Vivimos en una era donde la mentira tradicional —la que busca que le crean— ha sido reemplazada por una forma más sofisticada y perturbadora de ejercicio del poder: la fabricación deliberada del caos. El objetivo ya no es convencer de una versión falsa de los hechos, sino destruir la posibilidad misma de distinguir qué es verdad. Ese este el núcleo del análisis: la niebla no es un accidente, es un método.
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ERA EN ABRIL
Aunque nada tenga que ver con aquella bellísima canción de Juan Carlos Baglietto a dúo con Ana Belén, dedicada a la ternura entre una madre y su hijo, abril nos depara grandes sorpresas desde el inicio del siglo. Una de ellas fue la denominada “Guerra del Agua” de abril de 2000.
Este mes también concentra fechas clave en la historia boliviana: el 9 de abril, la Revolución de 1952; el 17, la fundación de la Central Obrera Boliviana (COB); y el 22, el Día de la Madre Tierra, una conmemoración que, sin embargo, no termina de asumirse plenamente. Las instituciones no logran garantizar el respeto a las normas que protegen a la naturaleza ni hacen efectiva la defensa de la Pachamama.
Las jornadas de abril de 2000 marcaron el surgimiento de una fuerza social que, en su momento, anunciaba la construcción de un gran movimiento nacional y latinoamericano. Fue entonces cuando la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida lanzó la convocatoria al bloqueo indefinido en Cochabamba, como respuesta a una enérgica presión social.
Pero lo que marcará la pauta en este nuevo abril son los decretos que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha venido emitiendo. Uno de ellos es el Decreto Supremo 5595, que implementa el programa “Tranca Cero”. La paranoia gubernamental llega a extremos cuando a Paz Pereira se le ocurre gobernar por decreto. Hasta ahora ha emitido más de 50 decretos, intentando justificar su estilo de gobierno, pero sin mostrar la más mínima voluntad de mirar siquiera de reojo la Constitución Política del Estado, cuyas normas parece ignorar por completo.
Su programa “Tranca Cero” hace alusión a su muletilla cansona, repetida una y otra vez en sus discursos. Según el decreto, se elimina la exigencia de presentar fotocopias del carnet de identidad y certificados de nacimiento, como si con ello se fuera a erradicar la burocracia estatal, un problema enquistado desde hace décadas en el país.
Otro hecho llamativo es el instructivo del Ministerio de Educación, que dispone la realización de “actos breves” y la participación únicamente de “pequeñas delegaciones de estudiantes” en los desfiles cívicos. Plantear “actos breves” y “delegaciones reducidas” implica asumir que el civismo es una actividad secundaria o prescindible, cuando en realidad forma parte de la educación integral y de la preservación de la memoria colectiva.
Reducir ese legado a actos simbólicos con pocos estudiantes es minimizar el sacrificio de generaciones enteras. La memoria histórica debe ser explicada, compartida y vivida por todas las comunidades educativas. Un país que olvida su historia se vuelve vulnerable y pierde el rumbo. De ahí que sea justificable la protesta de bordadores, artesanos, payasos y fotógrafos ante la prohibición de estas actividades, que formaban parte de su quehacer cotidiano y, sobre todo, de su sustento económico.
Finalmente, el Gobierno nos presenta otro “cuentito” con bombos y platillos: mediante videos y fotografías, intenta mostrar la existencia de una red de sabotaje y robo de combustibles que operaría entre Bolivia y Chile, y que en cinco meses habría alterado el combustible de 5.000 cisternas, afectando unos 150 millones de litros comercializados en el país.
Según el Ejecutivo, entre octubre del año pasado y marzo de esta gestión ingresaron al país unos 150 millones de litros de combustible “adulterado con agua sucia y aceite usado”, que habrían causado daños en el parque automotor. Sin embargo, en ningún momento se presentan los autores o responsables de esa red. No hay detenciones. Solo ruido mediático como parte del show oficial.
