En una reciente entrevista con el analista político Antonio Abal Oña, difundida por ADICH Radio, se ofrece un diagnóstico lúcido y preocupante sobre la coyuntura boliviana. En un escenario marcado por dos cabildos paralelos —el convocado por la CSUTCB a instancias del senador Nilton Condori y el de la Central Obrera Boliviana para el 1 de mayo—, el país asiste a una ebullición social que evidencia el agotamiento del modelo de gobierno actual y la crisis profunda de representación política.
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Ley 157: la contrarreforma agraria en Bolivia
A diferencia del D.S 5503, mediante el cual el gobierno boliviano quería restaurar el neoliberalismo con sus extensos 121 artículos, la ley 157 con sus comprimidos 5 artículos es compacta pero no por eso deja de ser minuciosamente ladina.
La teoría de la dependencia nos enseña que en nuestros países periféricos el capitalismo no genera desarrollo autónomo sino subdesarrollo crónico, y que la dependencia no es una etapa sino una condición estructural, basada en la superexplotación de la fuerza de trabajo y la transferencia de valor al centro. En Bolivia, esta lógica se expresa más exactamente en el agro, ya que los campesinos y las comunidades indígenas son reservorios de mano de obra barata, mientras el latifundio moderno soyero y productor de res, se «articula» con el capital transnacional. Con esta breve aclaración previa y encuadre de posición en el sistema mundo, es, ahora sí, posible desentrañar los artículos de esta ley.
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Decretos Destructores
La destrucción del Estado Plurinacional es el objetivo central del gobierno de R. Paz, cada decreto tiene esa misión. No importa vulnerar la CPE, que entre otras cosas ya no es la “la ley suprema que ordena la vida del Estado” en Bolivia es un texto olvidado y empolvado.
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El TSE más que un factor de poder
Finalmente, se impuso la conveniencia. Porque lo que se vio en estos días no fue democracia, sino un concurso nacional de mentiras. Participaron políticos reciclados, partidos de alquiler y un árbitro —el Tribunal Supremo Electoral (TSE)— que dejó de impartir justicia para convertirse en operador de conveniencias.
Con la decisión del TSE de lavarse las manos como Pilatos y retirar el balotaje en La Paz, gran parte de la población se indignó. En ese escenario no ganó el más votado: ganó el más creativo para vulnerar la norma. Ante los ojos del mundo, el TSE nos ha develado su apego al poder y ha dejado claro que no sirve para garantizar un proceso electoral, ni el estado de derecho.
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De Príncipes y Principados
“El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo, es una obra de primer orden para entender la política, no tiene nada que ver con “El Principito” el tierno personaje de Saint Exupéry”, el príncipe de Maquiavelo es una suma de todas las malas artes del poder y una de ellas, la mentira.
Los consejos de Maquiavelo han sido desempolvados para estas épocas de imperialismos decadentes y gobiernos colonizados, los príncipes pululan por los sillones dorados de los gobiernos, aplicando al pie de la letra los consejos del florentino; “es mejor ser temido que querido” nos dirá y las bombas caen para que el temor sea mundial, el león es insignia de siniestro personaje que entrega territorios ancestrales de territorio Mapuche y miente.
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La niebla como método: cuando el caos es la estrategia
Vivimos en una era donde la mentira tradicional —la que busca que le crean— ha sido reemplazada por una forma más sofisticada y perturbadora de ejercicio del poder: la fabricación deliberada del caos. El objetivo ya no es convencer de una versión falsa de los hechos, sino destruir la posibilidad misma de distinguir qué es verdad. Ese este el núcleo del análisis: la niebla no es un accidente, es un método.
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ERA EN ABRIL
Aunque nada tenga que ver con aquella bellísima canción de Juan Carlos Baglietto a dúo con Ana Belén, dedicada a la ternura entre una madre y su hijo, abril nos depara grandes sorpresas desde el inicio del siglo. Una de ellas fue la denominada “Guerra del Agua” de abril de 2000.
