No es novedad que los llamados medios privados y algunos emporios de comunicación hayan sido parte de golpes de estado en Bolivia. Eso se registra en los anales de la historia, incluso con los gobiernos de facto de Hugo Banzer y García Meza en los setentas y ochentas del siglo anterior.
Pero en lo que respecta a estos últimos años, desde que llegó a la presidencia en 2005 Evo Morales, con su triunfo de más del 52% de los votos, los medios de comunicación privados apoyados por la embajada norteamericana, partidos de la ultraderecha, junto a logias del oriente, articularon una dura y feroz resistencia a su gobierno.
Recordemos episodios más reconocidos en ese tiempo, desde que se instala la Asamblea Constituyente en Sucre, seguido de los famosos hechos de “La Calancha”, la implementación de los estatutos autonómicos en regiones del oriente y el sur del país en los que, por influencia de esos medios, no permitieron que el presidente Morales pisara esas regiones.
La lógica de los medios siempre fue establecer el cerco desde varios flancos de ataque: las revistas informativas, sus noticiarios tuvieron siempre a sus propios “analistas”, sus “voceros” y “caseritos”, que marcaron en su narrativa y línea discursiva que, el gobierno quiere “llevarnos a ser otra Cuba u otro gobierno como Venezuela…”
Muchos de los periodistas, hoy analistas de medios, fueron directores. El caso de Andrés Gómez en ERBOL, o Raúl Peñaranda en Página Siete y la misma Amalia Pando que desde su “Cabildeo” en el canal estatal en el año 2007, transitó varios medios privados mostrando su postura radical contra el gobierno de Evo Morales.
Esos medios apoyaron fervientemente al gobierno de facto con una cobertura dirigida políticamente y con la evidente intención de neutralizar cualquier crítica a la forma de gobernar de éste y su llegada al poder. La estrategia mediática se iniciaba ante cualquier movilización de los comités cívicos, sus cabildos o reuniones; los medios estaban bien alineados, a hora puntual y con todos sus dispositivos para dar amplia cobertura.
Lo mismo hicieron sus periodistas en las revistas mañaneras o de la noche, dando amplia cobertura para “sus autoridades”, que en sus declaraciones, justificaban las acciones golpistas, con el pretexto de “salvar la democracia”.
En los medios impresos, Página Siete y sus columnistas protagonizaron una sistemática campaña para despejar cualquier sospecha de que el gobierno de Áñez hubiera nacido de un golpe de Estado o una confabulación de la élite.
La radio Panamericana es ejemplo del apoyo mediático al gobierno de facto, cuando de forma descarada el periodista Juan José Hidalgo entrevistaba a Arturo Murillo, poniendo en su boca palabras que, a lo que el exministro afirmaba: “pero claro Juan José” y el periodista justificaba a su vez, con su típica frasecita: “como usted bien decía”, a las acciones represivas que ejecutada ese gobierno.
En otras entrevistas que Hidalgo de Panamericana hace a operadores de la derecha, ex asambleístas opositores sobre el tema de la llegada de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), el periodista lleva agua a su molino, poniendo en entredicho lo que hará esa Comisión, “por qué no investiga otros hechos, que se dieron entre octubre y noviembre”, desviando el propósito central de la llegada de esa delegación.
El 16 de noviembre de 2019, en Sacaba, mas propiamente en Huayllani, una columna de cocaleros que intentaba llegar a la ciudad de Cochabamba fue detenida por fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. Murieron 10 campesinos y decenas fueron heridos.
Sabemos por los medios que ningún elemento uniformado murió o fue lastimado por disparos. Sin embargo: Página Siete tituló: ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían “armas de fuego y otros objetos letales”.
El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad de La Paz. Luego de hacerlo, dejaron la planta custodiada por militares con armas de fuego.
Cuando surge la posibilidad de mostrar evidencias de lo que fueron esos hechos, las cadenas Telesur y RT, venezolana y rusa, fueron suspendidas de los servicios de cable del país, así como las radios comunitarias son clausuradas porque según el gobierno de facto, estaban alineadas al gobierno de Morales.
Ha pasado un año y lo llamativo es que continua el cerco mediático en varios medios privados de televisión, radio y medios impresos.
Es triste y censurable el accionar de los “periodistas” de esos medios, que bajo el amparo de sus empresarios, actúan por abajo dejando a un lado su formación ética, los principios del periodismo y el respeto a la misma Constitución Política del Estado.
Si la CIDH tiene el propósito de investigar a fondo lo sucedido en los meses de octubre y noviembre en las masacres de Senkata y Sacaba, pero tendrá que indagar también el rol de esos medios de comunicación privados, al tapar las acciones de los golpistas y, por sobre todo, en ponerse al servicio de quienes ocultaron la información y no revelan la verdad de lo ocurrido.
*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe
