Las desestabilizaciones, destitución presidencial o golpes parlamentarios, procesos judiciales también llamados lawfare o “guerra jurídica”, la combinación de law y warfare hace referencia al uso de procesos legales como arma política para encarcelar y anular liderazgos de los gobiernos de izquierda, progresistas y populares en tiempos de democracia liberal republicana; en el presente siglo se constituyó en la normalidad fomentada, impulsada y permitida por los medios masivos de comunicación privada, por las derechas derrotadas democráticamente y el ministerio de colonias del imperialismo: la OEA.

Violentar la legitimidad del soberano se inauguró en Venezuela, el presidente Hugo Chávez logró instalar la Asamblea Constituyente, hacer aprobar la Constitución en referéndum y ser reelecto con el 59% de votos, ese fue su delito; en abril de 2002, beneficiarios del poder vinculados a PDVSA, empresarios, un sector de los militares, tomaron el Palacio violentamente, detuvieron al presidente e impusieron como presidente de facto al empresario petrolero Carmona, la movilización popular los derrotó.

Al presidente Nicolás Maduro, desde el momento que inició su mandato en 2015, el Congreso controlado por la derecha impulsó su revocatoria, no lo lograron, con el auspicio de la colonia imperial se inventaron una figura caricaturesca y a un bufón, y lo nombraron “presidente encargado”, que fue reconocido por todos los gobiernos de derecha de la región.

En Honduras, en 2009, el presidente Manuel Zelaya decidió consultar al pueblo mediante un referéndum sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la respuesta de la derecha fue inmediata, el Ministerio Publico ordenó secuestrar el material electoral, simultáneamente la cúpula de las FFAA secuestró al presidente y lo confinó a la base militar estadounidense de Parmerola, obligando a renunciar al vicepresidente. Y la derecha en el Parlamento decidió nombrar como titular al presidente del Congreso.

Paraguay fue gobernado por Stroessner y el Partido Colorado desde 1954, entre dictadura y democracia, el sacerdote progresista Fernando Lugo los venció democráticamente en 2008. Su derrocamiento fue planificado desde el día que juró a la presidencia; se utilizó el asesinato de 11 indígenas y seis policías por tierras, que eran de un empresario y senador colorado para que el Parlamento destituya a Lugo. La derecha retomó el poder político.

En Nicaragua, no pudieron derrocar al sandinismo y al presidente Ortega y le impusieron más de 200 sanciones económicas, al igual que con la revolución cubana con un bloqueo inhumano de más de medio siglo impuesto por el imperio, pese a que la ONU exigió reiteradamente, por unanimidad mundial, el cese del bloqueo criminal.

En Brasil, Lula da Silva fue electo y reelecto con el 60%, la votación más alta en la historia democrática, Dilma Rousseff en la misma condición fue electa y reelecta. El pueblo los ungió por decisión soberana, pero los poderes fácticos, medios de comunicación, Parlamento y la Justicia urdieron el plan para el derrocamiento del PT y el encarcelamiento de Lula. En el Parlamento, una alianza de derechas derrocó, a través del impeachment o juicio político, a Dilma y el juez Moro encarceló a Lula, y con esta sentencia penal le permitió a Bolsonaro ser presidente y le sirvió al juez ser su ministro.

En Ecuador, Rafael Correa convocó a una Asamblea Constituyente y el pueblo aprobó la Constitución, el intento de derrocamiento y magnicidio del presidente emergió de un motín policial en 2010 con el apoyo de toda la derecha política y económica, la movilización popular impidió el quiebre democrático.

En Bolivia, en 2008 los prefectos y comités cívicos de la “media luna” comandaron el fallido golpe. En 2019, la ultraderecha lideró el golpe con el apoyo de la policías y militares, la Conferencia Episcopal fue determinante para consumarlo y organizar el gobierno de facto. El gobierno de Lucho no está exento de esta amenaza antidemocrática.

En Argentina, inicialmente el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, luego el lawfare para inhabilitarla este año, muestra que la ultraderecha recurre a todos los medios no solo para retomar el poder sino para proscribir liderazgos de izquierda.

En Perú, la izquierda, con un profesor y dirigente, derrotó en las urnas a la exponente de la ultraderecha peruana del fujimorismo. En el Congreso controlado por la derecha, desde el primer día que juró a la presidencia Pedro Castillo, lo desestatizó e impidió que gobierne hasta destituirlo y encarcelarlo.

Está en marcha en el presente siglo la estrategia renovada de los golpes organizada y liderada por el imperio contra los gobiernos democráticos de izquierda, con la complicidad financiada por los grupos fácticos de poder interno para retomar el control de los países escudados en la democracia, justicia y libertad para callar y asesinar la expresión democrática de los pueblos.

Los lumpen de la democracia continental son los enemigos de la soberanía popular.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.