Este mes también concentra fechas clave en la historia boliviana: el 9 de abril, la Revolución de 1952; el 17, la fundación de la Central Obrera Boliviana (COB); y el 22, el Día de la Madre Tierra, una conmemoración que, sin embargo, no termina de asumirse plenamente. Las instituciones no logran garantizar el respeto a las normas que protegen a la naturaleza ni hacen efectiva la defensa de la Pachamama.
Las jornadas de abril de 2000 marcaron el surgimiento de una fuerza social que, en su momento, anunciaba la construcción de un gran movimiento nacional y latinoamericano. Fue entonces cuando la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida lanzó la convocatoria al bloqueo indefinido en Cochabamba, como respuesta a una enérgica presión social.
Pero lo que marcará la pauta en este nuevo abril son los decretos que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha venido emitiendo. Uno de ellos es el Decreto Supremo 5595, que implementa el programa “Tranca Cero”. La paranoia gubernamental llega a extremos cuando a Paz Pereira se le ocurre gobernar por decreto. Hasta ahora ha emitido más de 50 decretos, intentando justificar su estilo de gobierno, pero sin mostrar la más mínima voluntad de mirar siquiera de reojo la Constitución Política del Estado, cuyas normas parece ignorar por completo.
Su programa “Tranca Cero” hace alusión a su muletilla cansona, repetida una y otra vez en sus discursos. Según el decreto, se elimina la exigencia de presentar fotocopias del carnet de identidad y certificados de nacimiento, como si con ello se fuera a erradicar la burocracia estatal, un problema enquistado desde hace décadas en el país.
Otro hecho llamativo es el instructivo del Ministerio de Educación, que dispone la realización de “actos breves” y la participación únicamente de “pequeñas delegaciones de estudiantes” en los desfiles cívicos. Plantear “actos breves” y “delegaciones reducidas” implica asumir que el civismo es una actividad secundaria o prescindible, cuando en realidad forma parte de la educación integral y de la preservación de la memoria colectiva.
Reducir ese legado a actos simbólicos con pocos estudiantes es minimizar el sacrificio de generaciones enteras. La memoria histórica debe ser explicada, compartida y vivida por todas las comunidades educativas. Un país que olvida su historia se vuelve vulnerable y pierde el rumbo. De ahí que sea justificable la protesta de bordadores, artesanos, payasos y fotógrafos ante la prohibición de estas actividades, que formaban parte de su quehacer cotidiano y, sobre todo, de su sustento económico.
Finalmente, el Gobierno nos presenta otro “cuentito” con bombos y platillos: mediante videos y fotografías, intenta mostrar la existencia de una red de sabotaje y robo de combustibles que operaría entre Bolivia y Chile, y que en cinco meses habría alterado el combustible de 5.000 cisternas, afectando unos 150 millones de litros comercializados en el país.
Según el Ejecutivo, entre octubre del año pasado y marzo de esta gestión ingresaron al país unos 150 millones de litros de combustible “adulterado con agua sucia y aceite usado”, que habrían causado daños en el parque automotor. Sin embargo, en ningún momento se presentan los autores o responsables de esa red. No hay detenciones. Solo ruido mediático como parte del show oficial.
El gobierno quiere acostumbrarnos a que se gobierne por decreto. Todos lo afirman, y está claro que, si bien el Ejecutivo puede dictar decretos, no puede “gobernar por decreto” en el sentido pleno de legislar o sustituir al Órgano Legislativo. Así, mientras unos andábamos expectantes al desenlace de la selección de fútbol, otros se afanaban rápidamente en aprobar decretos y leyes en contra del pueblo.
*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe
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Arquitectos del algoritmo de la explotación: Precariedad laboral de los repartidores en Bolivia
La noche del 26 de marzo, en la Avenida Beni de Santa Cruz de la Sierra, un trabajador de delivery fue víctima de una agresión brutal. La razón: haber estacionado su motocicleta —su herramienta de trabajo— durante unos minutos para recoger un pedido. Al regresar, fue advertido de que su motorizado había sido ingresado al garaje de la vivienda más próxima por los propietarios de la misma, quienes argumentaron que «ocupaba un espacio» que les pertenecía. Al reclamar la devolución de su medio de subsistencia, el joven fue golpeado salvajemente por los miembros de esa familia, quienes le produjeron una herida en la cabeza. Los agresores resultaron ser parientes de Marisol Negrete, ex candidata a la alcaldía del municipio de Porongo, también presente durante la agresión.
