Si entendemos el «urbanicidio» como la destrucción progresiva de las condiciones que hacen posible una ciudad habitable, democrática, saludable y sostenible, Cochabamba presenta múltiples manifestaciones de este fenómeno. La evidencia muestra un crecimiento urbano no planificado, la pérdida y desigual distribución de áreas verdes, la transformación de espacios naturales en suelo urbanizable y serias dificultades para garantizar un hábitat adecuado. Esto se expresa en: la ocupación de áreas destinadas a espacios públicos; la reducción de superficies verdes; la pérdida de arbolado urbano y bosques (caso emblemático del Bosque Ex Matadero); la fragmentación de corredores ecológicos; y la presión sobre áreas de preservación y zonas naturales como el Parque Tunari y, últimamente, el Cerro San Pedro.
Un estudio de la UMSS ha evidenciado la escasa cantidad y calidad de áreas verdes en la ciudad, así como una fuerte desigualdad territorial entre los distritos del norte y del sur. Esto es urbanicidio porque la ciudad destruye las bases mismas de su propia supervivencia ambiental.
Este diagnóstico no es un problema local. En la coyuntura política actual de Bolivia, donde asistimos al retorno de las recetas neoliberales, el urbanicidio se convierte en una amenaza sistémica. La presión por convertir cada área verde en un activo financiero es la consecuencia lógica de un Estado que se retira de su rol planificador. La señal más clara es la reciente eliminación del Ministerio de Planificación en el último cambio de gabinete del presidente Rodrigo Paz —un gesto que no merece ser mencionado como un simple ajuste, sino como la renuncia explícita a pensar el país a futuro. Lo que ocurre en Cochabamba es un anticipo de lo que puede suceder en Santa Cruz, La Paz o El Alto. Defender el derecho a la ciudad es, hoy, defender un país soberano y habitable.
Otra causa es la urbanización sin planificación suficiente. El crecimiento urbano no implica necesariamente desarrollo urbano. En Cochabamba se observa una expansión hacia zonas periféricas donde la urbanización, la infraestructura, los servicios y el equipamiento no avanzan al mismo ritmo. Por eso podemos hablar de un crecimiento que consume territorio sin construir ciudad. Porque una ciudad no es solo casas y calles: necesita escuelas, centros de salud, parques, transporte, agua, saneamiento, espacios públicos, cultura, seguridad y lugares para el cuidado.
El urbanicidio también aparece cuando el bien común se convierte progresivamente en mercancía, mediante la privatización y apropiación del espacio público. El suelo urbano adquiere valor inmobiliario y crece la presión especulativa. Cuando esta lógica domina la planificación, los intereses de la rentabilidad se imponen sobre el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho al espacio público, la protección ambiental y las necesidades colectivas. En este punto, resulta muy útil recuperar el concepto de derecho a la ciudad de Henri Lefebvre, así como los planteamientos de Raquel Rolnik y su crítica a la transformación de la vivienda y el suelo en activos financieros.
Otro aspecto central es la destrucción de la relación ciudad-naturaleza. Cochabamba posee una condición territorial extraordinaria: valle, montañas, ríos, quebradas, áreas agrícolas, bosques y el Parque Nacional Tunari. Sin embargo, cuando la expansión urbana rompe estos vínculos ecológicos, la ciudad pierde sus propios sistemas naturales de protección. La reducción de áreas verdes afecta la regulación de la temperatura, la infiltración del agua, la biodiversidad, la calidad del aire, la regulación climática, la recreación y la salud física y mental. Cuando el suelo natural es reemplazado por cemento, asfalto, edificios, estacionamientos y urbanizaciones, el agua tiene cada vez menos lugares donde infiltrarse. Por eso, el urbanicidio está directamente vinculado con la crisis climática y la vulnerabilidad urbana.
Otra expresión del urbanicidio es la transformación de la ciudad en función del automóvil. Cuando la planificación prioriza avenidas, vehículos, estacionamientos y expansión vial por encima de peatones, transporte público, bicicletas y espacios públicos, se produce una ciudad menos humana y más excluyente.
Pero, ¿cómo entender el urbanicidio desde el urbanismo feminista? Las mujeres no utilizan la ciudad de la misma manera que los hombres, ya que realizan una mayor cantidad de desplazamientos vinculados al cuidado: casa-escuela-mercado-centro de salud-trabajo-cuidado de familiares-casa. Cuando la ciudad carece de transporte accesible, iluminación, veredas adecuadas, parques seguros, baños públicos, centros de cuidado, servicios cercanos y espacios públicos de calidad, traslada sus costos a las mujeres. Podríamos hablar entonces de un urbanicidio feminizado: aquel que destruye o descuida las condiciones materiales necesarias para cuidar, trabajar, desplazarse y vivir dignamente. Por eso, esta perspectiva se conecta directamente con la propuesta de «ciudad cuidadora».
En una definición para Cochabamba, el urbanicidio puede entenderse como el proceso progresivo de destrucción, deterioro o privatización de las condiciones ambientales, sociales, territoriales y democráticas que hacen posible una ciudad habitable. Defender Cochabamba contra el urbanicidio significa, entonces, defender la ciudad como bien común y no solo como mercancía.
En ese sentido, la articulación de «ciudad cuidadora + ciudad verde + derecho a la ciudad» puede convertirse en una alternativa política al urbanicidio: una vía para recuperar los bosques urbanos, proteger las áreas verdes, democratizar el espacio público, fortalecer el transporte público, recuperar ríos y quebradas, y colocar la economía del cuidado en el centro de la planificación.
Cochabamba, agosto de 2026
Arq. María Isabel Caero P.