Etiqueta: Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)

  • “CORRUPCIÓN Y GOLPE DE ESTADO, ELECCIONES EN RIESGO”

    NUESTRA PALABRA No 6

    Las organizaciones sociales urbanas y sectores profesionales de todo el país, preocupados por la
    desastrosa gestión gubernamental de la presidenta de facto Jeanine Añez, expresamos nuestra
    preocupación y rechazo contundente a la administración corrupta e ineficiente que pone en riesgo
    la vida de la población.

    La corrupción es un delito, pero la corrupción en una catástrofe sanitaria es un acto criminal y que según la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, no prescribe. En los últimos días todo el país y el mundo fue testigo de uno de los hechos de corrupción más indignantes, la compra de 170 respiradores con sobreprecio, pero este, se suma a los numerosos casos de corrupción que ya se investigan en el Ministerio Público, son sólo los conocidos hasta ahora. Estamos ante el descarado saqueo y desfalco de los recursos públicos, no les importa aprovecharse del dolor de la catástrofe para llenarse los bolsillos. Esto aún, sin conocer el manejo y destino de los más de 1.100 millones de dólares de ayuda internacional.

    La respuesta de este gobierno no causa sorpresa, “sacrifican a peones para mantener a la reina”, tratan de encubrir estos escándalos a cualquier costa, esto se constata con la sintomática desaparición del Contralor General, la intervención sin resultados del Fiscal General, llegando al absurdo de pretender que creamos que estas denuncias de corrupción forman parte del sabotaje y conspiración a su deficiente gestión. Es un insulto a la inteligencia ciudadana. De igual manera condenamos la actitud de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que ante la escandalosa gestión gubernamental de Añez, pretenden “lavarse las manos”, ellos son los responsables políticos del golpe de Estado que luego devino en un gobierno autoritario y corrupto. Exigimos, por lo tanto, a las autoridades una investigación transparente y objetiva de todos los casos de corrupción.

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  • IMILLA P’ASPOSA”

    IMILLA P’ASPOSA”

    “Esta imilla p’asposa quiere ser presidente”, reza uno de los miles mensajes racistas, que circulan en las redes sociales. La destinataria de esta frase es, nada menos, que la presidenta del Congreso nacional, que al parecer queda disminuida con el nombre de Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Estamos hablando del único poder legítimo y legal de nuestro Estado y por supuesto el más democrático.

    La frase “imilla p’asposa” es la expresión de los genes racistas, que un estrato de la población boliviana conserva como un atributo de su complejo de superioridad.

    Hoy la práctica del racismo se ha naturalizado, el gobierno de facto se olvidó de la ley que castiga las prácticas racistas – seguramente por su propia naturaleza- que impulsaron la quema de la wiphala en los días de su violenta investidura.

    Estamos desprotegidos si no se cumple con la Constitución Política del Estado. ¿Cómo podemos esperar que se cumpla la Ley 045? Hemos vuelto en términos de sociedad al tiempo de Francisco de Ávila, primer cura que se encargó de la “extirpación de idolatrías” en 1608.

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  • No queremos otros “salvadores de la Patria”

    No queremos otros “salvadores de la Patria”

    Zavaleta, al referirse a la identidad señalaba: “… se sabe a la vez que la historia es la única que nos define…” y es nuestra propia historia la que nos define como un país inestable, con cuartelazos violentos y paréntesis democráticos, incapaces de superar la condición colonial del Estado.

    La incursión de las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) nuevamente nos retorna a la cruda realidad: la Constitución y las leyes se subordinan a los intereses particulares de grupos de poder o de corporaciones.

    A la crisis política y de salud pública que nos ha sumido en la incertidumbre, debemos añadir la emergencia militar que de la manera más brutal nos muestra que no vivimos en un sistema democrático y menos en un Estado de derecho.

    El silencio cómplice del gobierno respecto a la incursión militar demuestra la absoluta falta de respeto a línea de mando señalada en la CPE art. 224 sobre los asensos. Además, la CPE señala: art. 243, “Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejercito, la Fuerza Aérea y la Armada boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a propuesta del Órgano Ejecutivo”.

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  • ¡Muera la bota militar!

    ¡Muera la bota militar!

    Un tal Orellana, con rango de general, ha irrumpido en las instalaciones de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, en traje de campaña, para exigir a este poder del Estado su conformidad con la orden de ascensos; más aún, ha dado públicamente un plazo de una semana para que esa decisión se tome de acuerdo a los gustos y preferencias de los milicos envalentonados en dictadura.

