El 13 de abril de 2025 se celebró en Ecuador la segunda vuelta presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González. A pesar de su apariencia de normalidad democrática, el proceso estuvo viciado de principio a fin, como lo evidencian los numerosos informes, artículos y análisis posteriores. No fue simplemente una elección irregular: fue un fraude, un robo de la voluntad popular, y, con ello, un robo de esperanza, de dignidad y de futuro para el pueblo ecuatoriano.

Este fraude no sólo arrebató votos en las urnas: buscó arrebatarnos también la convicción de que podemos construir una patria justa, digna, soberana, con equidad para todos. Intentaron robarnos la certeza de que luchamos bien, que fuimos capaces, que nuestro esfuerzo no fue en vano, y que nuestra Revolución Ciudadana sigue viva en el corazón del pueblo. Frente a este intento de despojo múltiple, nos rebelamos. No reconoceremos como legítimo a un gobierno nacido de un proceso ilegítimo, plagado de inconstitucionalidades y manipulaciones.

Lo ocurrido en Ecuador debe comprenderse como parte de una tendencia continental de restauración oligárquica, impulsada mediante nuevas formas de manipulación política, mediática y judicial. La elección de Daniel Noboa —hijo de un imperio económico— no representa un cambio generacional, sino la consolidación de un proyecto neoliberal oligárquico, revestido de formalidad democrática pero vaciado de legitimidad popular.

Daniel Noboa no es un outsider ni una renovación política. Es la continuidad reciclada del viejo poder económico, ahora fusionado en una alianza cada vez más abierta entre banqueros, empresarios, medios de comunicación, fuerzas de seguridad y estructuras judiciales. Durante su gobierno transitorio iniciado en noviembre de 2023, Noboa profundizó el desmantelamiento del Estado social de derechos construido durante la Revolución Ciudadana. Incorporó ministros provenientes de think tanks neoliberales y de organismos como el FMI, ejecutando un brutal ajuste: aumentó el IVA, flexibilizó el trabajo, privatizó servicios estratégicos y subordinó aún más la política económica al mandato extranjero. El acuerdo de 4.000 millones de dólares firmado con el FMI en abril de 2024 implicó recortes masivos en salud, educación y programas sociales, disparando la pobreza al 28% y llevando la pobreza extrema a afectar a más de dos millones de ecuatorianos.

En paralelo, el país sufrió una militarización sin precedentes: 240 días consecutivos de estado de emergencia, represión brutal de protestas, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El asesinato de cuatro niños en Las Malvinas, ejecutados tras su detención militar, expuso la crudeza de un régimen que gobierna a través del miedo. Sin embargo, el problema no es solo de gestión: el votante anticorreísta ha sido moldeado emocionalmente para justificar cualquier desastre. Para esa base social, la ruina económica, la violencia desbordada o los escándalos de corrupción no importan si se percibe que Correa «pierde». La derecha ecuatoriana no disputa ya razones: contagia emociones de odio.

Por ello, incluso las violaciones más groseras de Noboa —como gobernar sin licencia electoral, usar fondos públicos para comprar votos, o perseguir judicialmente a opositores— fueron silenciadas o minimizadas. Los medios hegemónicos, como parte activa de esta restauración oligárquica, blindaron al nuevo régimen. Detrás del proyecto de Noboa no hay simplemente errores o negligencias. Hay un plan consciente: desmantelar la Constitución de Montecristi, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano durante el mandato de Rafael Correa para edificar un nuevo país; para eliminar derechos laborales, privatizar la seguridad social, destruir mecanismos de participación ciudadana y devolver el país a su vieja casta empresarial.

Noboa es el mascarón de proa de una élite que no busca gobernar para el pueblo, sino gobernar sin el pueblo.