El conflicto actual nos está llevando hacia escenarios mucho más peligrosos. Después de las acciones violentas contra los movilizados en San Julián, el gobierno aplica con dureza la Le del estado de excepción. Sus operadores en la Asamblea Legislativa agilizaron y fue convertida en decreto por Paz, con el apoyo de los medios y las redes sociales, a quienes agradeció, instrumentos aliados de él que criminalizan la protesta bajo la narrativa de un proceso de desestabilización. Ese camino es peligroso.

Bolivia conoce demasiado bien lo que ocurre cuando las demandas populares son respondidas con uniformes, gases y decretos. La intervención policial-militar no resolverá la crisis. Puede desbloquear una carretera por unas horas, pero no desbloqueará el hambre. Puede dispersar una marcha, pero no dispersará el descontento. Puede imponer silencio momentáneo, pero no legitimidad. La fuerza puede administrar el miedo, pero no construir gobernabilidad.

En el balance necesario de 40 días de movilización, surge la pregunta que todos —o al menos una gran mayoría— se hacen: si se diera la renuncia de Rodrigo Paz, ¿qué pasaría después? Una pregunta con una intencionalidad inmediata que obliga necesariamente a madurar a los movilizados. Porque no basta con derribar un gobierno si no existe un proyecto político capaz de reemplazarlo. No basta con decir «fuera» si no se construye un «hacia dónde». La izquierda no puede contentarse con la rabia; debe convertir esa rabia en un programa, con una organización sólida y un horizonte político.

La movilización tiene fuerza, pero todavía necesita dirección política histórica. Tiene legitimidad social, pero requiere propuesta nacional. Tiene capacidad de presión, pero debe evitar que otros sectores se apropien de su energía para producir una salida conservadora, militarizada o meramente electoral. La historia boliviana enseña que las rebeliones populares abren caminos, pero esos caminos pueden ser capturados si no existe una conducción política clara.
Frente a este escenario, pueden abrirse al menos tres salidas:

Primera: la salida represiva. El gobierno está apostando por el desgaste, la militarización, las detenciones y el estado de excepción que ya empieza a aplicar. Sería la peor salida. Tal vez le dé oxígeno por unos días, pero lo dejaría moralmente herido y políticamente más débil. Un gobierno que necesita soldados para sostener su legitimidad ya perdió el vínculo con el pueblo.

Segunda: la salida negociada. Es decir, retirar las medidas más agresivas, liberar detenidos, abrir un diálogo real con garantías y construir un pacto social mínimo. Pero para que ese diálogo sea creíble, el gobierno tendría que dejar de escuchar solo a empresarios y al Departamento de Estado de Estados Unidos. Tendría que escuchar a quienes finalmente le dieron el voto, al país profundo.

Tercera: la que están pidiendo los movilizados y, gran parte de la sociedad: la renuncia de Paz y su gabinete, que deriva en una salida electoral o revocatoria de mandato. Si la ruptura entre gobierno y sociedad se vuelve irreversible, debería abrirse una vía democrática para consultar nuevamente al pueblo, como mecanismo democrático de resolución de crisis. Cuando un gobierno pierde aceleradamente legitimidad social, la palabra debe volver al soberano.

Pero para ir más allá, debemos plantear una salida popular-programática. Esta es la más difícil, pero también la más necesaria. Supone que las organizaciones sociales, obreras, campesinas, indígenas, gremiales y populares construyan una agenda propia. Una agenda que plantee un nuevo pacto económico: industrialización, defensa del litio, control estratégico de los recursos naturales, reforma tributaria progresiva, soberanía alimentaria, fortalecimiento productivo, protección del salario y reconstrucción del Estado Plurinacional desde abajo.

Con lo experimentado en estas movilizaciones de un mes y medio, la izquierda debe aprender de sus propios errores. No basta con administrar el Estado; hay que transformar la estructura económica. No basta con distribuir renta cuando hay bonanza; hay que diversificar la producción. No basta con hablar en nombre del pueblo; hay que construir poder popular organizado, con gente sana, que apueste con clara convicción ideológica por el futuro.

La crisis actual también interpela al bloque popular: sin renovación política, sin ética pública, sin programa económico serio y sin democracia interna, la derecha siempre encontrará el camino para volver con traje nuevo y libreto viejo.

Bolivia no necesita un gobierno sometido a los mandatos del norte, un gobierno títere de Washington. Bolivia necesita un Estado que negocie de pie, no de rodillas; que busque dólares sin entregar soberanía; que dialogue con el mundo sin olvidar a su pueblo; que ordene la economía sin destruir la vida de las mayorías.

La crisis actual es dura, pero también puede ser una oportunidad. Puede abrir un nuevo ciclo de conciencia política. Puede obligarnos a discutir lo que la campaña ocultó: quién produce, quién se beneficia, quién paga, quién decide y para quién gobierna el Estado.

El pueblo boliviano no está bloqueando solo por presión. Está diciendo que no quiere pagar otra vez una crisis que no provocó. Está diciendo que la democracia sin justicia social es una cáscara vacía. Está diciendo que la soberanía no se vende en cuotas ni se negocia como garantía de préstamo.

Bolivia está ante una encrucijada. La represión y detenciones ya son lo que para unos años será la sentencia de un presidente improvisado que nunca fue. Por eso es imperativo que, conscientemente, profundicemos la democracia popular y soberana para consolidarla. Que sea el Estado quien vuelva a mirar a las mayorías. La emergencia llama al Estado a escuchar el clamor de las grandes mayorías, que están decididas a apostar nuevamente por su futuro.

Luis Camilo Romero, comunicador boliviano para América Latina y el Caribe