La indexación de la economía boliviana al dólar no constituye una medida técnica para enfrentar la escasez de combustibles ni una respuesta coyuntural a la crisis económica. Es un paso más en la consolidación de un modelo neoliberal que traslada el peso de la crisis internacional sobre las espaldas del pueblo, renuncia a la soberanía económica conquistada por el Estado Plurinacional y fortalece a los grupos económicos que han convertido la importación, la especulación y la intermediación en un negocio multimillonario.

Durante semanas, diversos sectores sociales, economistas e incluso exautoridades han planteado una alternativa sencilla: que el Estado compre directamente petróleo crudo mediante acuerdos entre gobiernos y utilice plenamente la capacidad instalada de las refinerías nacionales. La pregunta surge de manera inevitable: si esa posibilidad existe, ¿por qué el gobierno insiste en mantener un esquema basado en la importación de combustibles refinados a través de operadores privados y mecanismos de mercado?

La respuesta no parece encontrarse únicamente en criterios técnicos. Todo indica que el eje ordenador de la política económica oficial continúa siendo la confianza en el libre mercado y la reducción del papel estratégico del Estado. Bajo esa lógica, la función pública deja de planificar y dirigir sectores fundamentales para limitarse a regular un mercado cuyos principales beneficiarios son los actores económicos con mayor capacidad financiera.

Ese es el verdadero debate. No se trata únicamente de gasolina o diésel. Se trata de definir quién controla los recursos estratégicos y quién obtiene las ganancias derivadas de una crisis que golpea diariamente a millones de bolivianos.

Cuando el Estado renuncia a intervenir de manera directa en actividades estratégicas, otros ocupan ese espacio. La importación de combustibles, la intermediación financiera y el acceso privilegiado a las divisas terminan concentrándose en pocos grupos económicos, profundizando una estructura caracterizada por la concentración de la riqueza y el fortalecimiento de élites empresariales cuyos intereses difícilmente coinciden con los de la mayoría trabajadora.

No es casual que mientras las familias enfrentan el incremento permanente del costo de vida, determinados sectores encuentren nuevas oportunidades de acumulación. Cada crisis abre un negocio para unos pocos y una nueva carga para las mayorías. Ese ha sido, históricamente, el sello de los remiendos neoliberales: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Lo más preocupante es que esta orientación contradice el espíritu de la Constitución Política del Estado. El Estado Plurinacional no fue concebido como un simple árbitro del mercado. La Constitución reconoce una economía plural donde conviven diversas formas de organización económica, pero asigna al Estado la responsabilidad de conducir el desarrollo nacional, administrar los recursos estratégicos y garantizar que la riqueza beneficie al conjunto de la población.

En ese marco, la economía comunitaria ocupa un lugar central. No como un elemento decorativo ni como un discurso para actos oficiales, sino como una propuesta alternativa basada en la distribución, la reciprocidad, la solidaridad y la satisfacción de las necesidades colectivas antes que la maximización de la rentabilidad privada.

Sin embargo, en lugar de profundizar ese horizonte constitucional, las decisiones recientes parecen avanzar en dirección contraria. La creciente dependencia del dólar y la aceptación de que los principales precios de la economía nacional se encuentren subordinados a una moneda extranjera representan una renuncia progresiva a la soberanía económica.

No se trata de un fenómeno aislado ni exclusivamente boliviano. El dólar atraviesa profundas tensiones derivadas de la transformación del sistema económico internacional, la disputa geopolítica entre las grandes potencias y los cuestionamientos crecientes a su condición de moneda hegemónica. Precisamente por ello resulta paradójico que, en medio de ese escenario incierto, Bolivia decida atar aún más el destino de su economía a una divisa cuya estabilidad también enfrenta desafíos estructurales.

La historia reciente del país ofrece una advertencia que no debería olvidarse. Durante la Guerra del Agua en Cochabamba, la población descubrió que incluso las tarifas de un derecho fundamental estaban sujetas a mecanismos de indexación vinculados al dólar y a decisiones tomadas fuera del país. La rebelión popular no fue únicamente contra una empresa concesionaria; fue también contra un modelo que subordinaba la vida cotidiana a las reglas del mercado internacional.

Hoy el riesgo adquiere nuevas dimensiones. Cuando el dólar se convierte en referencia para el funcionamiento de la economía nacional, cada variación del mercado internacional termina trasladándose al precio de los alimentos, del transporte, de los medicamentos y de todos aquellos bienes indispensables para la vida cotidiana. La inflación deja de depender exclusivamente de la producción nacional y comienza a importar, literalmente, las crisis del sistema financiero global.

Quienes pagan esa factura no son los grandes grupos económicos ni quienes poseen activos dolarizados. Son los trabajadores que viven de un salario cada vez más insuficiente, los pequeños productores que enfrentan mayores costos, los transportistas, los comerciantes minoristas y las familias populares que ven reducirse su poder adquisitivo mientras aumenta la incertidumbre.

Bolivia necesita exactamente el camino contrario. Recuperar la planificación económica, fortalecer las empresas públicas estratégicas, ejercer plenamente la soberanía sobre los recursos naturales y utilizar el poder del Estado para garantizar el abastecimiento y proteger a la población. Eso implica abandonar la dependencia de los intermediarios, impulsar mecanismos de compra directa entre Estados, fortalecer la producción nacional y recuperar el principio constitucional de que la economía debe estar al servicio del pueblo y no de los mercados.

La soberanía no se defiende únicamente con discursos patrióticos ni con consignas de ocasión. Se construye cuando las decisiones económicas dejan de responder a las exigencias del capital financiero y vuelven a responder a las necesidades de la nación. La batalla por las divisas, por los combustibles y por el control de los recursos estratégicos es, en realidad, la batalla por el futuro del Estado Plurinacional.

Porque cada vez que la economía boliviana queda atada a intereses externos, el país pierde un margen de decisión. Y cada vez que el Estado renuncia a ejercer el mandato que le otorgó la Constitución, quienes avanzan son los viejos intereses que siempre encontraron en las crisis la mejor oportunidad para ampliar sus privilegios. Frente a ello, corresponde fortalecer la conciencia crítica, impulsar la movilización democrática de las organizaciones populares y defender un proyecto de soberanía económica que coloque nuevamente al pueblo, y no al mercado, en el centro de las decisiones nacionales.

Fuente primaria «Nuestra Palabra» programa de radio del 27/06/2026