El episodio desencadenó la solidaridad inmediata de otros motociclistas de delivery, que acudieron a respaldar a su colega, y también la aparición oportunista del candidato a la gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien aprovechó la situación para tomar la palabra y capitalizar políticamente el suceso. Dada su vinculación como ex Gerente General de la plataforma Yango en Bolivia, su hipocresía resulta inaceptable.
La aparición de Velasco no fue casual. Este empresario no solo fue el creador de la primera gran plataforma de delivery local —luego absorbida por PedidosYa—, sino que, como apoderado de esta y posterior Gerente General de Yango en Bolivia, perfeccionó los algoritmos de scoring que fuerzan al repartidor a una autoexplotación constante.
Lejos de ser un hecho aislado y de las particularidades individuales de la familia agresora, este suceso debe ser leído como la continuación de una cadena de injusticias que inicia cuando se intenta camuflar la explotación convirtiéndo al repartidor —quien es un trabajador de la empresa— en un «socio» indefenso que asume todos los riesgos del capital.
El algoritmo como “patrón invisible”: subsunción real y externalización del capital constante
Para comprender la naturaleza de esta relación, es necesario recuperar la distinción marxiana entre capital constante y capital variable. En la producción capitalista clásica, el capitalista invierte una parte de su capital en medios de producción (capital constante) y otra en salarios (capital variable), siendo esta última la fuente del plusvalor. En las plataformas de delivery, ocurre una inversión perversa: los repartidores proveen sus propios medios de producción (motocicleta, combustible, teléfono), convierten su fuerza de trabajo en un servicio y, sin embargo, no generan plusvalor para sí mismos sino para la plataforma, que no asume los costos de reproducción de su fuerza de trabajo.
Como señala Marx, la subsunción formal del trabajo bajo el capital ocurre cuando el capitalista controla el proceso de trabajo sin transformarlo técnicamente; la subsunción real ocurre cuando el capital revoluciona el proceso productivo para aumentar la productividad. En las plataformas de delivery, nos encontramos ante una subsunción virtual: el control no se ejerce mediante la propiedad de los medios de producción (que el repartidor aporta), sino mediante la propiedad del algoritmo, que se erige como el «patrón invisible».
Como documenta el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), cerca del 87% de los repartidores en Bolivia perciben ingresos por debajo del salario mínimo nacional, y la mayoría carece de acceso a seguridad social, aguinaldo o vacaciones (CEDLA, 2024). Esta estructura constituye la forma contemporánea de lo que Marx denominó subsunción real del trabajo bajo el capital, pero mediada por dispositivos digitales.
Empresas como PedidosYa (propiedad de Delivery Hero) y Yango han evolucionado hacia “plataformas austeras” que maximizan la extracción de plusvalía mediante una gestión algorítmica total. Este modelo se sostiene sobre el gerenciamiento algorítmico: un panóptico digital que supervisa cada segundo del repartidor vía GPS, penaliza el rechazo de pedidos y utiliza sistemas de ranking (scoring) para forzar jornadas de hasta catorce horas diarias. Los trabajadores se ven obligados a aceptar pedidos no rentables para no ser penalizados, lo que convierte la “autonomía” publicitada en una falacia.
La Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) en Bolivia ya ha sancionado a PedidosYa por imponer cláusulas de exclusividad que distorsionan el mercado y profundizan la dependencia del trabajador (AEMP, 2021). Sin embargo, las sanciones aisladas no modifican la estructura de explotación.
Cuando la familia de Marisol Negrete arrebató la moto al repartidor, no solo le quitaron un bien privado; le arrebataron su medio de subsistencia en un sistema que lo ha desposeído de todo derecho laboral. La reacción de los compañeros repartidores, que acudieron en masa a protestar frente al domicilio de los agresores, es un ejercicio de poder asociativo y resistencia frente a la atomización que impone la plataforma. Mientras la empresa se desentiende bajo la figura del “contratista independiente”, los trabajadores reconstruyen la solidaridad de clase en la calle para suplir la ausencia de protección de sus derechos.
Contra el oportunismo burgués y el seguidismo: La urgencia de una organización política de clase
Juan Pablo Velasco Dalence es fundamental para desmantelar la máscara de «innovación» que proyecta en su actual carrera política. Velasco, quien hoy compite por la Gobernación de Santa Cruz y se encamina a una segunda vuelta contra Otto Ritter, no es un observador ajeno a la tragedia de la Avenida Beni, sino el arquitecto del modelo que la hizo posible.
No se puede prometer soluciones de seguridad para un sector al que, desde la gestión empresarial propia, se le ha despojado sistemáticamente de sus derechos laborales y se le ha forzado a asumir, en soledad y con su propio cuerpo, múltiples riesgos en la indefensión total para beneficio de la acumulación de capital.
JP Velasco fue el creador de la primera gran plataforma de delivery local, la cual fue adquirida por la transnacional PedidosYa (propiedad de la alemana Delivery Hero) en abril de 2018. Tras la adquisición, asumió el cargo de Apoderado de la empresa entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Bajo su mando, la empresa consolidó su hegemonía en el mercado boliviano. Posteriormente, se desempeñó como Gerente General de la multinacional Yango en Bolivia, liderando su entrada agresiva al mercado mediante una estrategia de tarifas bajas para desplazar a la competencia tradicional. Como líder de estas empresas, Velasco implementó un modelo basado en la externalización total del riesgo, lo que significa que el trabajador es obligado a proveer sus propios medios de distribución: moto, celular,etc.
Estamos hablando de que bajo su dirección se perfeccionó el uso de algoritmos de scoring o ranking. Estos sistemas fuerzan al trabajador a una autoexplotación constante. El trabajador agredido en la Avenida Beni carecía de una red de protección institucional precisamente porque el modelo empresarial de Velasco se basa en categorizar falsamente al repartidor como «socio independiente» para no pagar aportes a la seguridad social.
Entre la resistencia espontánea y la urgencia de la organización política
La explotación algorítmica y la cooptación política se entrelazan para profundizar la precarización de los trabajadores de delivery en Bolivia. Existen campañas como #Rights4Riders impulsada a nivel global por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que exige cuatro derechos fundamentales: a) pago justo, un salario vital que cubra cada minuto de la jornada; 2) trabajo más seguro, con responsabilidad patronal total por las lesiones sufridas en el lugar de trabajo —como el caso en Santa Cruz— y protección real contra la violencia y el acoso cotidianos; 3) transparencia algorítmica, mediante la consulta y negociación con los trabajadores sobre los criterios con que los algoritmos asignan tareas, evalúan desempeño y fijan pagos, desmantelando así la “caja negra” del gerenciamiento digital, y; 4) derechos laborales básicos, es decir, el respeto a la sindicalización y a la negociación colectiva, herramientas esenciales para que el infoproletariado enfrente el poder monopólico de la plataforma. Sin embargo, todas estas demandas—por necesarias que sean— no bastan por sí mismas. Sin una organización política consciente que articule las demandas inmediatas con un programa que enfrente la estructura de acumulación —el control del algoritmo—, la propiedad de la plataforma, la relación de dependencia encubierta, las conquistas obtenidas serán siempre parciales y reversibles. La experiencia nos muestra que las empresas conceden mejoras cuando la presión es fuerte, pero en cuanto cede la movilización, recuperan terreno mediante nuevas cláusulas, ajustes algorítmicos o simplemente esperando a que los trabajadores se cansen.
La movilización espontánea de los repartidores en la Avenida Beni fue la manifestación de una capacidad de organización cimentada en la solidaridad de clase de trabajadores que reconocen su condición común de explotación. Es una muestra de organización creciente no menor. Sin embargo, estas luchas corren el riesgo de ser absorbidas por figuras políticas que, bajo el discurso de la defensa de los «emprendedores», buscan en realidad profundizar la desregulación.
