El bloqueo de caminos que empieza a desmovilizarse puso en jaque no sólo al gobierno de facto, sino al conjunto de la institucionalidad que se afana en preservar las formas para no cambiar nada. Diversos informes apuntan que la movilización fue superior en cantidad de puntos de bloqueo como en el número de movilizados, a la que dio fin al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Losada. La explicación de esa fortaleza espontánea va más allá de un pedido aparentemente caprichoso por fijar fecha para una elección incierta. Se encuentra en la desesperación de la gente, particularmente la más humilde, que ha visto como su economía se derrumba, su salud está a la deriva por la improvisación y la negligencia, la educación de sus hijos en el limbo, sus derechos pisoteados… suma de calamidades bajo un gobierno soberbio que lo único bien que hace es amenazar y perseguir al fantasma del MAS.
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LA TRAICIÓN AL PUEBLO SE CONSUMA
El golpe de Estado de noviembre del año pasado avanza en sus objetivos. Con el patrocinio de los mismos actores que orquestaron el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral y el Poder Ejecutivo han aprobado una “nueva” ley electoral que es resultado de un acuerdo político partidario, que no contempla las demandas del pueblo movilizado y auto convocado que no responde a siglas sino a sus necesidades de solución ante la pandemia, la crisis económica, la clausura del año escolar y otros problemas graves. Los autores de este nuevo atentado contra la democracia no han tomado en cuenta para nada la demanda de cientos de miles de compatriotas movilizados a lo largo y ancho del país, que exigen además del respeto a la fecha originalmente pactada entre todas las fuerzas políticas, la renuncia de la autoproclamada Jeaninne Añez. Se trata, en consecuencia, de un acuerdo en el marco de la institucionalidad estatal que proscribe al pueblo organizado.
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El pueblo retoma la iniciativa política
Las formidables movilizaciones populares que se han dado este martes 28 de julio en las principales ciudades del país, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana, han puesto en evidencia –esta vez en las calles– el clamor popular por la realización, a la brevedad posible, de elecciones libres y democráticas para contar con un gobierno legítimo, fuerte y con amplia base social, capaz de encarar la crisis generalizada a la que nos ha conducido el gobierno de facto.
A despecho de las expectativas del gobierno, cuyo ministro de Gobierno apostó a que el temor a la represión y el impacto de una campaña mediática amedrentaría a la ciudadanía con el sambenito de los contagios por corona virus, el pueblo organizado en sus diferentes estamentos, decidió dar una lección a los golpistas. De nada valieron los “sensatos” llamados de cierta prensa y el desánimo de algunos militantes populares, que no confiaban en la capacidad del pueblo para auto convocarse.
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UN PROGRAMA FINANCIERO EMPRESARIAL: El supuesto “Programa Nacional de Reactivación del Empleo” – D.S. 4272
La contradicción fundamental en el capitalismo se da entre los dueños del capital y los trabajadores. En todo hecho productivo de mercancías, los primeros basan su conducta en la acumulación de la plusvalía generada por los trabajadores, los únicos que agregan un valor adicional al de las materias primas y de los medios de producción utilizados -que además les son ajenos-, desplegando su fuerza de trabajo a cambio del salario/sueldo que en términos cuantitativos es siempre menor al valor de dichas mercancías. El resto (el plus-valor) es apropiado por el capitalista.1
Fue la teoría neoclásica a fines del s. XIX, precursora del neoliberalismo, que concibió categorías que adopta la teoría económica vigente junto al sentido común alienado, justificando que la masa de plusvalía expoliada a los trabajadores e invertida por el capital en su forma productiva para producir determinado tipo de mercancías, que una vez efectivamente demandadas o vendidas, resulta en una suerte de salario para el capitalista a título de beneficio o utilidad, pero multiplicado por miles o millones respecto al salario de un obrero o al ingreso de una trabajadora por cuenta propia, o al sueldo de un maestro, etc., etc.2
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EL APARATO GOLPISTA ES UN INSTRUMENTO PARA POSTERGAR LAS ELECCIONES GENERALES Y PROSCRIBIR AL MAS-IPSP
NUESTRA PALABRA No 19
Las organizaciones sociales urbanas y rurales de Cochabamba y del país, nos manifestamos ante aprestos personales, políticos e institucionales con el único fin de postergar las Elecciones Generales, rechazando cualquier intento descabellado de desconocer el derecho político del pueblo de elegir y ser elegido el domingo 6 de septiembre del 2020.
