatos presidenciales, argumentando que las empresas estatales ya están quebradas.

Dardo Gómez, quien es amigo de Paz, está tomando el control de la aeronáutica, porque llega de otra empresa que quebró hace más de 10 años, como es Amaszonas, la aparición de Gómez no será casual, todo tiene señales de un camino que apunta a grandes cambios.

En ese acumulado de casi 3 meses de gestión donde ya vimos su fracasado Decreto 5503, donde el gobierno se hace de la vista gorda por el caso de las maletas, ahora con la mala calidad de la gasolina y ni qué decir de su frágil política económica, son señales del anuncio de nuevas protestas que ya se expresan en un febrero muy parecido a ese de 2003, lo que nos advierte que ¿también estaremos en el principio del fin del gobierno de Paz Pereira como lo fuera con Sánchez de Lozada en octubre de 2003?

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe