Etiqueta: Grupos para-militares

La impunidad es el permiso escrito para la comisión de cualquier delito. Si ésta, como señal, se la lanza a través del mundo, aquellos que por encargo se dedican a matar, sentirán que su “profesión” es tan noble como las acciones de la Madre Teresa. Creerán y se auto convencerán de que los perpetran en nombre de ideales y en la lucha “por la democracia”, puesto que, por todos los confines de nuestro planeta, las masacres y asesinatos de inocentes, siempre se realizan en defensa de un mundo que dice ser libre. Es más aún, en esta siempre hipócrita alquimia de las palabras, los asesinos a sueldo han dejado de llamarse mercenarios, es decir, personas que por estipendio sirven en la guerra a un poder extranjero, para ser ahora considerados “contratistas”…

Acaba de ocurrir lo execrable en Estados Unidos. Vísperas de marcharse con más pena que gloria de la Presidencia de ese país, con pataleos de última hora incluidos, don Donald Trump ha indultado a mercenarios norteamericanos que no combatían a otras tropas, sino que se dedicaron en Irak al asesinato de indefensos ciudadanos, entre ellos, mujeres y niños. A mansalva, a manera de entrenar la puntería; con la convicción de que aquellos seres que caían bajo las balas arteramente disparadas, no tenían familia, no tenían sentimientos, no tenían un futuro del que alegrarse, no tenían aspiraciones de vivir en libertad y disfrutar de la felicidad… en suma, no tenían derecho a la vida.

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La historia oficial que conocemos es la historia escrita por historiadores influidos por sus ideas –por lo general, expresivas de los intereses oligárquicos– y claramente expresivas de las visiones y los deseos de los vencedores. Así, la historia de nuestro Abya Yala es la historia de las masacres de nuestros pueblos, premiadas con ascensos militares y prebendas para los ejecutores de los crímenes.

Esa historia oficial quiso ser escrita para falsear la historia real, por los ejecutores del golpe de Estado de noviembre del año pasado. Para ello, había que tener un pretexto de suficiente peso como para que pudiera calar en sectores proclives a la derecha; entonces se recurrió a la argucia de sostener, a través de los medios masivos de comunicación previamente aceitados, la versión de fraude electoral, basada en la abierta injerencia de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que ya estaba debidamente aleccionada por el Departamento de Estado yanqui, sobre lo que tenía que decir y lo que tenía que callar.

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En las últimas horas, la derecha reaccionaria junto a sus grupos fascistas y paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala, han iniciado una escalada de acciones sediciosas para evitar la asunción de mando del binomio presidencial elegido libre y democráticamente en las elecciones del 18 de octubre pasado. Alegando un fraude inexistente y que intentan nuevamente fabricarlo, a pesar del veredicto de todos los organismos internacionales, buscan crear un clima de conmoción social que derive en la toma del poder por parte de sectores reaccionarios del Ejército y la Policía.

Las acciones subversivas de la derecha, en franco desconocimiento no sólo de la victoria popular sino de las normas y leyes que rigen en el país, se ven avaladas por la complicidad de la Policía que, incumpliendo sus deberes, no ha hecho nada por desarticular a estas bandas delincuenciales ni por controlar esas acciones de bloqueo de calles que coartan el derecho ciudadano a circular libremente.

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Titulo la presente nota usando una idea del gran Coco Manto, quien en un artículo del Semanario Pulso del 11 al 17 de junio de 2004, escribía: “Con tanta división general abajo, un día de estos la embajada nos va a poner un general de división encima”.

El viaje de Murillo a Estados Unidos, reza el anuncio oficial, es para tener reuniones con la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento de Estado.

Dadas las condiciones de la coyuntura electoral, este viaje no puede tener otro contexto y motivos que no estén ligados a este acontecimiento que, de ser legal y lícito, debía entregar el poder a Luis Arce y David Choquehuanca en primera vuelta, según indican las encuestas y sus proyecciones de voto.

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La prensa nacional da cuenta de un bochornoso incidente policial en la ciudad de Sucre: un grupo paramilitar de la tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista fue detenido in fraganti, portando drogas y armas que, de acuerdo al reporte oficial, tendrían por objeto sembrar caos y anarquía en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, so pretexto de defender la democracia.

Sorprende el accionar represivo del gobierno de facto; probablemente porque la flagrancia era tal, no les quedó otra que actuar. Porque, desde los más altos niveles –y nos referimos puntualmente al ministro de Gobierno Arturo Murillo– la actitud y las instructivas no eran de simple hacerse de la vista gorda, sino de apoyo concreto a estos grupos violentos que fueron artífices de ataques a las pacíficas manifestaciones que se dieron y se dan a lo largo y ancho del país, y que buscan recuperar la democracia y que se respeten los derechos elementales de los ciudadanos.

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Ubicada en columna pequeña de alguna prensa, la noticia ha pasado poco menos que desapercibida. Se ha posesionado a un directorio encargado de velar por los intereses del país en la empresa nacional de El Mutún, ese rico yacimiento de hierro ubicado en el departamento de Santa Cruz. El acto de posesión contó con la presencia, nada menos, de tres ministros, lo que da una idea del interés que tiene este gobierno de facto, que de transitorio sólo tiene el nombre. Los posesionados son personajes del mundo de la política, ligados a los intereses logieros, anti nacionales y pro imperialistas, cuya presencia constituye, desde ya, una grave amenaza para ese recurso estratégico y de gran proyección para el desarrollo nacional.

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Con una deferencia que no se manifestó al momento de recibir a los representantes de los movimientos sociales, el presidente del Tribunal Nacional Electoral ha sostenido una larga reunión con la plana mayor del cada vez más tristemente célebre Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿El motivo? Atender sus democráticas razones para postergar de manera indefinida las elecciones nacionales; es decir, promover el prorroguismo del actual régimen, desde una posición “apolítica” pero “cívica”.

El argumento esgrimido por los dirigentes de esta entidad que asume la representación del pueblo cruceño, es que el órgano electoral “no daría las garantías sanitarias suficientes para que el 18 de octubre la gente asista a votar sin el riesgo de un contagio masivo por COVID-19”. Pueril pretexto con el que pretenden arrogarse también la potestad, competencias y atribuciones de otras entidades del Estado Plurinacional, que deberían pronunciarse al respecto. Algo, por supuesto, que resulta extremadamente sencillo, sobre todo por la experiencia que ya se ha dado en otros países como Francia o República Dominicana, por citar dos casos recientes.

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En Bolivia las fuerzas paramilitares se adueñan de las ciudades del eje central. Tratan de repetir su hazaña de octubre y noviembre del año 2019. Esta es la señal inequívoca que no existe gobierno, ni Estado de derecho.

La acumulación de equívocos en la gestión de la crisis política y de salud, ha debilitado al gobierno de facto, de tal manera que sus propios promotores ahora le cuestionan; “¿Cómo debo llamarla presidenta o candidata? porque no hay gobierno”, así preguntó una representante de un partido político de la derecha boliviana.

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