Etiqueta: Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)

Una vez consumado el golpe de Estado de noviembre de 2019, las instrucciones de la embajada norteamericana a sus operadores políticos en el país fueron precisas: había que destruir al MAS IPSP de raíz; para ello, se orquestó un aparato represivo que se encargó de perseguir, encarcelar y enjuiciar a ciudadanos que la inteligencia norteamericana consideraba altamente peligrosos. De esa manera, funcionarios públicos, militantes conocidos o simples activistas sociales, fueron objeto de una sañuda represión, con amenazas públicas de por medio hechas por el actualmente prófugo Arturo Murillo, ministro de gobierno de aquella nefasta dictadura.

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Un sector de la dirigencia médica, encabezado por Luis Larrea García, como parte de su campaña electoral a la Alcaldía de La Paz, pretende nuevamente iniciar una huelga en el sector salud, pretextando oposición a una Ley aprobada por nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional para normar el funcionamiento del sector en momentos en los que el país atraviesa por una agudización de la pandemia del COVID 19. La medida de ese sector de derecha, que mantuvo silencio cómplice durante la dictadura de Jeaninne Añez, es un claro atentado criminal contra el pueblo que requiere de una atención especial en tiempos de pandemia.

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La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado su labor para investigar a fondo los hechos de violencia ocurridos en Bolivia desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 con el compromiso de acceso a la información y a los testimonios de víctimas, testigos y funcionarios de este y el anterior gobierno.

Nos parece altamente profesional que el Ministro de Justicia, Iván Lima, señale que el trabajo de la comisión de cinco expertos de la comisión ha de ser “independiente e imparcial” bajo los “criterios de orientación y conciliación” de forma de dar luces a lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019, entre ellos los desatados con muertes en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.

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Con una deferencia que no se manifestó al momento de recibir a los representantes de los movimientos sociales, el presidente del Tribunal Nacional Electoral ha sostenido una larga reunión con la plana mayor del cada vez más tristemente célebre Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿El motivo? Atender sus democráticas razones para postergar de manera indefinida las elecciones nacionales; es decir, promover el prorroguismo del actual régimen, desde una posición “apolítica” pero “cívica”.

El argumento esgrimido por los dirigentes de esta entidad que asume la representación del pueblo cruceño, es que el órgano electoral “no daría las garantías sanitarias suficientes para que el 18 de octubre la gente asista a votar sin el riesgo de un contagio masivo por COVID-19”. Pueril pretexto con el que pretenden arrogarse también la potestad, competencias y atribuciones de otras entidades del Estado Plurinacional, que deberían pronunciarse al respecto. Algo, por supuesto, que resulta extremadamente sencillo, sobre todo por la experiencia que ya se ha dado en otros países como Francia o República Dominicana, por citar dos casos recientes.

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El bloqueo de caminos que empieza a desmovilizarse puso en jaque no sólo al gobierno de facto, sino al conjunto de la institucionalidad que se afana en preservar las formas para no cambiar nada. Diversos informes apuntan que la movilización fue superior en cantidad de puntos de bloqueo como en el número de movilizados, a la que dio fin al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Losada. La explicación de esa fortaleza espontánea va más allá de un pedido aparentemente caprichoso por fijar fecha para una elección incierta. Se encuentra en la desesperación de la gente, particularmente la más humilde, que ha visto como su economía se derrumba, su salud está a la deriva por la improvisación y la negligencia, la educación de sus hijos en el limbo, sus derechos pisoteados… suma de calamidades bajo un gobierno soberbio que lo único bien que hace es amenazar y perseguir al fantasma del MAS.

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El golpe de Estado de noviembre del año pasado avanza en sus objetivos. Con el patrocinio de los mismos actores que orquestaron el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral y el Poder Ejecutivo han aprobado una “nueva” ley electoral que es resultado de un acuerdo político partidario, que no contempla las demandas del pueblo movilizado y auto convocado que no responde a siglas sino a sus necesidades de solución ante la pandemia, la crisis económica, la clausura del año escolar y otros problemas graves. Los autores de este nuevo atentado contra la democracia no han tomado en cuenta para nada la demanda de cientos de miles de compatriotas movilizados a lo largo y ancho del país, que exigen además del respeto a la fecha originalmente pactada entre todas las fuerzas políticas, la renuncia de la autoproclamada Jeaninne Añez. Se trata, en consecuencia, de un acuerdo en el marco de la institucionalidad estatal que proscribe al pueblo organizado.

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Las formidables movilizaciones populares que se han dado este martes 28 de julio en las principales ciudades del país, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana, han puesto en evidencia –esta vez en las calles– el clamor popular por la realización, a la brevedad posible, de elecciones libres y democráticas para contar con un gobierno legítimo, fuerte y con amplia base social, capaz de encarar la crisis generalizada a la que nos ha conducido el gobierno de facto.

A despecho de las expectativas del gobierno, cuyo ministro de Gobierno apostó a que el temor a la represión y el impacto de una campaña mediática amedrentaría a la ciudadanía con el sambenito de los contagios por corona virus, el pueblo organizado en sus diferentes estamentos, decidió dar una lección a los golpistas. De nada valieron los “sensatos” llamados de cierta prensa y el desánimo de algunos militantes populares, que no confiaban en la capacidad del pueblo para auto convocarse.

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La contradicción fundamental en el capitalismo se da entre los dueños del capital y los trabajadores. En todo hecho productivo de mercancías, los primeros basan su conducta en la acumulación de la plusvalía generada por los trabajadores, los únicos que agregan un valor adicional al de las materias primas y de los medios de producción utilizados -que además les son ajenos-, desplegando su fuerza de trabajo a cambio del salario/sueldo que en términos cuantitativos es siempre menor al valor de dichas mercancías. El resto (el plus-valor) es apropiado por el capitalista.1

Fue la teoría neoclásica a fines del s. XIX, precursora del neoliberalismo, que concibió categorías que adopta la teoría económica vigente junto al sentido común alienado, justificando que la masa de plusvalía expoliada a los trabajadores e invertida por el capital en su forma productiva para producir determinado tipo de mercancías, que una vez efectivamente demandadas o vendidas, resulta en una suerte de salario para el capitalista a título de beneficio o utilidad, pero multiplicado por miles o millones respecto al salario de un obrero o al ingreso de una trabajadora por cuenta propia, o al sueldo de un maestro, etc., etc.2

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