Neri y Arze (Neri, 2024) concluyen su estudio señalando que “la precarización del trabajo y la informalización de la economía son dos fenómenos que van de la mano y en detrimento de los medios de vida de las poblaciones trabajadoras”. Advierten, además, que este modelo de negocio retoma “elementos de formas precapitalistas, como el peonaje por deuda” ya que los trabajadores terminan endeudándose para cubrir los gastos que la empresa les transfiere. Plantean la necesidad de “retomar una mirada crítica sobre la cuestión del trabajo, la estructura y las relaciones de clase, evitando conceptos y nociones que tiendan a relativizar estos fenómenos o, peor, a fetichizarlos”. La lección que deja el episodio de Santa Cruz es clara: los trabajadores deben tomar su propia representación. Es el primer paso para romper con esta lógica de explotación que los condena a la vulnerabilidad absoluta.
En la tradición marxista, la cuestión de la representación es central. Marx y Engels criticaron a los luddistas no por su resistencia a las máquinas, sino porque atacaban el síntoma (la máquina) en lugar de la causa (las relaciones sociales de producción). Del mismo modo, para los trabajadores de delivery sería un error limitarse a denunciar la violencia física de los Negrete o aceptar la «solidaridad» interesada y oportunista de un personaje como Velasco. Porque no basta con resistir los abusos más visibles: sin organización política capaz de articular un programa económico revolucionario que enfrente la estructura de acumulación, cualquier conquista será efímera y la precarización terminará imponiéndose de nuevo. El verdadero enemigo es esa estructura institucionalizada por corporaciones como PedidosYa y Yango, que vende el cuento de que el repartidor es su «propio jefe» para ocultar la trampa de fondo (algo parecido a lo que ocurre con la mienería corporativa).
Se debería apuntar, entonces, a construir una organización que no solo negocie con la patronal, sino que dispute el poder de decisión sobre la tecnología, los costos y las reglas del trabajo. Una organización que, como planteaba Lenin, se proponga el control obrero de la producción como horizonte —empezando por exigir transparencia algorítmica real, participación en las decisiones y avanzando hacia la gestión colectiva de la plataforma. En este modelo, el algoritmo se convierte en un patrón invisible que se adueña del tiempo, del cuerpo y de la seguridad del repartidor, obligándolo a poner su propia moto y su propio celular para que la empresa acumule ganancias mientras él ni siquiera alcanza el salario mínimo. Esto es la subsunción virtual de la que habló Marx: la aplicación deja de ser una herramienta y se convierte en la dueña de tu vida, reduciéndote a un objeto desechable que la empresa abandona en la calle en cuanto algo sale mal. Lenin advirtió que ni la resistencia espontánea ni la mera denuncia de los abusos más visibles bastan para romper esta lógica; el capital monopolista profundiza la precarización mediante el control tecnológico, exigiendo respuestas organizadas a escala global.
Por eso, la solución no vendrá de los mismos empresarios que crearon esta precariedad, ni de la solidaridad espontánea, sino de convertir esa solidaridad en organización política consciente: una lucha que dispute el control del algoritmo, de la moto y, finalmente, de la vida del trabajador.
Bibliografía
Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP). (2021, 11 de noviembre). Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N°063/2021.
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). (2025). Repartidores en Bolivia: trabajo precario en un mundo digital creciente.
Correo del Sur. (2026, 26 de marzo). Revuelo en Santa Cruz por agresión a un delivery; está implicada una excandidata..
Miranda Colque, H. Á., & Larrea Montaño, N. E. (2023). La economía laboral digital en Bolivia: una exploración inicial. Fundación Internet Bolivia.org.
ITF Global. (s.f.). Delivery Hero: Es hora de cumplir con #Rights4Riders. Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. https://www.itfglobal.org/es/en-focus/future/delivery-hero
Neri Pereyra, J. P., & Arze Alegría, A. (2024). Explotación y precarización del trabajo en las plataformas digitales de reparto. Umbrales, (43), 201-233. Universidad Mayor de San Andrés.
Questrom World. (2025). Bending the Algorithm: The Unintended Consequences of Creative Compliance in The Gig Economy.
Revuelta Malcriada. (2025, 6 de agosto). Jorge ‘Tuto’ Quiroga: El cipayo del imperio y enemigo del pueblo boliviano https://revueltamalcriada.substack.com/p/jorge-tuto-quiroga
Lenin, V. I. (1975). ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento. En Obras completas (Tomo 5, pp. 343-529). Editorial Progreso.