El gobierno quiere acostumbrarnos a que se gobierne por decreto. Todos lo afirman, y está claro que, si bien el Ejecutivo puede dictar decretos, no puede “gobernar por decreto” en el sentido pleno de legislar o sustituir al Órgano Legislativo. Así, mientras unos andábamos expectantes al desenlace de la selección de fútbol, otros se afanaban rápidamente en aprobar decretos y leyes en contra del pueblo.
*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe
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Arquitectos del algoritmo de la explotación: Precariedad laboral de los repartidores en Bolivia
La noche del 26 de marzo, en la Avenida Beni de Santa Cruz de la Sierra, un trabajador de delivery fue víctima de una agresión brutal. La razón: haber estacionado su motocicleta —su herramienta de trabajo— durante unos minutos para recoger un pedido. Al regresar, fue advertido de que su motorizado había sido ingresado al garaje de la vivienda más próxima por los propietarios de la misma, quienes argumentaron que «ocupaba un espacio» que les pertenecía. Al reclamar la devolución de su medio de subsistencia, el joven fue golpeado salvajemente por los miembros de esa familia, quienes le produjeron una herida en la cabeza. Los agresores resultaron ser parientes de Marisol Negrete, ex candidata a la alcaldía del municipio de Porongo, también presente durante la agresión.
El episodio desencadenó la solidaridad inmediata de otros motociclistas de delivery, que acudieron a respaldar a su colega, y también la aparición oportunista del candidato a la gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien aprovechó la situación para tomar la palabra y capitalizar políticamente el suceso. Dada su vinculación como ex Gerente General de la plataforma Yango en Bolivia, su hipocresía resulta inaceptable.
La aparición de Velasco no fue casual. Este empresario no solo fue el creador de la primera gran plataforma de delivery local —luego absorbida por PedidosYa—, sino que, como apoderado de esta y posterior Gerente General de Yango en Bolivia, perfeccionó los algoritmos de scoring que fuerzan al repartidor a una autoexplotación constante.
Lejos de ser un hecho aislado y de las particularidades individuales de la familia agresora, este suceso debe ser leído como la continuación de una cadena de injusticias que inicia cuando se intenta camuflar la explotación convirtiéndo al repartidor —quien es un trabajador de la empresa— en un «socio» indefenso que asume todos los riesgos del capital.
El algoritmo como “patrón invisible”: subsunción real y externalización del capital constante
Para comprender la naturaleza de esta relación, es necesario recuperar la distinción marxiana entre capital constante y capital variable. En la producción capitalista clásica, el capitalista invierte una parte de su capital en medios de producción (capital constante) y otra en salarios (capital variable), siendo esta última la fuente del plusvalor. En las plataformas de delivery, ocurre una inversión perversa: los repartidores proveen sus propios medios de producción (motocicleta, combustible, teléfono), convierten su fuerza de trabajo en un servicio y, sin embargo, no generan plusvalor para sí mismos sino para la plataforma, que no asume los costos de reproducción de su fuerza de trabajo.
Como señala Marx, la subsunción formal del trabajo bajo el capital ocurre cuando el capitalista controla el proceso de trabajo sin transformarlo técnicamente; la subsunción real ocurre cuando el capital revoluciona el proceso productivo para aumentar la productividad. En las plataformas de delivery, nos encontramos ante una subsunción virtual: el control no se ejerce mediante la propiedad de los medios de producción (que el repartidor aporta), sino mediante la propiedad del algoritmo, que se erige como el «patrón invisible».
Como documenta el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), cerca del 87% de los repartidores en Bolivia perciben ingresos por debajo del salario mínimo nacional, y la mayoría carece de acceso a seguridad social, aguinaldo o vacaciones (CEDLA, 2024). Esta estructura constituye la forma contemporánea de lo que Marx denominó subsunción real del trabajo bajo el capital, pero mediada por dispositivos digitales.
Empresas como PedidosYa (propiedad de Delivery Hero) y Yango han evolucionado hacia “plataformas austeras” que maximizan la extracción de plusvalía mediante una gestión algorítmica total. Este modelo se sostiene sobre el gerenciamiento algorítmico: un panóptico digital que supervisa cada segundo del repartidor vía GPS, penaliza el rechazo de pedidos y utiliza sistemas de ranking (scoring) para forzar jornadas de hasta catorce horas diarias. Los trabajadores se ven obligados a aceptar pedidos no rentables para no ser penalizados, lo que convierte la “autonomía” publicitada en una falacia.
La Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) en Bolivia ya ha sancionado a PedidosYa por imponer cláusulas de exclusividad que distorsionan el mercado y profundizan la dependencia del trabajador (AEMP, 2021). Sin embargo, las sanciones aisladas no modifican la estructura de explotación.
Cuando la familia de Marisol Negrete arrebató la moto al repartidor, no solo le quitaron un bien privado; le arrebataron su medio de subsistencia en un sistema que lo ha desposeído de todo derecho laboral. La reacción de los compañeros repartidores, que acudieron en masa a protestar frente al domicilio de los agresores, es un ejercicio de poder asociativo y resistencia frente a la atomización que impone la plataforma. Mientras la empresa se desentiende bajo la figura del “contratista independiente”, los trabajadores reconstruyen la solidaridad de clase en la calle para suplir la ausencia de protección de sus derechos.
Contra el oportunismo burgués y el seguidismo: La urgencia de una organización política de clase
Juan Pablo Velasco Dalence es fundamental para desmantelar la máscara de «innovación» que proyecta en su actual carrera política. Velasco, quien hoy compite por la Gobernación de Santa Cruz y se encamina a una segunda vuelta contra Otto Ritter, no es un observador ajeno a la tragedia de la Avenida Beni, sino el arquitecto del modelo que la hizo posible.
No se puede prometer soluciones de seguridad para un sector al que, desde la gestión empresarial propia, se le ha despojado sistemáticamente de sus derechos laborales y se le ha forzado a asumir, en soledad y con su propio cuerpo, múltiples riesgos en la indefensión total para beneficio de la acumulación de capital.
JP Velasco fue el creador de la primera gran plataforma de delivery local, la cual fue adquirida por la transnacional PedidosYa (propiedad de la alemana Delivery Hero) en abril de 2018. Tras la adquisición, asumió el cargo de Apoderado de la empresa entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Bajo su mando, la empresa consolidó su hegemonía en el mercado boliviano. Posteriormente, se desempeñó como Gerente General de la multinacional Yango en Bolivia, liderando su entrada agresiva al mercado mediante una estrategia de tarifas bajas para desplazar a la competencia tradicional. Como líder de estas empresas, Velasco implementó un modelo basado en la externalización total del riesgo, lo que significa que el trabajador es obligado a proveer sus propios medios de distribución: moto, celular,etc.
Estamos hablando de que bajo su dirección se perfeccionó el uso de algoritmos de scoring o ranking. Estos sistemas fuerzan al trabajador a una autoexplotación constante. El trabajador agredido en la Avenida Beni carecía de una red de protección institucional precisamente porque el modelo empresarial de Velasco se basa en categorizar falsamente al repartidor como «socio independiente» para no pagar aportes a la seguridad social.
Entre la resistencia espontánea y la urgencia de la organización política
La explotación algorítmica y la cooptación política se entrelazan para profundizar la precarización de los trabajadores de delivery en Bolivia. Existen campañas como #Rights4Riders impulsada a nivel global por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que exige cuatro derechos fundamentales: a) pago justo, un salario vital que cubra cada minuto de la jornada; 2) trabajo más seguro, con responsabilidad patronal total por las lesiones sufridas en el lugar de trabajo —como el caso en Santa Cruz— y protección real contra la violencia y el acoso cotidianos; 3) transparencia algorítmica, mediante la consulta y negociación con los trabajadores sobre los criterios con que los algoritmos asignan tareas, evalúan desempeño y fijan pagos, desmantelando así la “caja negra” del gerenciamiento digital, y; 4) derechos laborales básicos, es decir, el respeto a la sindicalización y a la negociación colectiva, herramientas esenciales para que el infoproletariado enfrente el poder monopólico de la plataforma. Sin embargo, todas estas demandas—por necesarias que sean— no bastan por sí mismas. Sin una organización política consciente que articule las demandas inmediatas con un programa que enfrente la estructura de acumulación —el control del algoritmo—, la propiedad de la plataforma, la relación de dependencia encubierta, las conquistas obtenidas serán siempre parciales y reversibles. La experiencia nos muestra que las empresas conceden mejoras cuando la presión es fuerte, pero en cuanto cede la movilización, recuperan terreno mediante nuevas cláusulas, ajustes algorítmicos o simplemente esperando a que los trabajadores se cansen.
