Autor: Venceremos

  • “SALVAR LA DEMOCRACIA PARA SALVAR LA VIDA CON UN GOBIERNO ELEGIDO POR EL VOTO POPULAR”

    NUESTRA PALABRA No 14

    Acorralada por distintos frentes sociales e institucionales, repudiada hasta por los suyos por su deslealtad y ruptura del mandato de transición, la presidenta de facto y candidata Jeanine Añez no tuvo más remedio que promulgar la Ley N° 1304, el pasado 21 de junio. Esta Ley formulada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en función a sus atribuciones constitucionales, da curso a la realización de las elecciones generales el día 6 de septiembre de 2020, tal como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo propuso y lo consensuó con las distintas tiendas electorales. Con esta certeza, nuestro país ahora se prepara para ejercer su derecho a la democracia plena que, en las actuales circunstancias, equivale directamente a defender la vida.

    La democracia es la soberanía del pueblo para decidir su propio destino, así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE), en su Artículo 7, señalando que: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”, de modo que nadie puede arrogarse el derecho a proscribirla como hoy lo hace y pretende extremar el régimen de Añez.

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  • PRONUNCIAMIENTO

    Hace pocos días tres senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que procura castigar a aquellos países que soliciten y reciban ayuda médica por parte de Cuba. Como si esta aberración fuera poco, pretenden que dichas naciones sean catalogadas como facilitadoras de la “trata de personas”.

    Cuando suponemos que hemos visto todo lo relacionado con medidas de bloqueo y castigo contra Cuba a lo largo de varias décadas, nos vemos sorprendidos por nuevas e insólitas medidas que otra vez extienden las sanciones a terceros países, y en medio de una terrible pandemia optan por la muerte de seres humanos.

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  • “LIBERTAD Y SALVOCONDUCTOS PARA LOS 7 RETENIDOS EN LA RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN BOLIVIA”

    NUESTRA PALABRA No 13

    Las organizaciones sociales, urbanas y sectores profesionales de todo el país, estamos cansados e indignados del irrespeto a los derechos humanos de parte del gobierno transitorio, razón por la cual denunciamos a nivel nacional e internacional que en Bolivia después del golpe violento de Jeanine Añez, hace aproximadamente seis meses atrás, un grupo de ex autoridades del gobierno de Evo Morales, tuvieron que pedir asilo político en la residencia de la Embajada de México en Bolivia, obligados por las condiciones de hostigamiento, por parte de grupos para-policiales y para-militares y también por la persecución política y judicial que inmediatamente iniciaron los personeros del gobierno de facto, con amenazas, que hablaban de “ir de cacería” tras ellos, además del cerco mediático, que oculta y desinforma.

    En estas condiciones y sin ningún proceso abierto en su contra, han quedado asilados en la embajada mexicana, a partir del 10 de noviembre (algunos, uno o dos días posteriormente), las siguientes personas: Wilma Alanoca Mamani, Juan Ramón Quintana Taborga, Javier Eduardo Zavaleta López, Víctor Hugo Vásquez, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Nicolás Laguna y José Hugo Moldiz Mercado.

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  • PROVOCACIONES PARA EVITAR LAS ELECCIONES

    Un grupo de ciudadanos de Cochabamba que se organizó para recolectar material médico y vituallas para combatir la pandemia al lado de sus compatriotas del Chapare, ha sido violentamente apresado por los órganos de represión del gobierno de facto. Como en los viejos pero no superados tiempos de las peores dictaduras, los agentes de represión han actuado al margen de la ley, sin contar con orden de apremio ni declarar cual ha sido el delito cometido. Horas después, la Fiscalía cómplice y sometida a los caprichos del ministro, acusa a estos ciudadanos de “atentar contra la salud pública”.

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  • Llamamiento a las autoridades nacionales

    La Plataforma de Derechos Humanos de Santa Cruz, amparada en la Constitución Política del Estado (Art. 21-22), que consagra los derechos civiles y políticos: “a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” y consciente de que “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”; en ese marco de respeto y garantía de los derechos de las personas y los pueblos expresa su solidaridad con las mujeres, las niñas/os, las/os jóvenes, las familias de los barrios, las comunidades y pueblos indígenas, quienes en medio del clima de precariedades y zozobras, ante la ausencia de respuestas a sus necesidades de alimento, salud, educación y trabajo, soportan la escalada de amenazas de las mismas autoridades “garantes” de los derechos constitucionales que asisten a la población boliviana.

    Recordar que la Policía, es la fuerza pública, que tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Así lo establece la Constitución Política del Estado en el artículo 251. En el parágrafo 2, del art. 251, sentencia que la policía como Institución, no participa en acción política partidaria

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  • LAS ELECCIONES AUN ESTÁN EN RIESGO

    La autoproclamada presidenta Jeanine Añez ha promulgado, finalmente, la ley que convoca a elecciones nacionales para el 6 de septiembre de este año. Ha pretendido mostrar esta medida como una concesión suya y no como el derecho que tiene el pueblo de Bolivia a elegir democráticamente a sus gobernantes. Precisamente, los pronunciamientos categóricos de diversos sectores y movimientos sociales, además de los partidos socios de Añez en el golpe de noviembre, han presionado al gobierno de facto para que cumpla su único mandato: la convocatoria a elecciones generales.

    Añez también ha aprovechado la oportunidad para deslindar responsabilidades respecto al impacto de la pandemia que azota al país, insinuando que su agravamiento tendría como responsables a quienes piden elecciones libres. Es una forma de poner una cortina de humo para evitar una fiscalización sobre los cuantiosos recursos obtenidos precisamente para combatir el Corona Virus; recursos tanto de créditos como de donaciones que, hasta la fecha, sólo han servido para enriquecer ilícitamente al círculo gobernante y a la familia presidencial. Utilizar la pandemia como recurso para justificar el uso de fondos para su campana es un burdo intento de negar la plena responsabilidad de este gobierno en la pésima gestión de la crisis sanitaria.

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  • CARTA A LAS ORGANIZACIONES DE IZQUIERDA

    Apreciad@s compañer@s:

    Toda acción orientada hacia la imprescindible unidad de las diversas fuerzas que se identifican con la Revolución Democrática y Cultural, qué sirvió de guía a nuestro proceso de cambio es bienvenida y merece total apoyo. La unidad como tal no ha estado nunca en tela de juicio desde el golpe de Estado de noviembre pasado.

    Nadie duda tampoco de los grandes avances que se lograron en los 14 años de gobierno del compañero Evo Morales. Jamás podrá negarse que fue el mejor de todos en la historia del país, transformándolo en una iniciativa pensada en las grandes mayorías, con inclusión, resarcimiento histórico para los pueblos indígenas y originarios, crecimiento y desarrollo y otros logros,

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  • La economía no es juego

    La economía no es juego