En el país, los últimos informes sanitarios se hacen por miles de contagios y decenas de decesos, una pandemia explosiva fuera de control, agravada por la temporada de invierno y por la cruda realidad de muertes en viviendas y calles, de familias conviviendo por varios días con sus fallecidos y velorios públicos en las calles. La deficiente planificación estatal de la prevención, preparación y enfrentamiento del COVID-19, ha generado una duda entre la incapacidad y la premeditación del Gobierno, para fomentar el desarrollo del sector privado de la salud, exagerando costos que sobrepasan los 10.000 Bs por día, a pacientes positivos; por otro lado, la ineficiencia de este gobierno para enfrentar al COVID-19, se demuestra en la falta de un plan de trazabilidad para detener el virus, los test rápidos y rastrillajes están fuera de tiempo desde su inicio el 10 de marzo del presente año.
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Un gobierno que busca y promueve conflictos
La dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez merecería un capítulo de la serie “Aunque Ud. no lo crea”, por las desatinadas decisiones que toma en todos los ámbitos administrativos del Estado. Su último decreto –el 4272, dizque orientado a la reactivación económica y a la generación de empleo– es un conjunto de normas que recuerdan al tristemente célebre DS 21060, mediante el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro inauguró la negra noche neoliberal que asoló al país por más de diez años.
Las disposiciones de ese decreto apuntan nuevamente a achicar al Estado, relegándolo al papel de simple espectador de las decisiones que emanan del dejar hacer dejar pasar, tan caro para las mentes y bolsillos neoliberales. De muestra basta un botón, afirma el aserto popular. Ha lanzado una verdadera conminatoria a las empresas estatales a demostrar su rentabilidad, sin apoyo alguno. El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas. ¿Podrán competir con las empresas privadas que sí serán beneficiadas con recursos del Estado? En caso contrario, serán… ¿cerradas? ¿rematadas al peor postor? Ambas cosas: serán entregadas de una u otra manera al empresariado ávido de hacerse con la cosa pública a precio de gallina muerta, como lo hicieron a partir de 1985. Los mismos personajes que luego procedieron al remate del Estado, como Samuel Doria Medina, actúan ahora a la sombra de una dictadura, con esa finalidad.
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“SALVAR LA DEMOCRACIA PARA SALVAR LA VIDA CON UN GOBIERNO ELEGIDO POR EL VOTO POPULAR”
NUESTRA PALABRA No 14
Acorralada por distintos frentes sociales e institucionales, repudiada hasta por los suyos por su deslealtad y ruptura del mandato de transición, la presidenta de facto y candidata Jeanine Añez no tuvo más remedio que promulgar la Ley N° 1304, el pasado 21 de junio. Esta Ley formulada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en función a sus atribuciones constitucionales, da curso a la realización de las elecciones generales el día 6 de septiembre de 2020, tal como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo propuso y lo consensuó con las distintas tiendas electorales. Con esta certeza, nuestro país ahora se prepara para ejercer su derecho a la democracia plena que, en las actuales circunstancias, equivale directamente a defender la vida.
La democracia es la soberanía del pueblo para decidir su propio destino, así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE), en su Artículo 7, señalando que: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”, de modo que nadie puede arrogarse el derecho a proscribirla como hoy lo hace y pretende extremar el régimen de Añez.
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“LIBERTAD Y SALVOCONDUCTOS PARA LOS 7 RETENIDOS EN LA RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN BOLIVIA”
NUESTRA PALABRA No 13
Las organizaciones sociales, urbanas y sectores profesionales de todo el país, estamos cansados e indignados del irrespeto a los derechos humanos de parte del gobierno transitorio, razón por la cual denunciamos a nivel nacional e internacional que en Bolivia después del golpe violento de Jeanine Añez, hace aproximadamente seis meses atrás, un grupo de ex autoridades del gobierno de Evo Morales, tuvieron que pedir asilo político en la residencia de la Embajada de México en Bolivia, obligados por las condiciones de hostigamiento, por parte de grupos para-policiales y para-militares y también por la persecución política y judicial que inmediatamente iniciaron los personeros del gobierno de facto, con amenazas, que hablaban de “ir de cacería” tras ellos, además del cerco mediático, que oculta y desinforma.
En estas condiciones y sin ningún proceso abierto en su contra, han quedado asilados en la embajada mexicana, a partir del 10 de noviembre (algunos, uno o dos días posteriormente), las siguientes personas: Wilma Alanoca Mamani, Juan Ramón Quintana Taborga, Javier Eduardo Zavaleta López, Víctor Hugo Vásquez, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Nicolás Laguna y José Hugo Moldiz Mercado.
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