La movilización espontánea de los repartidores en la Avenida Beni fue la manifestación de una capacidad de organización cimentada en la solidaridad de clase de trabajadores que reconocen su condición común de explotación. Es una muestra de organización creciente no menor. Sin embargo, estas luchas corren el riesgo de ser absorbidas por figuras políticas que, bajo el discurso de la defensa de los «emprendedores», buscan en realidad profundizar la desregulación.
Neri y Arze (Neri, 2024) concluyen su estudio señalando que “la precarización del trabajo y la informalización de la economía son dos fenómenos que van de la mano y en detrimento de los medios de vida de las poblaciones trabajadoras”. Advierten, además, que este modelo de negocio retoma “elementos de formas precapitalistas, como el peonaje por deuda” ya que los trabajadores terminan endeudándose para cubrir los gastos que la empresa les transfiere. Plantean la necesidad de “retomar una mirada crítica sobre la cuestión del trabajo, la estructura y las relaciones de clase, evitando conceptos y nociones que tiendan a relativizar estos fenómenos o, peor, a fetichizarlos”. La lección que deja el episodio de Santa Cruz es clara: los trabajadores deben tomar su propia representación. Es el primer paso para romper con esta lógica de explotación que los condena a la vulnerabilidad absoluta.
En la tradición marxista, la cuestión de la representación es central. Marx y Engels criticaron a los luddistas no por su resistencia a las máquinas, sino porque atacaban el síntoma (la máquina) en lugar de la causa (las relaciones sociales de producción). Del mismo modo, para los trabajadores de delivery sería un error limitarse a denunciar la violencia física de los Negrete o aceptar la «solidaridad» interesada y oportunista de un personaje como Velasco. Porque no basta con resistir los abusos más visibles: sin organización política capaz de articular un programa económico revolucionario que enfrente la estructura de acumulación, cualquier conquista será efímera y la precarización terminará imponiéndose de nuevo. El verdadero enemigo es esa estructura institucionalizada por corporaciones como PedidosYa y Yango, que vende el cuento de que el repartidor es su «propio jefe» para ocultar la trampa de fondo (algo parecido a lo que ocurre con la mienería corporativa).
Se debería apuntar, entonces, a construir una organización que no solo negocie con la patronal, sino que dispute el poder de decisión sobre la tecnología, los costos y las reglas del trabajo. Una organización que, como planteaba Lenin, se proponga el control obrero de la producción como horizonte —empezando por exigir transparencia algorítmica real, participación en las decisiones y avanzando hacia la gestión colectiva de la plataforma. En este modelo, el algoritmo se convierte en un patrón invisible que se adueña del tiempo, del cuerpo y de la seguridad del repartidor, obligándolo a poner su propia moto y su propio celular para que la empresa acumule ganancias mientras él ni siquiera alcanza el salario mínimo. Esto es la subsunción virtual de la que habló Marx: la aplicación deja de ser una herramienta y se convierte en la dueña de tu vida, reduciéndote a un objeto desechable que la empresa abandona en la calle en cuanto algo sale mal. Lenin advirtió que ni la resistencia espontánea ni la mera denuncia de los abusos más visibles bastan para romper esta lógica; el capital monopolista profundiza la precarización mediante el control tecnológico, exigiendo respuestas organizadas a escala global.
Por eso, la solución no vendrá de los mismos empresarios que crearon esta precariedad, ni de la solidaridad espontánea, sino de convertir esa solidaridad en organización política consciente: una lucha que dispute el control del algoritmo, de la moto y, finalmente, de la vida del trabajador.
Bibliografía
Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP). (2021, 11 de noviembre). Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N°063/2021.
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). (2025). Repartidores en Bolivia: trabajo precario en un mundo digital creciente.
