NUESTRA PALABRA No 6
Las organizaciones sociales urbanas y sectores profesionales de todo el país, preocupados por la
desastrosa gestión gubernamental de la presidenta de facto Jeanine Añez, expresamos nuestra
preocupación y rechazo contundente a la administración corrupta e ineficiente que pone en riesgo
la vida de la población.
La corrupción es un delito, pero la corrupción en una catástrofe sanitaria es un acto criminal y que según la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, no prescribe. En los últimos días todo el país y el mundo fue testigo de uno de los hechos de corrupción más indignantes, la compra de 170 respiradores con sobreprecio, pero este, se suma a los numerosos casos de corrupción que ya se investigan en el Ministerio Público, son sólo los conocidos hasta ahora. Estamos ante el descarado saqueo y desfalco de los recursos públicos, no les importa aprovecharse del dolor de la catástrofe para llenarse los bolsillos. Esto aún, sin conocer el manejo y destino de los más de 1.100 millones de dólares de ayuda internacional.
La respuesta de este gobierno no causa sorpresa, “sacrifican a peones para mantener a la reina”, tratan de encubrir estos escándalos a cualquier costa, esto se constata con la sintomática desaparición del Contralor General, la intervención sin resultados del Fiscal General, llegando al absurdo de pretender que creamos que estas denuncias de corrupción forman parte del sabotaje y conspiración a su deficiente gestión. Es un insulto a la inteligencia ciudadana. De igual manera condenamos la actitud de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que ante la escandalosa gestión gubernamental de Añez, pretenden “lavarse las manos”, ellos son los responsables políticos del golpe de Estado que luego devino en un gobierno autoritario y corrupto. Exigimos, por lo tanto, a las autoridades una investigación transparente y objetiva de todos los casos de corrupción.
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