En nombre de los derechos humanos

Un pronunciamiento de la cada vez más devaluada Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) convoca a activistas y organizaciones defensoras de esos derechos a una cruzada…. ¡para defender a golpistas, asesinos y delincuentes! Así como se lee. Ni en sus más febriles sueños de dictadura eterna, Arturo Murillo, el ministro de gobierno de la dictadura de Añez, habría imaginado tener de su lado a una entidad como la que hace la convocatoria de marras.

En una evidente y definitiva pérdida de brújula, esa entidad plantea la defensa de militares y policías que, durante el golpe de Estado de noviembre de 2019, cometieron crímenes de lesa humanidad, asesinaron a decenas de hombres y mujeres indefensos, persiguieron a todo lo que oliera a oposición y encarcelaron a cientos de ciudadanos que osaron oponerse a los golpistas. Tradicionalmente, entidades como la APDH, Justicia y Paz, Amnistía Internacional, ASOFAMD y otras que levantaron el estandarte de la libertad y la democracia, no sólo condenaron las atrocidades como las cometidas durante el gobierno de facto, sino que se constituyeron en parte acusatoria para poner en el banquillo de los acusados a quienes perpetraron esos crímenes y cometieron delitos.

Hoy, recuperada la democracia precisamente por aquellos que perdieron a sus seres queridos en dictadura, la Fiscalía ha iniciado un todavía lento proceso de reparación de la justicia, iniciando juicios a quienes de manera pública ostentaron su poder en aquellos nefastos días. Se ha garantizado el debido proceso; es decir, a diferencia de los golpistas de turno, los acusados tendrán la posibilidad de exponer sus justificaciones y atenuantes, en juicios públicos que, con seguridad, serán seguidos desde diversos frentes, tanto democráticos como de los alineados con los intereses de la política exterior norteamericana. Se trata, en consecuencia, de saber con exactitud lo que verdaderamente ocurrió –¿alegarán como lo hizo en su momento el ministro Murillo, que los muertos fueron ocasionados por los propios masistas que dispararon contra sus hermanos de lucha?– para, seguidamente, establecer las responsabilidades en cada caso. ¿Qué pruebas de descargo presentará la APDH, que ya ha iniciado la cruzada de defensa de los asesinos?

Denis Racicot, quien fuera Alto Comisionado de Naciones Unidas en Bolivia precisamente para atender casos de violación de derechos humanos individuales y colectivos en nuestro país, ha señalado por su parte la necesidad de investigar a los grupos violentos que actuaron no sólo con absoluta impunidad contra el pueblo inerme, sino que contaron con la complicidad de la Policía, los famosos “motines” a quienes hoy en día el pueblo mira con profundo desprecio.

Los famosos grupos paramilitares Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Cochala, por citar sólo a dos, han cometido actos de violencia a ojos vista de la ciudadanía. Numerosos hechos que han salido en todos los canales de televisión del país reportan la disciplina militar con la que actuaron y actúan estos grupos. No se trataba de una asociación espontánea de ciudadanos que se unían para luchar contra la “dictadura de Evo Morales”, o que ejercían el derecho a la protesta de manera pacífica. Se trata de grupos que han recibido entrenamiento militar permanente, que han sido armados y pertrechados no sólo con armas contundentes y punzocortantes, sino con armamento bélico que debería ser sólo de uso militar o policial. ¿Quiénes los entrenaron? ¿Quién los financió? ¿Cuál es su estructura de mando? ¿De dónde reciben órdenes? ¿Cuántos crímenes cometieron? Preguntas todavía sin respuesta, que ameritan un juicio por parte del Estado, que sirva no sólo para esclarecer los crímenes cometidos, sino que permita el cumplimiento estricto de la ley, poniendo entre rejas a quienes se atribuyeron funciones punitivas contra el pueblo y que se asociaron ilícitamente para cometer sus fechorías.

El desmantelamiento de los grupos paramilitares debe hacerse sin contemplación alguna, como escarmiento justo y necesario. Lo otro, permitir su impunidad, es enviarles el mensaje equivocado, de que podrán nuevamente ponerse en acción sin temor alguno a la ley, atentando contra la Constitución Política del Estado.

En ese empeño, por supuesto que debe reconocerse el derecho que le asiste a los acusados –incluida su gratuita defensora, la APDH– de presentar descargos y justificaciones. Hoy, más que nunca, la consigna que alguna vez movilizara a la ahora cómplice y defensora de asesinos, debe hacer carne en nuestras instituciones y en el pueblo: ¡Ni olvido ni perdón!

PS. Por respeto a los caídos, pedimos a la APDH firmar sus comunicados, de hoy en adelante, en nombre de la Asamblea Permanente de Humanos de Derecha. Así estaría mejor.

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