Correo del Sur. (2026, 26 de marzo). Revuelo en Santa Cruz por agresión a un delivery; está implicada una excandidata..
Miranda Colque, H. Á., & Larrea Montaño, N. E. (2023). La economía laboral digital en Bolivia: una exploración inicial. Fundación Internet Bolivia.org.
ITF Global. (s.f.). Delivery Hero: Es hora de cumplir con #Rights4Riders. Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. https://www.itfglobal.org/es/en-focus/future/delivery-hero
Neri Pereyra, J. P., & Arze Alegría, A. (2024). Explotación y precarización del trabajo en las plataformas digitales de reparto. Umbrales, (43), 201-233. Universidad Mayor de San Andrés.
Questrom World. (2025). Bending the Algorithm: The Unintended Consequences of Creative Compliance in The Gig Economy.
Revuelta Malcriada. (2025, 6 de agosto). Jorge ‘Tuto’ Quiroga: El cipayo del imperio y enemigo del pueblo boliviano https://revueltamalcriada.substack.com/p/jorge-tuto-quiroga
Lenin, V. I. (1975). ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento. En Obras completas (Tomo 5, pp. 343-529). Editorial Progreso.
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Marset, un criminal de guante blanco
Con un marcado tono triunfalista, como si se tratara de un gran logro mundial, Rodrigo Paz Pereira intentó apropiarse del éxito del operativo que resultó en la captura del narcotraficante Sebastián Marset. Paz no dudó en atribuir el mérito al gobierno y, particularmente, al ministro de Gobierno, destacando que el procedimiento se realizó sin bajas en la Policía Boliviana ni víctimas civiles, un resultado que, según dijo, fue posible gracias al “profesionalismo y la planificación de las fuerzas de seguridad”.
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Buenos días su majestad
Cuando Marx en las primeras líneas de El 18 Brumario de Luis Bonaparte, completa la ironía de la historia que Hegel no terminó de formular: todos los grandes hechos y personajes históricos acontecen, por así decirlo, dos veces. La primera vez como tragedia; la segunda, como una miserable farsa, si bien se refería al Golpe de Luis Bonaparte después de la frustrada segunda república, hoy nos ayuda a entender la realidad grotesca que vivimos y que nos deja perplejos. Lo que Bolivia vivió este jueves 12 de marzo no es otra cosa que la puesta en escena cabal de esa farsa. Además de rendir pleitesía al símbolo heredero del saqueo, genocidio y despojo durante siglos, el gobierno de Rodrigo Paz obligó a quienes algún momento fueron símbolos de liberación frente al colonialismo, a interpretar el rol de lacayos.
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Los hijos de Pizarro y Almagro en el palacio
Dos hechos recientes simbolizan el rumbo de una Bolivia que parece girar hacia el retorno del viejo Estado colonial, con sus amos y señores. El primero fue la presencia de Rodrigo Paz en la cumbre de los «escogidos» por Donald Trump en Estados Unidos, recogiendo los mandatos para cumplir al pie de la letra el documento «Escudo de las Américas». El segundo acontecimiento ocurrió cuando Felipe VI fue recibido con honores militares por los Colorados de Bolivia en el Palacio Quemado, con toda la familia de Paz Pereira brindando pleitesía a su majestad de la corona española.
En pleno siglo XXI, no solo tenemos a los herederos de los saqueadores de la colonia, como los Almagro y los Pizarro; hoy tenemos también a los Paz Pereira, los Aramayo y los Lupo con su chip colonial intacto. Su actuar constituye otro insulto de esas autoridades a la historia, a la cultura y a la lucha anticolonial.
Estamos asistiendo al retorno de los señores feudales que manejan el Estado y sus instituciones a su mejor arbitrio, olvidando que la actual Constitución nos impele a continuar con la lucha anticolonial. Esto es más grave aún cuando los nuevos amos y señores se imponen con la misma lógica de los «conquistadores». A estos nuevos escenarios nos lleva el gobierno de Paz Pereira, justo cuando creíamos que vivíamos en otra época. Hoy volvemos a ver rostros que besan la mano (y de ser posible los pies) de un monarca, cuyo padre pretendió hacer callar las voces rebeldes del Abya Yala, como sucedió con Hugo Chávez.
