Con lo demostrado hace unos días en la Asamblea Legislativa Plurinacional, después que Andronico Rodriguez, aprovechando su condición de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) promulgara dos leyes, tenemos la evidencia para confirmar acerca de las intenciones por dónde se encamina la estrategia de una de las fichas que mueve Evo Morales en la ALP, más que un político, un fantoche que ahora sigue el libreto de su jefe máximo. Extraña postura después de la otra que comprobamos el domingo pasado en el Trópico.
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El doble discurso y el caudillismo histórico
*Camilo Katari
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), debería ser el mejor escenario, en el que se reflejen los cambios, o por lo menos las intenciones de cambio impulsadas por el pueblo desde la “Agenda de Octubre” del año 2003. Por el contrario poco a poco la ALP se ha convertido en un lugar donde se defienden intereses privados, es decir, es un parlamento “rosquero”, tradicional, conservador y donde los “doctorcitos de Charcas”, hacen de las suyas con sus discursos rebuscados y leguleyescos.
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Sabotaje al modelo económico en Bolivia
Desde que el pueblo tomó el poder el año 2006 e impulsó la refundación del Estado afectando los intereses de las élites empresariales, la respuesta de estas logias económicamente poderosas, representadas entonces por Branko Marincović, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, fue que la aplicación del nuevo modelo económico no neoliberal y la reforma agraria solo llevarían al país al borde de una guerra civil, amenaza que cumplió el dirigente cívico en los años 2007 y 2008, en medio del proceso constituyente, procurando evitar la refundación del Estado y la redistribución de la tierra, con la intentona de una guerra separatista a través de grupos paramilitares, en un infame proyecto que fue derrotado por la unidad del pueblo trabajador.
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El Juego antidemocratico opositor
¿A qué juegan los asambleístas de la oposición en Bolivia? La semana anterior hemos sido testigos de un espectáculo lamentable en la Asamblea Legislativa cuando se bloqueaba la elección y designación del Defensor del Pueblo. A título de democracia, los dos tercios necesarios fueron manoseados al antojo de las bancadas opositoras. Y hasta ahora las cosas quedaron en nada.
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Una lerda justicia que empieza a moverse
Una vez consumado el golpe de Estado de noviembre de 2019, las instrucciones de la embajada norteamericana a sus operadores políticos en el país fueron precisas: había que destruir al MAS IPSP de raíz; para ello, se orquestó un aparato represivo que se encargó de perseguir, encarcelar y enjuiciar a ciudadanos que la inteligencia norteamericana consideraba altamente peligrosos. De esa manera, funcionarios públicos, militantes conocidos o simples activistas sociales, fueron objeto de una sañuda represión, con amenazas públicas de por medio hechas por el actualmente prófugo Arturo Murillo, ministro de gobierno de aquella nefasta dictadura.
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NO A LA HUELGA CRIMINAL EN SALUD
Un sector de la dirigencia médica, encabezado por Luis Larrea García, como parte de su campaña electoral a la Alcaldía de La Paz, pretende nuevamente iniciar una huelga en el sector salud, pretextando oposición a una Ley aprobada por nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional para normar el funcionamiento del sector en momentos en los que el país atraviesa por una agudización de la pandemia del COVID 19. La medida de ese sector de derecha, que mantuvo silencio cómplice durante la dictadura de Jeaninne Añez, es un claro atentado criminal contra el pueblo que requiere de una atención especial en tiempos de pandemia.
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Golpe de 2019: El imperativo urgente de conocer la verdad
La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado su labor para investigar a fondo los hechos de violencia ocurridos en Bolivia desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 con el compromiso de acceso a la información y a los testimonios de víctimas, testigos y funcionarios de este y el anterior gobierno.
Nos parece altamente profesional que el Ministro de Justicia, Iván Lima, señale que el trabajo de la comisión de cinco expertos de la comisión ha de ser “independiente e imparcial” bajo los “criterios de orientación y conciliación” de forma de dar luces a lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019, entre ellos los desatados con muertes en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.
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Del cinismo de los cívicos
Con una deferencia que no se manifestó al momento de recibir a los representantes de los movimientos sociales, el presidente del Tribunal Nacional Electoral ha sostenido una larga reunión con la plana mayor del cada vez más tristemente célebre Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿El motivo? Atender sus democráticas razones para postergar de manera indefinida las elecciones nacionales; es decir, promover el prorroguismo del actual régimen, desde una posición “apolítica” pero “cívica”.
El argumento esgrimido por los dirigentes de esta entidad que asume la representación del pueblo cruceño, es que el órgano electoral “no daría las garantías sanitarias suficientes para que el 18 de octubre la gente asista a votar sin el riesgo de un contagio masivo por COVID-19”. Pueril pretexto con el que pretenden arrogarse también la potestad, competencias y atribuciones de otras entidades del Estado Plurinacional, que deberían pronunciarse al respecto. Algo, por supuesto, que resulta extremadamente sencillo, sobre todo por la experiencia que ya se ha dado en otros países como Francia o República Dominicana, por citar dos casos recientes.
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