    Tal afrenta a la formalidad democrática –que no otra cosa se vive actualmente en Bolivia– es, hasta ahora, corolario de un irracional y atávico complejo de los generales golpistas de su supuesto rol de “institución tutelar de la patria”, que dio pie a los innumerables golpes militares que asolaron la vida republicana y que, desde la caída de Gonzalo Sánchez de Losada, se pensaban erradicados de nuestra práctica política.

    Carlos Sánchez Berzaín fue uno de los últimos políticos de la era neoliberal en sacar las tropas a las calles para reprimir al pueblo. Suya es la frase de que, con quinientos muertos más, la crisis política y económica que vivía el país podría ser manejable desde el punto de vista de quienes entregaron las riquezas nacionales a la voracidad extranjera. El pueblo puso el pecho y los afanes prorroguistas que contemplaban incluso trasladar la sede de gobierno a Santa Cruz, con la aquiescencia de militares cavernarios, fueron derrotados en las calles y en las carreteras.

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  • Cinco razones de #EleccionesYa frente al mal Gobierno

    NUESTRA PALABRA No 2

    Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de Cochabamba, preocupadas por la pésima gestión del Gobierno de facto y por su amenaza destructiva a las conquistas sociales logradas por el pueblo boliviano con mucho sacrificio, en legítimo derecho constitucional, expresamos que las elecciones son urgentes:

    1. Por salud para todos

    El régimen ha encerrado a la gente con medidas coercitivas, pero no ha tomado medidas sanitarias reales contra el coronavirus. Escasean los tests, y los pocos que hay parecen ser solo para privilegiados como familiares de ministros. Alquilan lujosos hoteles en vez de acondicionar los hospitales que estaban por entregarse y los ya existentes. La salud es parte de la vida y su protección es integral, pero no está asegurada para todos como debiera ser. El único plan del Gobierno frente a la pandemia es la represión, y sabemos que las balas y las botas no podrán nunca vencer a un virus. Mucho menos sucederá eso cuando no han sido capaces de equipar ni capacitar a médicos ni enfermeras, como tampoco a las Policía ni a las Fuerzas Armadas, contándose ya varios fallecidos entre trabajadores de la salud y uniformados, entre el más de un centenar de dolorosas pérdidas.

    2. Por la legitimidad y legalidad

    Nadie votó por Jeanine Áñez. Por ello Bolivia es inestable desde el golpe de Estado. Es necesario contar con un Gobierno elegido democráticamente para enfrentar las múltiples crisis que sufrimos desde octubre, como son la política, la pandémica, la económica y la alimentaria, que solo hallan como respuesta la violenta represión de una a administración que se dice transitoria. Únicamente autoridades que cuenten con la legitimidad de las urnas podrán enfrentar la calamitosa situación que sobreviene, para la que asimismo se precisa la legalidad que ha sido vulnerada por la ambición de prorroguismo. La norma aprobada en la Asamblea Legislativa refleja el sentido de la Constitución, y eso lo sabe incluso el Tribunal Electoral que ha decidido respetarla.

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  • Censura a ministros, censura a un gobierno golpista

    Censura a ministros, censura a un gobierno golpista

    Foto: Internet

    Tras un largo periodo de un aparente reflujo en las acciones de los miembros de la Asamblea Legislativa se entró de lleno con la censura a los ministros de la presidenta de facto Jeanine Añez, que tras destituir a su ministro de Defensa lo vuelve a poner en el cargo como un acto de burla a la Asamblea Legislativa y la propia Constitución.

    Pero por encima de ello, los asambleístas con esa acción valerosa, están dispuestos a poner el pecho exigiendo ahora la interpelación a otros del ejecutivo. Para ello, ya se tiene programada la interpelación a ministerios como de Desarrollo Rural, de Comunicación, Obras Públicas, de Gobierno y Relaciones Exteriores entre otros.
    Y más allá de las censuras que, con buen criterio político de los asambleístas, están decididos a desmontar las acciones antidemocráticas del gobierno golpista. Detrás de ese escenario de censuras en las últimas horas comenzó a cobrar fuerza en las redes sociales una campaña contra la presidenta de facto Jeanine Áñez, de quien tres legisladoras, dicen “yo la conozco”, para cuestionar su falta de palabra y denunciar su gestión de gobierno.

    Las diputadas Fernanda San Martín, Micaela Nina y Lourdes Millares, de Unidad Demócrata (UD) de la que Áñez fue parte mientras fue senadora y que ahora sustenta su alianza electoral Juntos, grabaron un video en el que una a una cuenta cómo actúa la mandataria transitoria.

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