Hoy volvemos a ver, una vez más, cuerpos genuflexos, arrodillados en señal de sumisión al pensamiento colonial-racista, repitiendo la historia de los «abogados doble cara» que nos señala el pasado. Si durante años hemos sufrido la imposición colonial de la lengua, hoy que las lenguas nativas se abren paso, los viejos inquisidores vuelven a decirle al mundo que no quieren hablar la «maldita» lengua del Abya Yala.
Lo diseñado en la cumbre de Miami con los elegidos de Donald Trump es el inicio de otro Plan Cóndor. Aquella fue una operación de coordinación criminal y apoyo mutuo entre las dictaduras del Cono Sur, bajo supervisión de la CIA en los años setenta, para asesinar, espiar, vigilar, secuestrar, torturar e intercambiar ilegalmente a personas. Hoy América Latina sufre un nuevo «Plan Cóndor» para reimplantar el neoliberalismo con otro ropaje.
Aquel Plan Cóndor fue una de las diversas operaciones que sembraron dictaduras militares para aplicar la teoría de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, atrapando a los pueblos bajo gobiernos terroristas de Estado, presuntamente para combatir el peligro del comunismo. Participaron en aquella operación, con mayor o menor grado de involucramiento, los regímenes dictatoriales del Cono Sur que Washington había impuesto o aprobado en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, con Estados Unidos como jefe de la banda.
El famoso acuerdo firmado en Florida se centra, fundamentalmente, en una articulación de esos países con el pretexto de luchar contra los cárteles y erradicarlos en Latinoamérica. Lo que se pretende es armar una coordinación continental férrea para desarticular al crimen organizado. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que quienes ya realizan ese trabajo contra el narcotráfico —principalmente países como México, Colombia y Perú— no fueron invitados a la mentada cumbre de Donald Trump. Tampoco estuvo Brasil, que más allá de esa agenda, también tiene compromisos con la seguridad y la garantía ciudadana.
En consecuencia, se trata de un acuerdo orientado a articular redes, no solo para la lucha contra el narcotráfico, sino para retomar lo que se venía haciendo a fines del siglo anterior: ir a la caza de organizaciones, sus dirigencias y líderes. En este escenario, Estados Unidos transita hacia una doctrina distinta. No se trata de una formulación cerrada, sino de un conjunto de decisiones que apuntan en la misma dirección. Los acontecimientos recientes en Medio Oriente lo confirman. La acción militar coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán responde a la nueva lógica de intervenir cuando se perciben amenazas directas al equilibrio estratégico y para preservar la credibilidad de la disuasión.
Este cambio tiene implicaciones directas para Bolivia. El país deja de ser periférico. El narcotráfico, la debilidad institucional y la disputa por recursos estratégicos lo sitúan en una posición distinta. En la nueva lógica estadounidense, los países serán evaluados por tres variables: control territorial, estabilidad institucional y alineamiento estratégico.
Sorprende escuchar a politólogos, sociólogos y periodistas obviar estas coordenadas, que están presentes en todas las manifestaciones del retorno al viejo Estado colonial y al neoliberalismo. Se inmutan ante la pobreza de su propio intelecto, otra demostración de colonialismo muy acorde con el pensamiento único de ese tiempo. Los vaivenes de la corrupción, el no saber nada de las maletas, el misterio de la gasolina «basura», el verticalismo en las imposiciones de los «operadores de palacio», son expresiones de la pervivencia de los genes de Pizarro y Almagro.
El Estado colonial al que nos lleva este gobierno todavía se mueve en esas coordenadas, precedidas por esos habitus que no han logrado superar. La Asamblea Constituyente fue el espacio que innegablemente representó una ruptura en nuestra historia contemporánea, y en ella vimos retratadas las posturas de quienes defendían esas conductas coloniales y de quienes luchaban por su identidad y dignidad frente a imposiciones racistas.
Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano
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La cumbre del llunk’erio al imperio
Cuando se cumplen los 13 años de la partida de Hugo Chávez, una vez más apelo a aquella declaración histórica que hiciera el líder de la revolución bolivariana, en oportunidad de su presencia en la ONU, en septiembre de 2006, minutos antes de su intervención había hecho mención a la presencia en el mismo lugar de George W. Busch, donde una frase se hizo viral, Chávez anunció: “Ayer el diablo estuvo aquí, huele a azufre todavía en esta mesa donde me ha tocado hablar…”
Será ahora en Miami en el que Donald Trump, reúna a los que considera sus más leales amigos del patio trasero en la Cumbre presidencial en los que figura el presidente improvisado de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, que estará bien acompañado de la casta nazifascista de esta parte del Sur como es: Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador y Tito Asfura, de Honduras.
Cuando el mundo minuto a minuto ve el desencadenamiento de la política bélica que asume EEUU juntamente a su aliado Israel sobre Irán, Trump tiene a sus pies a todo el llunk’erio como aliados clave en la región y que mantienen afinidad política e ideológica con la administración estadounidense.
Lo que nunca mencionó Paz Pereira es que ese encuentro busca consolidar una coordinación política, económica y geopolítica frente a la expansión de los intereses chinos. La selección de mandatarios apunta a conformar un núcleo de países dispuestos a fortalecer la cooperación con Estados Unidos. En otras palabras se seguirán bajando los pantalones al imperio y cumplirán su mandato.
Pero volvemos a insistir en el rol que viene asumiendo nuestro país en materia de política exterior, actualmente encabezada por el canciller Fernando Aramayo. Como vimos hace unas semanas, nos demostró que, al igual que Paz Pereira, está completamente fuera de sus cabales y carece del más mínimo criterio para tomar decisiones.
Es indignante conocer que el Estado boliviano que siempre se mantuvo con una postura en defensa de la soberanía de los pueblos haya decidido retirarse del «Grupo de la Haya», una organización de países que defienden a Palestina. Esta decisión ha sido elogiada por parte del canciller israelí, quien agradeció a Bolivia “por estar del lado correcto de la historia”.
Habrá que recordar que Bolivia, en el Gobierno de Luis Arce, fue uno de los países fundadores del “Grupo de la Haya”, cuya finalidad es terminar con lo que consideraron “ocupación israelí del Estado de Palestina y eliminar los obstáculos a la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, incluido el derecho a un Estado independiente de Palestina”, según su carta inaugural.
En su comunicación de salida del Grupo, Bolivia señaló que “cualquier iniciativa relacionada con la determinación de responsabilidades internacionales debe canalizarse a través de los órganos competentes”.
Lo que hoy vive la Cancillería boliviana es una muestra de doble moral institucional. Por un lado, se busca proyectar al mundo una imagen de modernidad y respeto a los convenios internacionales; por el otro, es proclive a mantener relaciones con países que no respetan tratados, y siguen sumisos a sus políticas de control hegemónico en la región.
Aquí cabe mencionar, el rol totalmente distinto que conocíamos de otro canciller que construyó una nueva diplomacia boliviana que, no se hizo en el vacío, sino que necesitó de un sistema diplomático flexible a las circunstancias reales emancipatorias.
Una diplomacia de los pueblos, que reemplazó a las diplomacias tradicionales, de base oligárquica, y que se fundamenta en los conocimientos de las culturas originarias con la participación de los pueblos en el diseño y gestión de las relaciones exteriores.
Bolivia, con esa política exterior de sumisión al imperio, nos recuerda a los gobiernos dictatoriales, que esperaban que ellos definan su accionar con organismos como el BM, el FMI y otros que condicionaban la política económica a sus intereses.
*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe
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Desmantelamiento
Erradicar el comunismo, ha sido el pretexto principal, desde 1945, para que todas las administraciones de gobierno en EEUU, intervengan de encubiertas o frontalmente en todos los lugares del mundo donde existía el “peligro para la democracia”; con el tiempo el discurso fue actualizado y “comunista” fue reemplazado por “terrorista” argumento basado en una tragedia autoejecutada con el propósito de renovación argumental del discurso intervencionista.
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